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Castilla y León eliminará el Impuesto de Sucesiones entre cónyuges y familiares

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este viernes la inminente supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para familiares directos, cónyuges, ascendentes o descendientes, que se extenderá también a miembros de uniones de hecho con convivencia estable de al menos dos años anteriores a la fecha de devengo del impuesto y cuya unión se haya inscrito en el Registro de Uniones de Hecho de la región.

La eliminación de este «impuesto injusto», que beneficiará a entre 5.000 y 15.000 castellanoleoneses cada año, supondrá un ahorro para las personas de 35 millones de euros anuales, 23 millones en el caso concreto de 2021, según ha precisado posteriormente el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

La recta final para la supresión del Impuesto de Sucesiones y de Donaciones en Castilla y León tendrá lugar en el próximo pleno de las Cortes, en concreto en la sesión del miércoles 28 de abril, y, de salir adelante, entrará en vigor «en cuestión de días», ya que sólo necesitaría la preceptiva certificación de los letrados de la Cámara y la publicación de la norma en el Bocyl, tras lo que se pondría en marcha al día siguiente.

En este sentido, ha apelado a la «coherencia» de las fuerzas políticas y de las personas que apoyaron en su día la tramitación de un proyecto de ley que ya ha superado el debate de totalidad y del dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda con una «amplísima mayoría».

Según ha reivindicado el presidente de la Junta, la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones representa el cumplimiento de un «compromiso político y personal» que está contemplado además en el Pacto de Gobernabilidad entre PP y Ciudadanos y que quedó aparcado como consecuencia de la pandemia y paralizado después tras el Pacto por la Recuperación de la Comunidad suscrito con el PSOE, entre otras fuerzas.

Fernández Mañueco se ha mostrado convencido además de que esta supresión impositiva llega en un «momento adecuado y oportuno» ante el previsible fin del estado de alarma en España, el próximo 9 de mayo, y el avance de la campaña de vacunación frente al coronavirus, tras lo que llegará el turno de aplicar una fiscalidad «modera e inteligente» a modo de «círculo virtuoso» que favorecerá el ahorro y la inversión.

En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que ha acompañado al presidente de la Junta en la presentación de la medida, ha explicado que la supresión de Sucesiones y Donaciones generará «con el tiempo» nuevos hechos imponibles por esa reactivación del consumo y de la actividad económica, por lo que se ha mostrado convencido de que las arcas autonómicas no sólo no perderán los 35 millones de euros de recaudación anual sino que ingresarán más por la contribución de los otros impuestos.

Según han detallado, las nuevas bonificaciones supondrán la práctica eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los familiares directos, de manera que en las transmisiones lucrativas mortis causa, el patrimonio acumulado transmitido a familiares directos no sea objeto de una nueva imposición.

En el caso concreto de las transmisiones lucrativas intervivos, el objetivo es favorecer la transmisión anticipada en el tiempo de bienes y derechos entre familiares directos para que la ayuda económica llegue en vida a las familias «como un acto de generosidad, o en casos de necesidad o de financiación, sin tener que esperar al momento del fallecimiento».

En ambos casos, se facilita el relevo intergeneracional de empresas y negocios, así como el emprendimiento, sin que el pago del impuesto sea una traba para ello.

La medida contempla dos nuevas bonificaciones, una del 99% en la cuota de las adquisiciones lucrativas ‘mortis causa’ y de cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de los bienes y derechos que forman parte de la herencia, cuando los adquirentes del causante sean el cónyuge, los descendientes o adoptados o los ascendientes o adoptantes.

Asimismo, se establece una bonificación del 99% en la cuota de las adquisiciones lucrativas intervivos cuando el donatario sea cónyuge, descendiente o adoptado o ascendiente o adoptante del donante y para su aplicación se exigirá que la donación se formalice en documento público. En el caso de donaciones en metálico o depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, a la vista o a plazo, que el origen de los fondos esté debidamente justificado y se haga constar en dicho documento público.

Fernández Mañueco y Fernández Carriedo han hecho especial hincapié en que la eliminación de este impuesto contribuirá al crecimiento económico al eliminar la «traba» que el pago del impuesto pudiera suponer a la transmisión de los bienes entre familiares directos. A esto han añadido que se ayuda al relevo intergeneracional de empresas y negocios y al emprendimiento «sin que el pago del impuesto sea un obstáculo para ello».

Finalmente, han reivindicado que con esta medida se estimulará la demanda interna al generar una mayor disponibilidad de rentas y se incentivará la actividad económica y la inversión, «incrementando el consumo por el aumento de la renta disponible».