La Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado que Repsol es responsable de una sanción de 22.590.000 euros impuesta el 2 de julio de 2016 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la compañía por conductas colusorias consistentes en acuerdos de coordinación e intercambios de información estratégica en materia de precios en el sector de los combustibles en España cometidas por una filial.
El tribunal estima así un recurso de la Abogacía del Estado y revoca la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la multa por considerar que no podía considerarse autora de la infracción a Repsol como empresa matriz cuando los hechos sancionados fueron cometidos materialmente por Repsol Comercial de Productos Petrolíferos.
La Audiencia Nacional consideró vulnerado el principio de personalidad de la pena cuando la CNMC, en la resolución sancionadora, declaró a Repsol S.A., como sociedad matriz, autora y responsable de los acuerdos colusorios realizados materialmente por la filial, lo que supuso que la CNMC aplicara una responsabilidad objetiva.
Sin embargo, el Supremo establece que “es conforme con los principios de personalidad y culpabilidad, comprendidos en los artículos 24 y 25 de la Constitución, sancionar a una sociedad matriz en concepto de autora de comportamientos colusorios constitutivos de infracciones de competencia materializados por una sociedad filial respecto de la que tienen un control del 100% o próximo a ese porcentaje (99,78%) cuando aquella sociedad ha suplantado y sustituye la voluntad de ésta, desplegando dicha actuación como una unidad de negocio, ello al amparo del artículo 61.1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia”.
En aplicación de esa doctrina, la Sala estima el recurso de la Abogacía del Estado y repone la multa a Repsol como sociedad matriz.
Este mismo asunto tiene otra causa abierta en la audiencia Nacional puesto que Repsol recurrió también la multa de la CNMC por discrepancias con los motivos de la misma y este proceso todavía sigue abierto.
Fuentes de la petrolera consultadas por Servimedia anunciaron que la compañía va interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que considera que el criterio adoptado por el Supremo vulnera derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna.
