La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, en una rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros | Foto: Pool Moncloa/JM Cuadrado
La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, alertó este viernes de que España no sería una democracia plena si no creyera en la separación de poderes y menos aún si confundiera la justicia con el interés particular, desvinculando así los procesos judiciales de la negociación política para la investidura de Pedro Sánchez.
Precisó, en todo caso, que la Abogacía hará sus alegaciones en función de criterios «técnicos» y «jurídicos» sobre la base de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea «ha cambiado la doctrina».
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Celaá hizo una reflexión sobre la necesidad de proseguir el trabajo político, en el que considera que se debe involucrar el Gobierno pero también la oposición, para hacer posible la formación cuando antes de un nuevo Ejecutivo que responda al mandato de las urnas el pasado 10 de noviembre.
En el ámbito judicial, añadió, hay que dejar a los tribunales actuar conforme al principio de legalidad. «No seríamos una democracia plena si no creyésemso en la separación de poderes y más todavía si confundiéramos la justicia con el interés particular», alertó.
Recordó que fue el propio Tribunal Supremo el que elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el «intérprete supremo» del Derecho comunitario, y «no es una instancia extranjera» ni es un «ejecutor de un código penal impuesto a los españoles». «No hay dos justicias, hay solo una, porque España es miembro pleno de las instituciones europeas y los jueces europeos son tan nuestros como los nacionales».
Celaá subrayó que España ha asumido los dictámenes de ese Tribunal desde su integración en la Unión Europea y que ese Derecho «forma parte de nuestro ordenamiento», por lo que tratar de «devaluarlo» es quebrar la principal fuerza de la UE, que es la unión. Sus decisiones, aseveró, no pueden ser interpretadas como un «varapalo» a la Justicia española sino como la «confirmación de su naturaleza garantista».
Dejó claro que la resolución de la Abogacía se conocerá cuando sea emitida y que tiene de plazo hasta el día 2 de enero, aunque reconoció que el Gobierno desea conocerla «cuanto antes». En todo caso, recordó que son solo alegaciones y que la decisión última corresponde al Tribunal Supremo.
En respuesta a varias preguntas, explicó que la sentencia europea es «novedosa» porque «cambia la doctrina» imperante hasta ahora, según la cual eran los Estados los que establecían la fórmula que consideraban conveniente para determinar el momento desde el cual existe inmunidad de los electos. Ese cambio, argumentó, requiere un «estudio profundo», que es lo que está haciendo la Abogacía, atendiendo a «criterios técnicos y jurídicos».
Celaá subrayó que la Abogacía ha acreditado su «trayectoria de solvencia» y no quiso valorar los motivos por los que la Fiscalía tardó apenas unas horas en pronunciarse y la Abogacía está dilatando más sus alegaciones. «Los tiempos de la Abogacía los toma la Abogacía», afirmó.
Sobre la posibilidad de que fuera necesario tramitar un suplicatorio, Celaá aseguró que los socialistas no tienen un criterio formado al respecto, y a la pregunta de si puede hacerse una vez que el interesado está ya condenado o sería necesario anular la condena, respondió que «hay juristas que dicen que sí, y hay juristas que piensan otra cosa».
(SERVIMEDIA)
