PP señala que la Xunta realiza evaluaciones presenciales de discapacidad

El PPdeG ha defendido que la Xunta «nunca abandonó» la realización de valoraciones del grado de discapacidad presenciales al oponerse a una iniciativa del PSdeG para suprimir las telemáticas y que ha contado con el voto favorable del BNG.

En la iniciativa, defendida este miércoles en el pleno de la Cámara gallega, el PSdeG buscaba instar a la Xunta a presentar el número de reconocimientos revisados que bajaron el porcentaje de discapacidad en 2020 y 2019, así como que los Equipos de valoración y orientación (EVO) dependientes de la Consellería de Política Social retomasen las valoraciones presenciales. El BNG presentó una enmienda para pedir más datos sobre las evaluaciones realizadas y un refuerzo de los equipos que fue aceptada por los socialistas.

De este modo, la diputada del PSdeG Marina Ortega ha señalado que, según datos aportados por la Xunta en la comisión quinta, más del 30% de las evaluaciones del grado de discapacidad se realizaron de modo telemático y se ha preguntado «cómo se puede evaluar una sordoceguera por teléfono». Por ello, ha recalcado la necesidad de que este proceso se lleve a cabo «de modo óptimo», «presencial» y con garantías.

Por su parte, la diputada ‘popular’ Noelia Pérez López ha recordado que, según datos aportados por la Xunta en comisión parlamentaria, el número de personas que vieron rebajado su porcentaje de discapacidad pasó de representar el 17% en 2019 a ser del 15,6% en 2020, cuando parte de los expedientes se resolvieron de modo telemático.

Por ello, ha descartado que las evaluaciones realizadas en remoto afecten a la resolución de los expedientes y ha recalcado que pueden llevarse a cabo de modo presencial si los profesionales lo consideran preciso. Además, ha defendido que la vía telemática se ha implantado para proteger la «salud» de las personas con dependencia evaluadas.

Mientras, la diputada del BNG Olalla Rodil ha criticado que parte de estas evaluaciones se realicen de modo telemático, ya que, a su juicio resulta «muy difícil cuando no imposible» analizar la capacidad de una persona para desarrollar de modo autónomo su vida diaria «a través de una llamada telefónica». Así, ha reprobado que se permita «ir al cine» o a las cafeterías pero no se lleven a cabo estas sesiones de modo presencial en su totalidad.

También ha valorado el refuerzo de los equipos de valoración realizado en los últimos años, pero ha incidido en que debe potenciarse en mayor medida para garantizar el acceso a una evaluación del grado de dependencia en un periodo de tres meses, tal y como marca la normativa.