ERC exige la dimisión de Cosidó por el whatsapp sobre el CGPJ

ERC exigió este lunes la dimisión del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, «por pura dignidad democrática», por su whatsapp sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La formación ha dirigido varias preguntas escritas al Gobierno sobre esa conversación en la que Cosidó defendía el acuerdo para la renovación del CGPJ con el argumento, entre otros, de que así se podría controlar «desde atrás» la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

«Consideramos que se está perjudicando seriamente a la democracia y a la confianza que los ciudadanos deberían poder tener en los políticos, además de verse también gravemente comprometida la labor de muchos jueces que sí trabajan desde la imparcialidad», argumenta ERC, para quien es «del todo inaceptable que el pacto entre PP y PSOE pretenda hacer volar por los aires la independencia del órgano del poder judicial».

ERC pregunta al Gobierno si cree que la elección de unos jueces u otros influye en el sentido de las sentencias que emiten, y en caso afirmativo si piensa impulsar la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que intentar que la elección de jueces no esté politizada. En caso negativo, pregunta si considera que en la negociación entre los dos grandes partidos «no existe un reparto partidista en que se tiene en cuenta la ideología de los mismos».

También pregunta si considera que los jueces y magistrados pactados por los dos grandes partidos son «independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley», como establece el artículo 117 de la Constitución, y en caso afirmativo si cree que la población española comparte esa opinión, y en caso negativo que piensa hacer al respecto.

ERC subraya que, según el artículo 124.1 de la Constitución, «el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social».

Pregunta, en consecuencia, si cree que debe informar al Ministerio Fiscal «de la pretensión de influir en sentencias ‘vitales para el PP’ con ‘este reparto 50% para los próximos años’, en tanto que se puede ver comprometida la independencia de los tribunales y la satisfacción del interés social».