Podemos ha reiterado su rechazo al plan de extender el sistema de peajes a toda la red estatal de carreteras y demanda una concreción del mismo al Ministerio de Transportes sobre criterios de sostenebilidad y «justicia social y territorial» para que no repercutan en la mayoría de la población.
De esta forma, plantean que se centre en un sistema progresivo que sustente el pago del uso de estas infraestructuras sobre todo a grandes empresas con flotas de vehículos de gran tonelaje y, en el plano particular, a vehículos de gran cilindrada o contaminantes, siempre que el desplazamiento no sea por motivos laborales, relacionado con los estudios u otras actividades esenciales.
En esta línea, plantean que se debe aplicar criterios de progresividad en un futuro sistema de pago por uso que debe repercutir sobre todo en grandes empresas de transporte.
«Asumir el marco de que el mantenimiento de las carreteras sea sufragado por todos los usuarios, es asumir un marco de copagos en los servicios públicos (sin tener además en cuenta los niveles de renta y la capacidad de pago de los usuarios). Esto sería políticamente inasumible en los servicios públicos (como la sanidad, o la educación), y mina la progresividad del sistema de captación de recursos por parte del Estado. Y lo mismo sucede cuando hablamos de infraestructuras públicas, como las carreteras», detallan en la formación morada.
El partido cree «firmemente» en la «relevancia» del principio comunitario de «quien contamina paga». Una máxima que es «imprescindible conciliar» con una «implantación proporcionada y justa» que no perjudique a aquellos que necesitan su uso para desplazamientos habituales, especialmente en áreas que cuentan con «graves desequilibrios y problemas de despoblación que obligan a desplazamientos por carretera como único modo de transporte posible».
Por tanto, la apuesta de la formación morada e una transición ecológica «justa e inclusiva» que respete a los colectivos más vulnerables.
De esta forma, los principios de contaminación y uso de la infraestructura deben guiar la aplicación de estas medidas imponiendo peajes de «forma prioritaria» a los camiones de gran tonelaje y, en especial, a las «grandes empresas» que poseen flotas destinadas al transporte de mercancías por carretera y que generan un mayor desgaste de las autovías y autopistas, tanto por el número de kilómetros que realizan, como por la intensidad del desgaste que provocan los camiones pesados sobre la infraestructura.
En el caso de los automóviles de uso privado, la propuesta de Podemos pasa por aplicar los peajes únicamente a aquellos vehículos de alta cilindrada y con mayores emisiones de CO2, cuyos desplazamientos generan mayores externalidades ambientales, siempre que no se encuentren asociados a motivos laborales, de estudios o de otras actividades esenciales.
A su juicio, esta medida podría operar como un elemento «efectivo de fiscalidad verde» para reducir las emisiones de CO2 en un sector donde el sector del transporte por carretera se sitúa como el «principal generador» de emisiones de gases de efecto invernadero.
También estas medidas deben acompañarse del desarrollo de alternativas sostenibles, como el fomento del consumo cercano o potenciar el transporte público en general y el ferrocarril en particular.
Sobre todo en línea con las enmiendas que desde Unidas Podemos introdujeron en la ley de cambio climático y transición energética, que entrará en vigor en las próximas semanas: promover el uso del ferrocarril de viajeros y, especialmente, en el ámbito del transporte de mercancías, con el fin de mejorar la eficiencia energética y la competitividad de la economía nacional.
