El Sector Público en España, formado por los gobiernos estatal, autonómicos y locales, realizaron un total de 119.553 contratos en 2018, el primer año de aplicación de la nueva ley de contratos aprobada en 2017.
Así lo refleja el primer informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), organismo creado por la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Este documento debe ser remitido a la Comisión Europea para cumplir con la normativa establecida.
Este documento hace un balance del primer año de vigencia de la nueva ley mediante un mapa de la contratación pública en 2018. Destaca que el 76,31% de la contratación del Sector Público corresponde al procedimiento abierto o abierto simplificado.
Entre las conclusiones del informe, la Oirescon pide crear una base de datos única de contratación pública, que reduzca cargas burocráticas a los órganos de contratación y a los licitadores y minimice el riesgo de información múltiple a los órganos de control. Asimismo, detecta aspectos susceptibles de mejora en la publicidad de la contratación pública.
Por otra parte, el informe pone de relevancia que la obligatoriedad que marca la nueva ley en relación a la tramitación electrónica de los contratos ha permitido un incremento de esta modalidad de contratación.
En concreto, en 2018 se ha producido un crecimiento significativo de la contratación electrónica en los perfiles alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (Placsp), que aumenta de un 1,35% al 6,92%.
En materia de prevención y lucha contra la corrupción, el informe concluye que se requiere una coordinación a nivel nacional que garantice coherencia y uniformidad en las actuaciones en materia de contratación.
Además, incide en la necesidad de aprobar una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción con un apartado específico relativo a la contratación pública.
Por último, en materia de lucha contra la corrupción, recomienda mantener y potenciar mecanismos de coordinación entre las agencias y oficinas antifraude existentes y la propia Oirescon, así como potenciar su labor en su función de prevención y lucha contra la corrupción.
(SERVIMEDIA)
