A través de los responsables de su equipo jurídico, la coalición denunció un nuevo retraso de ese juicio, «el penúltimo y escandaloso capítulo forzado por la labor de zapa de algunas defensas de los procesados del partido de Pablo Casado», que desde el inicio «han tratado de entorpecer este procedimiento, evidenciando una absoluta falta de colaboración con la justicia en cualquier aspecto del proceso, todo ello con un ánimo evidente de retrasar la vista oral».

Según explica Izquierda Unida, el titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid ha accedido a un nuevo retraso a instancia de varios abogados defensores, que han alegado la coincidencia con otros juicios en los que también intervienen como abogados, como el del ‘caso Bankia’.

La coalición denuncia que con este tipo de actuaciones «se vulnera el derecho que tienen todas las partes a tener un juicio sin dilaciones indebidas», y que «casualmente todo esto ocurre en un juicio en el que por primera vez en la historia de nuestro país se iba a sentar a un partido -el PP que ahora lidera Casado- como persona jurídica en el banquillo de los acusados, lo que para algunos parece casar mal con las campañas electorales».

Recuerda que la causa lleva abierta casi seis años a pesar de que la fase de instrucción apenas llevó un año y el resto del tiempo «se ha consumido en dilaciones procesales impulsadas con descaro por las defensas del PP y la entonces Fiscalía también controlada por el Gobierno de PP.

«Resulta sintomático comprobar que en bastantes sesiones del juicio de Bankia, utilizado como coartada para lograr el aplazamiento, alguno de estos abogados/as están siendo sustituidos por otros/as sin mayor problema. Lo mismo podría haberse hecho durante los escasos días que iba a durar el juicio de los ‘ordenadores de Bárcenas’. Pero lo que prima aquí es retrasarlo todo más allá de la obligada colaboración con la justicia y de las próximas citas electorales, las de abril y las de mayo», denuncia Izquierda Unida.

El informe, hecho público este martes y recogido por Servimedia, indica que la temperatura combinada de la superficie terrestre y oceánica en enero de este año fue 0,88ºC superior a la media del siglo XX, con lo que se convirtió en el tercer enero más caluroso de los últimos 140 años, empatado con el de 2007 y sólo por detrás de los de 2016 (+10,6ºC) y 2017 (+0,91ºC).

Los 10 eneros más cálidos en la superficie del planeta han llegado desde 2002 y los cinco últimos años (2015 a 2019) están entre los seis más calurosos desde 1880.

Enero de 1976 fue la última vez en que las temperaturas globales terrestres y oceánicas de ese mes estuvieron por debajo de la media, concretamente -0,02ºC. Por tanto, el de este año es el 43º enero consecutivo con valores térmicos superiores a los normales en la Tierra.

El primer mes de 2019 se caracterizó por condiciones más cálidas de lo normal en gran parte de la superficie del mundo, sobre todo en gran parte de Australia y zonas del noreste y el sudoeste de Asia, donde las temperaturas fueron del orden de cuatro grados superiores a las habituales.

Hubo récords térmicos en gran parte de Australia y el océano Antártico circundante, el sur de Brasil, el océano frente a la costa sur de Sudáfrica y partes de África, Asia y el Pacífico sudoriental.

Por el contrario, en enero hizo más frío de lo normal en el norte de América del Norte, Europa y Asia central, donde las temperaturas estuvieron alrededor de un grado por debajo del promedio, aunque en ninguna zona hubo récord de temperaturas frías.

En cuanto a las regiones del planeta, el pasado enero resultó ser el más caluroso jamás registrado en Oceanía desde 1910 y el quinto en América del Sur, en tanto que fue el más frío desde 2011 en América del Norte.

La temperatura de la superficie terrestre superó en 1,51ºC la media de enero, con lo que el de este año fue el cuarto enero más cálido desde 1880, y la de la superficie oceánica rebasó en 0,86ºC el promedio, de manera que fue el segundo valor más alto de la serie histórica.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española en el Pleno del Senado en respuesta a una pregunta del senador del PP Juan Soler sobre si el Gobierno hace suyas las conclusiones del relator especial de la ONU sobre cuestiones de las minorías.

El ministro precisó que hasta el mes de marzo cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebre una sesión no se conocerán las conclusiones definitivas del relator. No obstante, indicó que el Gobierno le trasladó que en España no hay presos políticos ni nadie enjuiciado por sus opiniones políticas.

A ello añadió que en el relator de la ONU avala en sus conclusiones preliminares la independencia de la justicia española, “algo digno de ser puesto de relieve”. También indicó que el Ejecutivo hará suyas las recomendaciones “que hagan mejor la democracia española” y rechazará aquellas que considere que no son pertinentes.

Por último, criticó que el PP censure la presencia en España de dicho relator, a pesar de que la invitación a su visita fue acepta por el gobierno de Mariano Rajoy en 2017 y especificó que dicha visita se produjo siguiendo los estándares de la ONU, mientras que Exteriores se limitó a ayudarle a programar su agenda oficial. “Lo que haga con su agenda privada, el Gobierno no es responsable”, remachó.

Fernand de Varennes visitó España el pasado mes de enero. Las visitas de los relatores de la ONU son habituales, como lo demuestra el hecho de que España tiene una “invitación permanente” a todos los “procedimientos especiales” del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Durante el debate de esta iniciativa este martes en la Cámara Baja, sólo Ciudadanos y Foro Asturias anunciaron su apoyo al PP para volver a castigar con entre 3 y 5 años de cárcel a los funcionarios públicos que convoquen un referéndum ilegal.

En sus intervenciones, PP y Ciudadanos defendieron que es necesario volver a castigar las consultas ilegales para “mejorar” los instrumentos de la democracia contra quienes la atacan, mientras que el PSOE sostuvo que ya hay “mecanismos suficientes”. A su vez, los independentistas catalanes afirmaron que con esta propuesta los populares confirman que en estos momentos no es delito convocar una consulta ilegal, por lo que serían inocentes los dirigentes independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo.

En este sentido, la portavoz de los populares en el Congreso, Dolors Montserrat, afirmó que es necesario volver a castigar con cárcel los referendos ilegales porque el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los otros dirigentes independentistas “amenazan” con repetir el desacato a la legalidad del 1-O de 2017.

“PURO TEATRO”

Montserrat añadió que la propuesta legislativa de su partido busca acabar con “las amenazas y el chantaje” del secesionismo catalán, así como prevenir lo que pueda hacer el PSOE en un futuro, puesto que para la portavoz popular es “puro teatro” la ruptura de los socialistas con los independentistas.

A su vez, Ignacio Prendes, en nombre de Ciudadanos, indicó que es cierto que el Supremo está juzgando a independentistas catalanes por el referéndum ilegal del 1-O, pero afirmó que “necesitamos mejorar los instrumentos” que tiene la democracia para defenderse de los “golpistas”. Este diputado también negó que volver a tipificar como cárcel las consultas al margen de la ley suponga ninguna “deslegitimación” al Supremo por el juicio al ‘procés’.

Por su parte, Juan Carlos Campo, del PSOE, defendió que el Código Penal ya tiene “importantes herramientas” para hacer frente a consultas ilegales, como son los delitos de desobediencia, prevaricación y desórdenes públicos, al tiempo que acusó al PP de sólo afrontar el problema en Cataluña con la “represión”.

“SON INOCENTES”

A su vez, Jaume Moya, de Podemos, ironizó con que la proposición de ley del PP es una “buena noticia”, porque supone asumir que los encausados del ‘procés’ son “inocentes”, ya que los populares sostienen que en la actualidad no es delito convocar un referéndum ilegal.

En esta línea, Feliu Guillaumes, del PDECat, se refirió a que la iniciativa de los populares supone asumir que las acusaciones del juicio del ‘procés’ están “absolutamente en falso”. Asimismo, Carolina Telechea, de ERC, indicó que el PP viene a dar la razón a los que piensan que el 1-O no fue ilegal y que el juicio del Supremo es una “farsa”.

Por último, Mikel Legarda, del PNV, afirmó que el PP actúa como “vicario” de Vox al pretender tipificar como delito los referendos ilegales, al tiempo que añadió que la iniciativa legal del partido de Pablo Casado “fomenta el enfrentamiento territorial, agrava el drama, tensa las costuras y añade más sufrimiento al sufrimiento”.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española en el Pleno del Senado en respuesta a una pregunta del senador del PP Dionisio García sobre el cumplimiento de una moción aprobada en la Cámara Alta sobre la crisis que vive Venezuela.

El ministro explicó que el Gobierno está haciendo “todo lo posible” para alcanzar un compromiso “con Venezuela, con los venezolanos, con los españoles que residen allí y con los países de la región” que soportan las causas de la crisis en el país caribeño.

Refutó que el Gobierno esté participando en una mediación en Venezuela y explicó que únicamente forma parte de un grupo de contacto junto con los 28 países de la UE, “algunos gobernados por partidos de la familia política” del PP, con el objetivo concreto de facilitar la celebración de elecciones en un plazo de 90 días.

Aclaró que los países que quieren mediar en Venezuela son México y Uruguay, lo que le sirvió para trasladar a los senadores del PP que “critíquennos por lo que hacemos, no por lo que nos atribuyen que hacemos”.

Recordó que el gobierno del PP llamó a la “negociación” en Venezuela mediante un comunicado del 21 de mayo de 2018. “¿Entonces eso no era colaborar con el tirano? ¿Eso era una muestra de sentido común? Señoría, por favor”, remachó.

Por su parte, Carnero acusó al Gobierno de “dar oxígeno y tiempo al dictador Maduro (por Nicolás, presidente de Venezuela)” con el grupo de contacto y le reprochó que sea “cómplice moral” de los desmanes de éste.

El selectivo concluyó la sesión en 9.136,40 puntos, tras imponerse en esta ocasión la recogida de ganancias acumuladas durante varios días en gran parte de los títulos que lo integran. Los mayores retrocesos en la cotización los anotó Cie Automotive (-3,02%), seguido por ArcelorMittal (-1,29%), Cellnex (-1,12%), Meliá Hoteles (-1,09), el Santander (-0,87%) y BBVA (-0,73%).

En el lado de los avances destacaron los de Bankia (+1,05%), Mapfre (+0,74%), Banco Sabadell (+0,68%), Inditex (+0,51%), Telefónica (+0,50%) y Técnicas Reunidas (+0,40%). Entre los valores de mayor capitalización del selectivo se situaron también con avances las acciones de Naturgy (+0,38%), y en el lado de los retrocesos los títulos de Caixabank (-0,13%), Iberdrola (-0,19%), Endesa (-0,23%) o Repsol (-0,56%).

Por su parte, la prima de riesgo oscilaba en el entorno de los 110,90 puntos, una de sus cotas más bajas de los últimos días.

“Los extremos se tocan”, dijo Sánchez, y «ustedes vivían mucho mejor con un gobierno del Partido Popular” y no apuestan por resolver la situación». De esta manera respondió el presidente al senador de ERC Joaquim Ayats en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado, en la que le recriminó que tumbaran los Presupuestos.

Sánchez le reprochó que “han pedido cosas imposibles a este Gobierno”, algunas “fuera de la Constitución” e incluso “cosas” que la sociedad catalana no ha reclamado. Por ello, consideró que los independistas “no se han tomado en serio los espacios de diálogo de este gobierno. “Ni se han tomado en serio los espacios de diálogo” ni el propio “diálogo en serio”, le espetó Sánchez al senador de ERC.

Por su parte, Ayats le dijo que “no hemos visto nunca su propuesta” para Cataluña, esto es un “conflicto» y no tienen las “agallas” de resolver porque tiene miedo a la ultraderecha, a la vieja (en alusión al PP) y a la nueva”. Y le reprochó el “seguidismo” que hacen de la derecha. “Vuelva a esa mesa de diálogo”, con «voluntad sincera» porque ellos siguen «dispuestos a negociar», abogó el senador de ERC.

Asimismo, acusó a Sánchez de “levantarse” de la mesa por “miedo a la derecha” o hacer un acto de “representación de cobardía”, porque tenían la capacidad “por encontrar una solución política” y “han preferido jugar a la representación y convocar elecciones” todo por un “juego electoral”.

Por su parte, Sánchez respondió que “valentía es sentarse y asumir la legalidad y no continuar con el viaje a ninguna parte. Eso no es valiente y el diálogo», añadió, les da “pavor porque les señalen y digan que son unos traidores”. Sánchez les animó a “enfrentarse a sus propios fantasmas” porque, de lo contrario, “le va ocurrir lo que le corrió al PDECat y van a ser devorados por el tigre del independentismo”.

Así, le recriminó el rechazo a los Presupuestos porque “se llenan la boca de que quieren al pueblo de Cataluña” pero han mostrado “muy poco respeto” por ese pueblo tumbando las cuentas públicas que, a su juicio, tenían una gran partida para la mejora de la vida de los catalanes con el desembolso de 2.200 millones.

Sánchez les afeó que “nunca quisieron dialogar, nosotros sí queremos resolver el conflicto y queremos una España que se reconozca en su diversidad» y trasladó que “la valentía es sentarse y asumir la legalidad, y continuar con el viaje a ninguna parte no es valiente”, concluyó.

Romeva anunció al inicio de su declaración su intención de responder únicamente a las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde, que también defiende al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. En una declaración de tintes políticos, Romeva explicó que bajo su punto de vista el giro independentista de Cataluña comenzó con la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló varios artículos de la reforma del `Estatut´ en 2010.

“Allí se había roto algo muy serio, era la ruptura de un pacto importante, el pacto constitucional de 1978, y esa ruptura, provocada de forma unilateral por un TC politizado, nos llevó a mucha gente a entender que en tanto que demócratas y republicanos había que reconstruir esos pactos, con diálogo y negociación”, explicó.

A instancias de su letrado se definió «fundamentalmente como un demócrata, un republicano y un europeísta. Circunstancialmente estoy independentista. Defiendo un proyecto europeo basado en la no discriminación sexual, de género, de lengua… Una república catalana defiende los valores de poblaciones que defienden estos valores, pongo de manifiesto unos valores por encima de una circunstancia temporal”.

Se quejó de que “quienes defendemos estos valores nos encontramos en el banquillo de los acusados y quienes los amenazan de forma ostensible se sientan en el estrado entre las acusaciones”, dijo en clara referencia a la acusación particular, que ejerce Vox.

“Éste es un hecho que debería incomodar a los demócratas. Es difícil concebir una realidad tan paradójica como la que estamos viviendo», sentenció. «Yo que defiendo estos valores estoy en el banquillo de los acusados, y quienes las amenazan están en las acusaciones», concluyó sobre este asunto.

En una línea defensiva calcada a la que siguió Junqueras la pasada semana, Romeva reprodujo el juego de palabras propuesto por el exvicepresidente que diferenció entre “ser” y “estar” independentista, y aseguró que cuando fue elegido para el Parlamento Europeo en las listas de Iniciativa per Catalunya “yo estaba federalista”, mientras que ahora “estoy independentista”.

Al inicio de su declaración Romeva aseguró sentirse un “preso político” y defendió desde el punto de vista de la legalidad internacional el derecho a la autodeterminación de Cataluña.

Rebatió a quienes dicen que Naciones Unidas sólo contemplan ese derecho para los territorios en proceso de descolonización. «Ha habido 106 referéndums de autodeterminación, de estos 54 se han producido en los últimos 30 años. De estos, 26 se han hecho sin el permiso del Estado matriz. No se puede determinar la autodeterminación como algo anecdótico», defendió. Y de hecho, abundó, «no hay ningún tratado europeo que prohíba el derecho a la autodeterminación». Romeva contempla la autodeterminación como “un derecho que evoluciona en los tiempos».

En relación con la acusación de rebelión que le atribuye la Fiscalía y que está directamente conectado con la existencia de actos de violencia, el exconsejero destacó que siempre ha “militado en la convicción de que la construcción de la paz es la mejor para crear comunidad», e hizo un largo relato de su trayectoria política muy vinculada a los trabajos de mediación y a la paz en el ámbito internacional y en especial en los Balcanes.

“Ojalá me pudiera entender con el PP para defender la integridad territorial de este país y la soberanía nacional”, afirmó el presidente durante la Sesión de Control al Gobierno en el Senado cuando el portavoz del PP, Ignacio Cosidó, le acusó de “llevarnos a las puertas de una nueva crisis económica”.

Según Cosidó, el presidente dice que “le importa España pero a Pedro Sánchez sólo le importa Pedro Sánchez”. “Jamás el PP va a aceptar los votos de quienes quieren romper España para llegar al poder como hizo usted”. Y le instó a firmar ese compromiso a lo que el presidente no respondió. Quiere gobernar, le dijo Cosidó a Sánchez, para “seguir arruinando España, que es lo que ha hecho en estos meses”.

Por su parte, el presidente reprochó al portavoz popular el “sentido patrimonialista del poder” por parte del PP y “así les va”. Tras recordar que el PP es un partido condenado «por financiación irregular y enriquecimiento ilícito», Sánchez apuntó que se presenta a la cita electoral del 28 de abril “con humildad y honestidad, y con la convicción de haber hecho el trabajo que había que hacer, que era sacar de la política la corrupción y espero que saquemos a la política de la crispación en la que ustedes la han instaurado”.

El letrado dio lectura a una buen número de ‘tuits’ en los que Turull animaba a los ciudadanos de Cataluña a movilizarse siempre de forma «pacífica». De hecho, Turull insistió, a preguntas de su abogado, en que “es falso” que animara a la gente a impedir el cierre de los centros de votación.

Muy al contrario, dijo, en todas sus comunicaciones aconsejaba a la gente que quería votar no acudir a los centros que hubieran sido cerrados o en los que hubiera una fuerte presencia policial, ya que, gracias al censo universal, los ciudadanos podían depositar su voto en cualquiera de las mesas abiertas.

Pina manifestó durante su intervención la “sorpresa” que le ha causado comprobar que la Fiscalía no haya tenido interés en preguntar a Turull sobre el `Libro Blanco´ de la independencia, considerado como la guía de actuación para lograr la independencia y del que el exconsejero dijo que «es un documento académico que pone mucha ciencia donde había un debate de tópicos».

Antes del interrogatorio por parte de su defensa, Turull respondió a Olga Arderiu, la abogada de Forcadell, que le preguntó por la presencia de su defendida en las reuniones de Gobierno. «No, no asistía, en las reuniones solamente asistía el Gobierno», aseguró Turull.

Así respondió Sánchez a la senadora de Unidos Podemos María Pilar Garrido, durante la Sesión de Control al Gobierno en la Cámara Alta, después de que Garrido le recriminase que “no ha estado a la altura de las circunstancias”. “No ha sido valiente, que no le tiemblen las piernas, sea de fiar y dialogue con quien sea, porque queremos un presidente que no tenga miedo a la derecha. Además, usted no supo resistir y le faltó coraje”, añadió la senadora.

Ante estas afirmaciones, el presidente del Gobierno lamentó que “al estar en campaña ustedes se desmarquen del PSOE”, pero les agradeció, “a pesar de las discrepancias”, su apoyo durante estos meses “para sacar leyes”.

Sánchez recordó que no tenían mayoría absoluta y que, por tanto, tenían que incorporar a otros grupos que tenían otra visión a los acuerdos, por lo que “teníamos que ser flexibles”. Por ello, lamentó que el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, “en vez intentar negociar y lograr el 60% de un acuerdo, han dicho solo que 100% o 0%, y esa es la diferencia entre su grupo y el mío”.

En este sentido, el presidente del Gobierno señaló que “hay muchas cosas que se han quedado en el tintero”, como la ley de eutanasia, la derogación de la reforma laboral, la ley de igual laboral, la lucha contra la brecha salarial o la modificación de la ley de memoria histórica.

“No se han impulsado porque PP y Cs lo han bloqueado porque tienen mayoría en la Mesa del Congreso». Por ello, confió en una mayoría progresista amplia tras el 28 de abril para que en la próxima legislatura se lleven a cabo las reformas pendientes.

“Esperamos que se mantenga y que por vía de la negociación, se mejore. Apelamos a la responsabilidad y coherencia de los partidos políticos para culminar con acierto el próximo trámite en el Congreso”, dijo el sindicato este martes en una nota.

En ella, UGT recordaba que el Ministerio de Educación presentó en julio de 2018 el Proyecto de Ley de Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que modificaba aspectos del RD14/2012 y para revertir recortes en los centros públicos, como la sustitución inmediata de profesores que estén de baja, la disminución del número de alumnos por clase ajustando las ratios a la ley y la reposición del horario lectivo máximo para los profesores, recuperando la situación previa al año 2012.

“UGT valoró positivamente el contenido del proyecto en los artículos que hacen referencia a las sustituciones y ratios. Sin embargo, fuimos críticos en lo relativo al horario lectivo de los docentes, ya que no establecía número determinado de horas lectivas y dejaba en manos de las comunidades autónomas esta regulación”, subrayó la federación.

Por ello, continúa la nota, el sindicato presentó en el Consejo Escolar del Estado enmiendas al anteproyecto de ley y ha insistido en que el Ministerio de Educación “debería establecer con carácter básico la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente, y proponiendo que la jornada lectiva de los docentes sea de un máximo de 20 horas en Educación Infantil y Primaria y de 18 en las restantes enseñanzas”.

“Consideramos que, respetando la autonomía de las CCAA en materia educativa para fijar competencias propias de los docentes, el establecimiento de la jornada lectiva de los mismos, como la jornada laboral de los empleados públicos, debe tener un tratamiento común en todo el territorio nacional”, subrayó UGT.

“El Consejo Escolar del Estado aconsejó la modificación del texto en este sentido, pero en el articulado modificado apareció solo la recomendación a las CCAA de establecer con carácter ordinario un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil y Primaria y Especial, y un máximo de 18 horas en el resto. Esto mejoraba el texto original, pero seguía sin establecerse el carácter básico de este horario”, recalcó la organización.

Ya en el Senado, el texto se vuelve a enmendar y se establece que con carácter general la parte lectiva de la jornada semanal sea de 23 horas en los centros de Infantil y Primaria y Especial y de 18 horas en el resto.

“El primer paso dado en el Senado es positivo, y nos satisface que la norma tenga carácter básico. Pero a UGT le hubiera gustado una reducción mayor de la jornada lectiva de los docentes españoles, para homologarnos a nuestros colegas europeos y poder hacer nuestro trabajo en mejores condiciones: más tiempo para la innovación, para la coordinación, para la atención personalizada a padres y alumnado, menos burocracia…”, agregó.

Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria del ramo, afirmó que «no prohibimos que vayan barcos a rescatar, es que se deben de garantizar las condiciones para poder hacerlo», en referencia al bloqueo del ‘Open Arms’ y del ‘Aita Mari’ en los puertos de Barcelona y Pasaia, respectivamente.

«Espero que se resuelva el recurso (presentado por Proactiva Open Arms) y se garantice que los barcos tienen la seguridad para poder tener el despacho correspondiente», recalcó. En esta línea, Rumí recordó que la competencia del ‘despacho’ de los buques es del Ministerio de Fomento, y destacó que el ministro, José Luis Ábalos, «ya ha dado muchas explicaciones» sobre el procedimiento administrativo que impide zarpar a ambos buques.

«Ojalá se resuelva pronto», señaló Rumí, que subrayó que «todos podemos estar tranquilos» en cuanto al rescate de migrantes por parte de España. Dijo que Salvamento Marítimo en España ha «evitado muchas muertes» de migrantes en el mar y pidió que «nadie piense que los rescates no se realizan». «Se hacen todos los días».

Por su parte, el portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, apuntó que «si quien determina la política de rescate es Fomento, poco sentido tendrá esta Secretaría de Estado». Rumí respondió que ella «no da instrucciones» a ningún ministerio, sino que su función es «coordinar». «Lo que usted pide no es que coordine, sino que tenga todas las competencias migratorias», lamentó.

Para Campuzano, el Gobierno «tuvo un gesto positivo» al iniciar su mandato, cuando ofreció un puerto seguro a los 630 migrantes a bordo del ‘Aquarius’ tras ser rescatados en el Mediterráneo. A su juicio, esa decisión «contradice» la política actual del Ejecutivo, que «demuestra absoluta falta de sensibilidad por lo que pasa en el Mediterráneo».

La acogida del ‘Aquarius’ y el supuesto cambio del Gobierno en la gestión migratoria fue de nuevo objeto de críticas por parte de varios grupos de la oposición. El diputado del PNV Íñigo Barandiaran, preguntó a Rumí por qué se impide zarpar al ‘Aita Mari’ y en cambio «el capitán del puerto de Mallorca autorizó la partida del ‘Ailan Kurdi’ (bautizado así en honor del niño sirio muerto al intentar llegar a Grecia). «Si el objeto es exactamente el mismo, rescatar náufragos, no tiene ningún sentido. La única diferencia es que este barco no tiene bandera española», dijo.

Por su parte, el diputado del PP Carlos Rojas criticó los «vaivenes» del Gobierno en esta materia. En su opinión, para el Ejecutivo de Pedro Sánchez el buque ‘Open Arms’ al principio era «un aliado» del Gobierno en salvamento de migrantes y, sin embargo, ahora está «bloqueado» en el puerto de Barcelona. Pidió al Gobierno «más esfuerzo» a la hora de abordar la inmigración y le instó a presentar en el Parlamento un plan para reducir las llegadas de migrantes a costas españolas anunciado por el propio Ejecutivo.

Según informaron fuentes de la Mesa, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, presentó esta mañana por primera vez el texto a los miembros del órgano rector de la institución, y por eso no se sometió a votación, pero podría hacerse en su sesión de la próxima semana, última antes de la disolución de las cámaras el próximo 5 de marzo.

Las fuentes consultadas aclararon que no se trata de un texto exhaustivo ni muy reglamentista de la conducta que deben observar los diputados, sino uno de carácter genérico sobre cuáles deben ser los principios éticos, objetivos e incompatibilidades que deben respetar y guiar su desempeño.

Si el Código Ético se aprueba la semana que viene, se adoptaría como una Resolución de la Presidencia del Congreso y se incorporaría al Reglamento de la Cámara Baja.