Dos policías de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional han afirmado este viernes ante el juez, en el marco de la pieza separada número 26 de Tándem, que accedieron a bases policiales para localizar información a petición de sus superiores, según fuentes jurídicas.
En esta pieza el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, indaga sobre un presunto espionaje llevado a cabo por la red del comisario José Manuel Villarejo a la extinta empresa Segur Ibérica. Esta firma de seguridad fue presidida por el exministro de Defensa Pedro Morenés hasta que entró en el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Estas mismas fuentes apuntan que en la mañana de hoy también han sido citados tanto el expolicía y director de Operaciones de Cenyt, Antonio Bonilla, como el abogado David Macias, de Stuart & Mckenzie –otra de las firmas vinculadas a Villarejo–. Los cuatro habían sido citados en calidad de investigados, si bien Bonilla se ha negado a responder a las preguntas del Ministerio Fiscal.
La declaración de los dos policías citados hoy vendría a corroborar un ‘modus operandi’ que se pudo ver en otras piezas, como la número 9 que versa sobre los ‘encargos’ del BBVA al comisario, y es que el entorno de Villarejo se podría haber valido de bases policiales para sus trabajos.
PARALELISMOS ENTRE PIEZAS
De hecho, en febrero García-Castellón acordó citar en calidad de investigados en el marco de la pieza separada número 9 a cuatro mandos policiales por su supuesta participación en hechos constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y delitos de cohecho.
Subrayaba entonces el magistrado que los informes que entregó Villarejo a BBVA incorporaban «una ingente cantidad de datos personales relativos a las personas objeto de investigación, buena parte de los cuales son accesibles a través de las diferentes ficheros y aplicaciones policiales».
Y añadía que la regulación vigente del acceso a esos ficheros del Ministerio del Interior no contempla como «usos previstos» ni como «comunicaciones de datos previstas» la cesión de tal información a entidades privadas.
Algo que choca frontalmente con lo intervenido en esa pieza a Cenyt, ya que se pudo saber por ejemplo que en el fichero policial Adextra se realizaron búsquedas en noviembre de 2016 que se plasmaron en una carpeta denominada ‘búlgaros’ y que contenía datos de hasta ocho personas de Europa del este. Un informe de Asuntos Internos confirmó también búsquedas en Argos, Atlas, Sidenpol y Objetos.
LA FIGURA DE RIAÑO
Esos policías declararon ya el 11 de marzo pasado y, según fuentes consultadas presentes en su deposición, al menos dos coincidieron en afirmar que no sabían que la información que extraían de programas policiales iba destinada al comisario Villarejo. Sostuvieron que ellos sólo extraían información que les demandaban sus superiores por escrito, que esas órdenes no eran verbales, y apuntaron que pensaban que se trataba de asuntos normales de la Policía.
Tras la declaración de estos, el juez citó como investigado al que fuera jefe de la Sección Operativa en la Comisaría General de Información (CGI) Constancio Riaño por un presunto delito de revelación de secretos. Declaración que, si bien se acordó, aun no se ha producido.
Riaño ya confirmó en 2019 en la Audiencia Nacional que proporcionaba datos privados de terceros al ‘clan’ del comisario Villarejo por orden del entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el también investigado en la causa Enrique García Castaño. En concreto declaró por esas búsquedas en bases policiales al margen del cauce oficial y para el encargo del bufete de abogados Herrero y Asociados –pieza número 2 de la macrocausa denominada ‘Iron’–.
