El candidato de Unidas Podemos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha defendido la necesidad de regular el alquiler para bajar los precios en la región, pues es un factor que favorece a la economía por aumentar el consumo en sectores como el pequeño comercio y la hostelería; al tiempo que ha reivindicado las políticas emprendidas por su espacio político en Barcelona o la Comunidad Valenciana.
Así lo ha indicado durante un acto sobre políticas que vivienda en el que han participado también la nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el vicepresidente segundo del Gobierno de la Generalitat Valenciana, Rubén García Dalmau; el portavoz de la formación morada y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral; y las integrantes de la candidatura de Unidas Podemos a los comicios del 4 de mayo: Alejandra Jacinto y Carolina Alonso.
Concretamente y junto a esa regulación que exigen plasmar en la nueva Ley de Vivienda, se ha citado la obligación de dedicar el 30% de los pisos de nuevas promociones a alquiler asequible, el despliegue de unidades antidesahucios o sanciones a bancos y grandes propietarios que cuenten con gran volumen de vivienda vacía.
En su intervención, Iglesias ha subrayado que los alquileres en Madrid han subido un 57% entre 2015 y 2020 y que en 2019 las familias dedicaban el 55% de su salario a pagar la renta, que en el caso de los jóvenes se eleva incluso a más de todo su sueldo.
EL ALQUILER MÁS CARO EN MADRID ESTÁ EN MUNICIPIOS DEL SUR
Por otro lado, ha citado que siete de los 20 municipios con los alquileres más caros se ubican en Madrid y, frente a lo que se podría pensar, no son localidades como Pozuelo sino que figuran Móstoles, Alcorcón o Getafe, tres de las principales localidades del sur de la región.
Por tanto, ha enfatizado en la necesidad de cumplir el acuerdo de gobierno para regular el alquiler dentro de la nueva Ley de Vivienda, unas negociaciones que sigue «muy encima» la ministra Belarra.
Y es que para el también exvicepresidente del Gobierno a la derecha le «incomoda enormemente» el artículo 47 de la Constitución que pauta el acceso a la vivienda como un derecho, que los grandes propietarios de inmuebles «incumplen».
Pero otra razón para aplicar medidas reguladoras sobre la vivienda es que estos mecanismos funcionan y ha puesto el caso concreto de Barcelona, para aseverar que se ha bajado el precio del alquiler y se ha logrado que aflore más vivienda. También ha apelado a un motivo económico, pues el tener rentas más bajas favorece el consumo y repercute en el pequeño comercio y la hostelería.
Por ello, ha cargado contra esa «minoría» que quiere mantener una estructura de «privilegios absurda», que es ineficiente en términos económicos, en Madrid.
BELARRA: LA BATALLA FUNDAMENTAL ES LA VIVIENDA
Mientras, Belarra ha destacado que la vivienda es la «batalla fundamental» entre los de abajo y los de arriba», algo que se vislumbra en Madrid, y ha cargado contra la «medida estrella» de aplicar incentivos fiscales que defiende tanto la patronal inmobiliaria como el PP, que lo apoyaría en la nueva Ley de Vivienda.
Precisamente un sistema de incentivos ha sido propuesto por el PSOE en las negociaciones sobre dicha normativa, algo que rechaza el ala morada de la coalición de Gobierno al ser un incumplimiento del pacto suscrito entre ambas formaciones, que recoge regular el sistema de alquiler para poner techo a los precios en zonas de mercado tensionadas.
De hecho, la ministra de Derechos Sociales ha criticado que, con los incentivos fiscales, «ganan los de siempre» y es una medida «ineficaz» pensada para las «élites» y los «especuladores», que consideran la vivienda como «un bien de mercado y no un derecho constitucional».
Por tanto, Belarra ha insistido en que ese modelo «va contra el espíritu» del acuerdo de gobierno cuando lo que se requiere es «de una vez por todas» acabar con la vivienda como «el gran negocio de unos pocos». En consecuencia, ha animado a votar a Iglesias para defender este derecho desde la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo madrileño.
COLAU DEFIENDE SU MODELO
A su vez, la alcaldesa de Barcelona ha reivindicado que la ciudad es un «referente» en esta parcela al lograr «triplicar» la inversión que destina el Estado a vivienda y duplicar la de la Generalitat de Cataluña. «Es el mundo al revés», ha desgranado Colau para señalar que, con menos competencias que las otras administraciones, están construyendo para este año 2.000 pisos en alquiler social mientras el Ejecutivo autonómico promueve solo 36.
Para llegar a niveles de parque público de vivienda de otros países europeos se requiere sobre todo regular el sector y garantizar que los pisos de titularidad pública «no se privaticen», algo que no solo ha hecho el PP sino que también «desgraciadamente» el PSOE
La regidora de la ciudad condal ha puesto como ejemplo el obligar a las nuevas promociones a destinar el 30% de las viviendas a alquiler asequible y el uso del derecho de tanteo, que permite igualar la oferta que hacen grandes tenedores para lograr esos pisos que aumenten en parque público.
A ello se suma la creación de una unidad antidesahucios que ha logrado parar «miles» de lanzamientos, un «trabajo titánico» del que se siente «orgullosa», y una «unidad de disciplina» frente a un «mercado asalvajado» que ha permitido cerrar apartamentos turísticos irregulares, junto a apertura de expedientes sancionadores a bancos y grandes propietarios por tener sus pisos «vacíos». Finalmente, ha pedido cambiar la fiscalidad porque es una «vergüenza» que las socimi de «grandes especuladores» no paguen apenas impuestos.
VALENCIA MOVILIZARÁ 20.000 VIVIENDAS DE GRANDES PROPIETARIOS
Por su parte, García Dalmau ha aseverado que revertir las políticas «especulativas» en materia de vivienda en Madrid es posible, pues en Valencia con el PP era sinónimo de «corrupción» y ahora equivale a hablar de «dignidad».
Al respecto, el vicepresidente de la Comunidad Valenciana ha explicado que el parque público de vivienda con los populares era «indigno», pues pasó de 45.000 viviendas a 14.000 cuando llegaron al Ejecutivo regional, además de tener una deuda superior a los 200 millones con familias perceptoras de ayudas autonómicas.
Frente a ello, el presupuesto de vivienda ha subido un 420% en Valencia y han utilizado la compra de casas con el mecanismo de tanteo, adquiriendo lotes y que ha llevado incluso a conseguir, al precio al que optaban grandes propietarios, a pisos por un euro, 29 o 1.000 euros, algo que es «indigno» porque las familias afectadas hubieran podido pagar esas cifras.
Por otro lado y tras aludir también a la unidad antidesahucios, García Dalmau ha avanzado que tiene preparado un decreto que entrará en breve en vigor para movilizar 20.000 viviendas de bancos y fondos buitre, que en caso de negarse se enfrentarán a sanciones que impondrá la Comunidad Valenciana.
A modo de conclusión, la activista Alejandra Jacinto ha relatado que se sumó a la candidatura de Unidas Podemos al pensar en los afectados por desahucios y ha comprometido que la vivienda será la «hoja de ruta» que guíe al nuevo Ejecutivo madrileño tras los comicios del 4M.
