UGT ha puesto de manifiesto a través de un comunicado que celebra que el Gobierno madrileño «se preocupe por la educación» y decida poner en marcha una ley educativa «tras casi veintiún años desde que la Comunidad asumió las transferencias en materia de educación».
Según UGT, se trata de un «gesto del interés del Ejecutivo por mejorar la educación madrileña», que «no se tuvo tras la LOCE (2002), la LOE (2006) y la LOMCE (2013), pero que se ha considerado necesaria tras la publicación de la LOMLOE, la cual, recordamos, es una modificación de la LOE».
La organización sindical ha señalado la necesidad de establecer medidas que mejoren la «crítica» situación del sistema educativo madrileño, «que parte de unos indicadores muy preocupantes», con «un importante déficit de inversión educativa», ya que no llega al 2 por ciento del PIB frente a una media nacional de en torno al 4,3 por ciento.
«Tenemos el mayor PIB del Estado y proporcionalmente la menor inversión en educación», ha apuntado UGT, al tiempo que ha señalado la «importante escasez de recursos en materia de personal docente y no docente, fundamentalmente de profesionales dedicados a la atención a la diversidad». Por otro lado, ha denunciado la «menor inversión en formación del profesorado», que ha pasado de 398 euros por docente a 22 euros.
Por otro lado, ha rechazado la «significativa masificación en las aulas», y ha citado un informe de la organización publicado el 28 de julio según el cual más del 25 por ciento de las aulas superaban las ratios establecidas.
También ha advertido de la «alta precariedad en el personal de los centros educativos, en peores condiciones laborales y retributivas que los profesionales de otras comunidades autónomas y que la media de la Comunidad Económica Europea, con una alta tasa de temporalidad muy por encima del 8 por ciento establecido por Acuerdo a nivel estatal».
Igualmente, ha constatado que Madrid cuenta con la mayor proporción de enseñanza privada respecto a la pública, «y por tanto, la mayor desigualdad y el mayor gasto familiar en educación», estando «a la cabeza en cuanto a segregación escolar y desigualdad social».
Además, ha subrayado que Madrid se encuentra «entre la décima y la decimotercera comunidad autónoma en promoción y titulación, según la etapa».
En materia de infraestructuras, ha asegurado que estas son «deficientes por falta de inversión y mantenimiento durante décadas».
También ha destacado el «importante déficit en inversión para la transformación digital de la comunidad educativa, que ha evidenciado aún más la pandemia y el consiguiente cierre de centros educativos».
Tras acusar a la Consejería de Educación y Juventud de «falta de planificación educativa para afrontar los nuevos retos en la enseñanza madrileña», le ha reprochado «una gran delegación de competencias de las responsabilidades de la Consejería de Educación en las direcciones de los centros sin aportar los recursos necesarios».
«Sin lugar a dudas, el Gobierno regional aprovechará esta oportunidad para mejorar esta situación y, no solo, para promocionar la lengua castellana, en una comunidad de lengua castellana o para blindar la red concertada, que parece ser es la única que existe en nuestra región, al menos, la única a la que ha hecho referencia al hablar de la Ley Maestra», ha apostillado UGT.
La organización sindical ha manifestado su voluntad «propositiva y de consenso», y ha hecho llegar al Gobierno regional y a la Consejería de Educación y Juventud una serie de propuestas de mejora, divididas en ocho bloques.
El primer bloque de «políticas educativas e inversión» plantea incrementar la inversión en educación de forma progresiva hasta el 7 por ciento del PIB, mientras que los siguientes combaten la «precariedad del personal de los centros educativos» así como la «desigualdad y segregación».
UGT propone también medidas relacionadas con los procesos de escolarización; espacios e infraestructuras; transformación digital; formación y participación.
