La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha detectado 241 nuevos casos de coronavirus en la Comunidad autónoma, procedentes de los resultados de 2.259 pruebas PCR, que han sido notificados este miércoles. Respecto a los fallecimientos, se han producido 41 más sobre el jueves pasado, elevándose la cifra total a 1.221.

Por provincias, este miércoles se han notificado 161 casos en Zaragoza, 55 en Huesca y 21 en Teruel. En 4 casos no figura provincia de referencia. Del total, el 56 por ciento es asintomático. Asimismo, se han dado 347 altas epidemiológicas.

Por áreas de salud, las de la ciudad de Zaragoza han sumado 100 nuevos contagios y le siguen por número de casos, en la provincia, Utebo, con 12 casos; Ejea de los Caballeros con nueve casos, Villamayor con seis casos, Tauste, Sádaba y Alagón, con cuatro casos; Gallur con tres, Borja con dos y Alfajarín, Alhama de Aragón, Cariñena, Daroca y Sos del Rey Católico, con un caso cada uno.

En la provincia de Huesca, hay 12 casos en la capital, 15 en Monzón urbana, seis en Monzón rural, cinco en Binéfar, cuatro en Fraga, tres en Tamarite de Litera, dos en Almudévar, en Barbastro y en Biescas-Valle de Tena, y uno en Broto y en Sariñena. En la provincia de Teruel, cuatro en la capital, 11 en Alcañiz, dos en Cella y en Híjar y uno en Andorra, en Calaceite y en Calamocha. Asimismo, hay 16 sin zona básica de salud identificada.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA

Los hospitales aragoneses cuentan con 479 camas ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo, de los que 66 están en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 413 en planta.

Aragón dispone, en la actualidad, de 56 camas de UCI con respirador, nueve sin respirador y 1.428 camas de hospitalización convencional.

HOSPITALES

La distribución de casos confirmados y en investigación en los centros sanitarios aragoneses, incluyendo las clínicas privadas, indica que en el Hospital Royo Villanova hay 41 casos, cinco en UCI; en el Hospital Nuestra Señora de Gracia 11 casos, en el Universitario Miguel Servet 101 casos, 22 en UCI; en el Hospital General de la Defensa 20, 2 en UCI, y en el Hospital Clínico Universitario 154, 21 en UCI.

Asimismo, en el Centro de Salud Ejea-Cinco Villas siete casos, en el Hospital Ernest Lluch tres, en el Hospital San Jorge 35 casos, ocho en UCI; en el Hospital de Barbastro 12, tres en UCI; en el Centro de Salud Fraga-Bajo Cinca seis, en el Hospital Obispo Polanco 22, tres en UCI; en el Hospital San José uno y en el de Alcañiz 16.

En el Hospital de la MAZ tres casos, en la Clínica Montpellier siete casos, en la Clínica Nuestra Señora del Pilar un caso, en el Hospital Quirón cinco casos, dos en UCI; en el Hospital San Juan de Dios 32 casos y en la Clínica Santiago dos casos.

DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

Un total de 27.329 aragoneses han sido diagnosticados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia y se han dado ya 17.490 altas. Así, se han llevado a cabo 347.956 pruebas diagnósticas lo que equivale a 264 por cada mil habitantes. De estas, 257.588 son PCR, lo que equivale a 195 PCR por mil habitantes.

Estos últimos días se está haciendo seguimiento a más de 11.700 contactos de casos positivos, una cifra que se ha reducido notablemente desde la primera semana de agosto --21.200 contactos-- gracias al descenso del número de casos diagnosticados en la comunidad.

La portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, ha rechazado celebrar una nueva reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no aceptar hablar de la autodeterminación. "Para una foto, no es necesario", ha zanjado.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha anunciado un acuerdo con Sánchez para retomar esa mesa de diálogo e incluso ha expresado su deseo de que se pueda reunir a mediados de mes. Desde el Gobierno muestran su disponibilidad, pero apuntan a que "el problema" no está en Moncloa, sino en la Generalitat.

Y horas después, tras participar en una videoconferencia con el presidente del Gobierno, la portavoz de Junts en el Congreso ha dejado claro que, si no se habla de autodeterminación, no hay mesa de Cataluña, pues espera que Sánchez busque una "negociación real, y no adhesiones o escenificaciones de negociaciones".

"Si Pedro Sánchez acepta hablar de autodeterminación, buscamos día y hora para la mesa de diálogo; para que la mesa de diálogo tenga sentido es para negociar, si es para hacer una foto no es necesario", ha subrayado en un comunicado.

Es más, Laura Borràs vincula le negociación de los próximos Presupuestos con el conflicto político de Cataluña y, de hecho, no contempla hablar del proyecto presupuestario de 2021 "mientras la represión contra el independentismo no sólo no se detiene, sino que se acentúa".

PREOCUPACIÓN POR LA PANDEMIA

En la conversación telemática con Sánchez, compartida con el resto de partidos del grupo Plural (Más País, Compromís y BNG), Borràs ha expresado su preocupación por el aumento de contagios de la Covid y la incertidumbre de los padres que tengan niños en cuarentena después de la vuelta al colegio.

En este sentido, la diputada independentista ha recordado la "necesidad urgente de dar tranquilidad y seguridad en la vuelta a la escuela", especialmente en relación a las prestaciones para los padres de niños en cuarentena, cuando el centro escolar sufra un brote de Covid. "No se entiende la discriminación de los padres que se pueden encontrar con hijos que den positivo y los que den negativo, aunque estén igualmente afectados por la cuarentena", advierte.

En cuanto a la renovación de órganos judiciales, la portavoz de Junts ha aprovechado para considerar "lamentable" que estos organismos continúen ejerciendo cuando están "caducados y no tienen ninguna legitimidad".

Iñigo Urkullu afrontará su tercer mandato como lehendakari tras ser proclamado este jueves para el cargo por el Parlamento Vasco, aunque a diferencia de las dos legislaturas anteriores, en esta ocasión contará con la mayoría absoluta que le aportan los 41 escaños que suman el PNV y el PSE-EE en la Cámara, un aval que le permitirá gestionar con mayor holgura la respuesta a la crisis del coronavirus.

La candidatura de Urkullu ha salido adelante frente a la de la aspirante de EH Bildu Maddalen Iriarte, que únicamente ha contado con el respaldo de los 21 representantes de la propia coalición soberanista. Elkarrekin Podemos-IU, PP y Vox se han abstenido en la votación de ambas candidaturas.

La proclamación del lehendakari, que jurará el cargo este próximo sábado en un acto solemne en Gernika (Vizcaya), se ha producido con un total de 40 votos -el Parlamento Vasco está integrado por 75 diputados- dado que una parlamentaria del PNV no ha podido asistir a la sesión por encontrarse en cuarentena debido a la espera de los resultados de una prueba PCR.

Urkullu, que en su intervención en el pleno ha advertido de que se avecinan "meses y años muy duros" debido a la crisis asociada a la covid-19, reeditará el modelo de coalición con el que el PNV y el PSE-EE han gobernado Euskadi en los últimos cuatro años.

No obstante, en este tercer mandado, a diferencia de lo que ocurrió en el primero -con un Ejecutivo del PNV en solitario- y del segundo -con 'jeltzales' y socialistas compartiendo Gobierno--, el Lehendakari podrá gestionar la Administración autonómica con el margen de maniobra que le facilita la mayoría absoluta que en esta legislatura suman el PNV y el PSE en la Cámara autonómica, con 41 escaños sobre un total de 75.

"SOLIDEZ" Y "ESTABILIDAD"

El lehendakari ha subrayado que el acuerdo entre socialistas y 'jeltzales' es "sólido" y aporta "estabilidad" al nuevo Ejecutivo. Además, ha mostrado su confianza en que el acuerdo sirva para emprender "un camino" al que "sumar nuevas voluntades".

En su discurso en el Legislativo vasco, el lehendakari ha dedicado una atención especial a la situación generada por la pandemia. De esa forma, se ha mostrado convencido de que pese a la "dureza" de la situación que se ha de afrontar, Euskadi "se va a levantar" y va a "salir adelante.

Urkullu, que ha asegurado que no se producirá ningún "recorte" en servicios sociales, se ha comprometido a renovar la plantilla de Osakidetza con 4.000 personas y a reforzar la atención primaria. Además, ha anunciado que se pondrá en marcha un plan de empleo juvenil que facilite una primera experiencia laboral a 30.000 jóvenes, y ha informado de que se impulsarán medidas para contribuir a la creación de 4.000 nuevas empresas y micropymes.

Por otra parte, ha avanzado que se acometerá un plan estratégico de desarrollo industrial con el objetivo de que el peso de la industria y los servicios avanzados alcance el 40% del Producto Interior Bruto vasco. Asimismo, el Gobierno Vasco impulsará un servicio de teleasistencia para todas las personas mayores de 80 años.

"BILATERALIDAD" EUSKADI-ESPAÑA

En materia de autogobierno, ha abogado por actualizar el modelo competencial de Euskadi mediante un consenso que "materialice el deseo mayoritario" de los vascos, y ha apostado por culminar un nuevo pacto estatutario que reconozca "la realidad nacional" de Euskadi y que "asiente una relación bilateral con el Estado".

A su juicio, esta será "la mejor inversión para seguir consolidando los servicios públicos, la respuesta a la pandemia y el sistema vasco de bienestar. Nos encontramos ante la oportunidad de alcanzar un nuevo pacto estatutario de futuro que reconozca nuestra realidad nacional, la singularidad del autogobierno vasco; que asiente una relación bilateral con el Estado, y que favorezca la presencia y proyección internacional de Euskadi", ha manifestado.

EH BILDU, "ALTERNATIVA"

Por su parte, Iriarte ha defendido su candidatura como "alternativa" a las políticas que representan el PNV y el PSE. Además, ha denunciado que la crisis del coronavirus ha evidenciado que Euskadi tiene un autogobierno "de quita y pon", por lo que ha reafirmado su apuesta por la independencia y ha planteado que el Parlamento Vasco cuente con una propuesta de nuevo estatuto político para 2022, la cual pueda ser sometida a consulta.

La representante de la coalición soberanista, no obstante, ha centrado su intervención en los efectos de la crisis asociada a la covid-19. De esa forma, Iriarte ha destacado que la pandemia ha demostrado la importancia de contar con unos servicios públicos de calidad, que garanticen una adecuada sanidad, educación y políticas sociales a los ciudadanos.

La candidata de EH Bildu ha denunciado las consecuencias que ha tenido la privatización de ciertos servicios públicos en los últimos años. Por ese motivo, ha afirmado que esta crisis ha evidenciado la necesidad de "una nueva forma de hacer política".

Por parte de los grupos que no han presentado candidato, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, ha explicado que su grupo no apoya la investidura de Urkullu debido a que representa la "continuidad" de un modelo político que no comparten, mientras que en el caso de la candidatura de Iriarte, ha indicado que tampoco contará con el respaldo de su grupo porque no ha "integrado" en su proyecto a otras fuerzas de izquierdas.

Desde la coalición PP+Cs, su portavoz, Carlos Iturgaiz, ha advertido a la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, de que el hecho de que haya firmado un "papelín" con el PNV "no les librará del papelón el día que el señor Urkullu impulse un escenario de ruptura". Asimismo, ha afirmado que la suscripción del acuerdo de gobierno entre 'jeltzales' y socialistas "no librará a los vascos de los efectos lamentables de ese doble juego del PNV, como ya vivimos con el Plan de Ibarretxe".

Por su parte, la única representante de Vox en la Cámara vasca, Amaia Martínez, ha acusado a la candidata de EH Bildu a la Lehendakaritza de representar a "la mafia más recalcitrante" de Europa y seguir "sin pagar la deuda" de 850 asesinatos, en referencia a los crímenes de ETA. Además, ha advertido de que su objetivo es ilegalizar a la coalición soberanista.

El Ministerio Fiscal ha recordado que se iniciarán acciones penales contra aquellos padres o tutores que permitan el absentismo escolar presencial de sus hijos al colegio de forma repetida y sin justificación clara ante la pandemia del Covid-19.

"Aquellos casos que carezcan de justificación clara y terminante para la exención, aun temporal, del deber de asistencia presencial del alumnado al centro motivarán que el Ministerio Fiscal prosiga sus diligencias a los efectos de ejercitar la acción penal contra aquellos padres o tutores que presuntamente hayan infringido los deberes inherentes a la patria potestad en este ámbito", indica la Unidad Especializada de Menores de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El Fiscal se pronuncia así ante el inminente comienzo del curso escolar 2020/2021 y teniendo en cuenta la crisis sanitaria, y en relación con la "incertidumbre generada a nivel nacional en las familias de los escolares afectados por la necesidad de asistencia presencial alos centros educativos".

Según informa la FGE en un comunicado, en los casos de repetida y no justificada asistencia a clase se deberá remitir copia del expediente incoado a tales efectos al Ministerio Fiscal, conforme a los respectivos protocolos de actuación vigentes en cada territorio.

Recibidos en la Fiscalía dichos expedientes administrativos, se procederá a la incoación de las oportunas diligencias preprocesales a fin de ponderar individualmente las circunstancias concurrentes en cada caso.

En concreto, señala que la respuesta se adecuará a la situación concreta de los alumnos afectados y sus respectivas familias, "tomando en consideración la actual situación de pandemia derivada del COVID-19, y el singular escenario derivado de los riesgos sanitarios presentes no solo en el ámbito escolar, sino también en el familiar".

Los centros educativos, cuando detecten casos de inasistencia voluntaria e injustificada a las aulas, serán los encargados de comunicar a las respectivas Comisiones Locales o Provinciales de Absentismo tales incumplimientos y de llevar a cabo los trámites administrativos pertinentes.

El Fiscal de Sala de Menores, José Javier Huete, ha unificado los criterios de las Secciones de Menores de las diferentes Fiscalías Provinciales en materia de absentismo escolar derivados de la crisis del COVID-19.

Según informa la Fiscalía General del Estado en un comunicado, el absentismo escolar constituye una preocupación para la Fiscalía "por cuanto la educación repercute de manera trascendental en el desarrollo de los menores y, por extensión, en el de la sociedad en su conjunto".

Así, aunque precisa que no es una función "primaria y directa" del Ministerio Fiscal la elaboración de medidas contra el absentismo escolar, considera que "no puede ser ajeno" a las atribuciones e intereses del Ministerio Fiscal.

El Fiscal aclara que su actuación en este ámbito, sólo se justifica con carácter posterior a la realización de aquellas conductas que se realicen en abierta oposición al cumplimiento del deber legal de escolarización de los menores, pero "nunca con un carácter preventivo ajeno a los cometidos propios de la institución".

Según recuerda, en los tramos de edad comprendidos entre 6 y 16 años persiste la obligación legal de escolarización imperativa en los términos y condiciones establecidos por las legislaciones estatal y autonómica aplicables en cada caso.

Tras establecerse los criterios a seguir en cada comunidad autónoma, el Fiscal precisa que los centros escolares deberán aplicar y observar los oportunos protocolos de seguridad establecidos por las autoridades educativas y sanitarias competentes.

"La asistencia presencial del alumnado, en los parámetros y condiciones antedichos, constituye una obligación ineludible para los padres o tutores de los menores afectados. Su desatención voluntaria, injustificada y persistente acarreará las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, como ha venido ocurriendo de forma habitual hasta el momento en los supuestos de absentismo", subraya.

Más de 200 antifascistas se concentran para rechazar la presencia de Ortega Smith en la localidad marinera

Radicales han cruzado contenedores esta tarde en varias calles de Santurtzi y han lanzado botellas y piedras contra la Ertzaintza, en el transcurso de los incidentes desarrollados con motivo de una concentración antifascista, convocada para mostrar su rechazo a la celebración de un acto de Vox en esta localidad vizcaína.

En el curso de los alborotos se ha detenido a cinco personas, acusadas de desórdenes públicos, por lanzar objetos contra los agentes de la Policía vasca, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Mas de 200 jóvenes antifascistas se han concentrado en Santurtzi para mostrar su rechazo a la presencia del secretario general del Vox, Javier Ortega Smith, quien ha acudido a la localidad marinera para participar en una mesa informativa organizada por Vox Jóvenes, en el mismo lugar donde, según han denunciado, dos jóvenes de Vox fueron agredidos el pasado 27 de agosto mientras estaban sentados en un banco del parque.

El recinto del parque central de Santurtzi en que el que se celebra el acto ha estado precintado desde antes del comienzo del acto y la Ertzaintza ha impedido la entrada al mismo, excepto a los organizadores, participantes en el acto y medios de comunicación.

Bajo un amplísimo despliegue de la Ertzaintza, los manifestantes, que portaban varias pancartas, entre ellas una con el lema "Ezkerraldeatik ez dira pasako" (No pasarán por la Margen Izquierda), han coreado lemas como "Fuera fascistas de nuestros barrios", "Euskal Herria antifascista", "Utzi bakean (dejadnos en paz)", "Alde hemendik (fuera de aquí)", "Nazis kanpora (nazis fuera)" o "Que se vayan".

Tras realizar declaraciones a los medios, Ortega Smith se ha acercado a la zona donde estaban los concentrados, lo que ha provocado que los gritos de los antifascistas subieran de intensidad. El lanzamiento de una bengala por parte de los concentrados ha provocado una pequeña intervención de la Ertzaintza para dispersar a los alborotadores.

Momentos después, se han cruzado contenedores en las calles que rodean el parque central, que han sido retirados por varias furgonetas de la Ertzaintza empujándolos, así como en calles adyacentes, cortando el tráfico. Los incidentes han continuado después de que Ortega Smith y los simpatizantes de Vox hayan abandonado Santurtzi, custodiados en todo momento por la Ertzaintza.

"DEFENDER LA LIBERTAD"

En declaraciones a los medios, Javier Ortega Smith ha afirmado que hoy es un día "muy importante para los vascos, y por tanto, para los españoles", porque la parlamentaria de Vox, Amaya Martínez, ha dicho, durante su intervención en el pleno de investidura del lehendakari, "lo que hacía décadas que nadie decía: que defender las provincias vascas es defender la libertad, a las víctimas del terrorismo, la democracia y a quienes murieron, precisamente, por defender que todos los españoles podamos vivir en libertad".

Según ha dicho, el acto organizado en Santurtzi tiene como objetivo "apoyar a los jóvenes de Vox, que dan la cara, son valientes, no tienen miedo y no dan un paso atrás frente a la cobardía, los totalitarismo, y frente a aquellos que solo entienden de amenazas, como los que gritan aquí detrás".

Tras lamentar que, "como es costumbre en Vox", han tenido que celebrar el acto custodiados por los antidisturbios de la Ertzaintza, a quienes ha agradecido su "profesionalidad", Ortega Smith ha afirmado que "ni un joven de Vox, ni un militante, ni un afiliado de Vox, van a dar un solo paso atrás en la defensa de la libertad y de los derechos democráticos" para poder expresar sus ideas, "proponer a la sociedad un cambio" y para "terminar, de una vez por todas, con esta lacra de la sociedad que son los violentos y los totalitarios, vagos e inútiles, además, que siempre tienen tiempo para estar insultando a los demás, pero nunca para construir nada positivo".

"Ni un paso atrás. Hoy rendimos homenaje a esos jóvenes valientes que fueron agredidos por los totalitarios y los violentos", ha reiterado Ortega Smith.

AGRESIÓN

Por su parte, Luis Ulecia, responsable nacional de Vox Jóvenes, ha denunciado que el pasado 27 de agosto, en Santurtzi, "dos jóvenes de Vox fueron reconocidos por una banda de exaltados, que los agredieron violentamente, mandándoles al hospital".

Por ello, han querido con el acto de hoy lanzar "un mensaje muy claro: pese a la violencia, los insultos y las agresiones, los jóvenes de Vox no van a recular, porque los jóvenes vascos saben mejor que nadie que esta tierra les pertenece, porque aman a su patria y a su territorio".

"Estaremos en cualquier parte de las tierras vascas para defender la libertad y la democracia de los jóvenes para decir lo que piensan y lo que sienten", ha concluido.

La vicepresidenta celebra que el 96% de afectados se hayan reincorporado, pero advierte: "Quedan meses duros"

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha apostado este jueves en el Congreso por reorientar en el futuro el mecanismo de los ERTE a la formación de los trabajadores y, en el corto plazo, estudiar su prórroga en función de su necesiadad por sectores, empresas e incluso zonas geográficas.

En todo caso, durante su comparecencia ante la Comisión del ramo, a la que ha acudido para informar de los fondos europeos SURE para la protección al empleo, la vicepresidenta tercera ha dicho que se trata de un instrumento "temporal" y que espera que "esta situación transitoria sea lo más corta posible".

Para su renovación, Calviño ha destacado que desde el fin del estado de alarma la prórroga de este sistema de protección se ha dirigido a acompañar a sectores y territorios especialmente afectados, así como incentivar la reincorporación a la actividad de las personas afectadas.

Por ello, considera que ahora es necesario analizar qué sectores están teniendo más problemas para recuperar su actividad, en qué empresas hay más trabajadores en situación de ERTE e incluso si hay "una dimensión geográfica relevante", y así "ajustar los ERTE para acompañar allá donde sea necesario".

Al mismo tiempo, Calviño ha defendido la continuidad de un esquema similar, para lograr un mecanismo "no tanto de protección al desempleo como de apoyo al empleo", y que los nuevos ERTE que se diseñen puedan ser "una herramienta de choque" para hacer más flexible el mercado de trabajo y evitar la destrucción de empleo ante dificultades económicas.

"CAMINO COMPLEJO" ANTES DE VOLVER AL "CRECIMIENTO ROBUSTO"

Respecto a las medidas laborales, Calviño ha ensalzado el papel de los agentes sociales y a las normas acordadas durante la emergencia sanitaria, y ha puesto en valor del diálogo social: "Si queremos que las reformas perduren, es importante hacerlas con diálogo", ha dicho.

También ha incidido en la capacidad de resistencia y "resiliencia" de las empresas españolas, incluso de las más pequeñas, con una reincorporación, ha dicho, del 96% de las personas afectadas por un ERTE, y un ritmo de reincorporación "que se ha mantenido en agosto y también en septiembre", además del aumento de afiliación a la Seguridad Social.

"Esto no quiere decir que no queden muchos problemas. Hay sectores que lo tienen muy difícil, que no han podido reabrir aunque lo hubieran querido", ha matizado Calviño, que en su intervención ha dejado claro que se trata de un "momento muy muy duro para toda la población".

"Quedan meses duros. Tenemos un camino complejo antes de recuperar el crecimiento robusto que teníamos antes de que nos golpeara la pandemia", ha manifestado la vicepresidenta de Asuntos Económicos.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha llamado este jueves a los grupos parlamentarios del Congreso a "actuar de manera responsable" y a aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado: "Esta oportunidad no la podemos desaprovechar", ha afirmado.

En su comparecencia ante la Comisión del ramo, a la que ha acudido para informar de la asistencia financiera de la Comisión Europea a través del Fondo SURE para las políticas de empleo contra la crisis del coronavirus, ha incidido en que "es absolutamente evidente" que España necesita unas nuevas cuentas "lo antes posible".

"En octubre tenemos que enviar a Brsuelas un proyecto de plan presupuestario y España lleva dos años sin Presupuestos. No es una situación normal ni deseable", ha aseverado, diciendo que estos "viejos" Presupuestos --se aprobaron para el ejercicio 2018 por el último Gobierno de Mariano Rajoy-- "no se corresponden en absoluto con las necesidades" de este año ni del siguiente.

Así, ha recordado que para poder vehicular todos los fondos que España prevé recibir tras el acuerdo en la Unión Europea para afrontar la crisis del coronavirus, el Gobierno necesita actualizar sus cuentas, y que el endeudamiento que está provocando la crisis "puede ser un lastre" en caso de no ejecutar las inversiones que permitirán estos fondos.

Yo no me lo perdonaría", ha dicho la vicepresidenta, que ve en la llegada de estos fondos "una oportunidad extraordinaria" ante el "reto de país" que supone abordar la recuperación y reconstrucción de la economía tras la crisis, por lo que ha llamado a "diseñar entre todos" el programa de reformas que busca impulsar el Gobierno.

Respecto a los próximos Presupuestos, la vicepresidenta de Asuntos Económicos ha incidido en que "la prioridad tiene que ser impulsar la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo", y ya recuperar la senda de reducción del déficit y la deuda "cuando se recupere el crecimiento económico sostenido".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, no cree que se deba valorar un cierre generalizado de los centros educativos en caso de brotes una vez iniciado el nuevo curso escolar 2020-21.

"Lo que no tiene sentido es valorar de manera generalizada el cierre de colegios", ha valorado en la rueda de prensa de este jueves para dar los últimos datos del coronavirus en España.

Según ha explicado, el impacto en la 'vuelta al cole' podría ser "importante" en aquellas zonas donde ha habido muy baja transmisión del virus y cuyos residentes hayan pasado sus vacaciones en zonas de mayor transmisión. "En las zonas donde la transmisión es más alta, el impacto en la vuelta al colegio o al trabajo va a ser menor", opina.

No obstante, considera que es "muy diferente" detectar brotes de transmisión en un colegio que detectar casos que se han infectado en la comunidad pero que después se han identificado en el colegio por parte de los profesores o bien por los padres antes de llevar a los niños al centro.

Con respecto a cómo se valoraría que un colegio fuese o no una fuente de contagio, Simón ha relatado que si se detecta un número de casos previsibles en la población escolar según la transmisión observada en la comunidad autónoma, entonces ese colegio no tendría riesgo, pero que si es mayor, ese centro sí puede estar generando un incremento de los casos. "Es lo que hay que valorar colegio a colegio", ha dicho.

En cualquier caso, ha instado a garantizar la presencialidad de los estudiantes y a ser capaces las administraciones públicas de valorar "bien" el cierre de los centros, lo cual implica responsabilidad tanto por parte del Ministerio de Sanidad como de los técnicos de las comunidades autónomas y a nivel provincial. "Eso conlleva una responsabilidad que vamos a tener que trabajar entre todos y ser capaces de garantizar un control lo más exhaustivo posible", añade.

Si bien, ha descartado que se pueda generalizar el cierre de los centros: "Lo que no tiene sentido es valorar de manera generalizada el cierre de colegios". A su juicio, este proceso va a tener que "perfeccionarse" a medida que se vaya entendiendo cómo afecta la transmisión comunitaria en los colegios, pues el "efecto real" no se podrá ver hasta que arranque el curso escolar.

Argumenta que conviene inyectar energías renovadas a unos departamentos que "tendrán un papel determinante"

El economista Ramon Tremosa y el abogado Miquel Sàmper han tomado este jueves posesión del cargo de consellers de Empresa y Conocimiento e Interior de la Generalitat, respectivamente, en sustitución de Àngels Chacón y Miquel Buch.

En el acto de toma de posesión en el Palau de la Generalitat ha intervenido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha asistido el vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Pere Aragonès, así como la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que será relevada por la exdiputada del Parlament Àngels Ponsa.

Torra ha explicado que ha querido hacer estos cambios al frente de las tres consellerias para fortalecer el Govern e inyectar energías renovadas en unos departamentos decisivos que "tendrán un papel determinante en los próximos meses".

Ha agradecido a los consellers entrantes su generosidad y compromiso para aceptar el cargo porque, ha señalado, Cataluña sigue viviendo momentos de incertidumbre debido a la pandemia de coronavirus, y ha advertido de que se encara un otoño que habrá que superar "desde la solidaridad, la responsabilidad colectiva y la tenacidad de las instituciones".

Ha explicado que Interior tiene que pilotar junto con el departamento de Salud el centro neurálgico de la emergencia sanitaria en el Procicat y encarar todas las emergencias posibles "protegiendo la seguridad y los derechos humanos de todos los ciudadanos.

Sobre Cultura, Torra ha sostenido que se trata de uno de los sectores más "duramente" golpeados por la pandemia y que, aunque se ha demostrado que se sabe proteger a la ciudadanía, el golpe continúa siendo duro, en sus palabras.

"TODOS LOS ESFUERZOS"

También ha remarcado su apoyo a todas las empresas y puestos de trabajo de Cataluña y ha lamentado el impacto que ha tenido la pandemia en el comercio y el turismo: "Es necesario dedicar todos los esfuerzos".

"Quiero agradeceros a los tres --Ramon Tramosa, Miquel Sàmper y Àngels Ponsa-- vuestra generosidad de entrar en un Govern en un momento decisivo para el país como el actual. Vuestro trabajo y vuestro espíritu de servicio serán un estímulo para todo el resto que ya son vuestro compañeros de gobierno", ha señalado.

Ayuso pedirá una estrategia nacional contra los rebrotes y Torra pondrá el foco en los padres que deban cuidar a hijos en cuarentena

El reparto de los fondos europeos contra la crisis del coronavirus, las medidas a tomar en las escuelas y su financiación y las ayudas a familias y trabajadores son las principales prioridades de los presidentes autonómicos ante la Conferencia de Presidentes de este viernes, que vuelve a celebrarse de manera telemática, como las 16 celebradas durante el estado de alarma.

Aunque en un principio esta conferencia la anunció Sánchez con el objetivo de tratar el inicio del curso escolar -así lo dijo en La Rioja el 31 de julio, en una conferencia presencial--, finalmente se han introducido otros asuntos, toda vez que Gobierno y comunidades ya acordaron las medidas necesarias en el ámbito educativo en una conferencia sectorial y, además, que hay otros asuntos pendientes, como los fondos europeos o la propia evolución de la pandemia.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha denunciado en estas últimas semanas los ataques del Gobierno central a Madrid y ha pedido "más colaboración y ayuda", volverá a insistir en la necesidad de poner en marcha una estrategia nacional para afrontar los rebrotes.

Además, trasladará de nuevo su preocupación por los casos de coronavirus que pueden entrar en la capital a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas así como en que se establezcan criterios objetivos para el reparto de fondos europeos. A la vez que la presidenta acude a esta videoconferencia su Gobierno presentará el plan Operación Retorno, que incluirá nuevas medidas en la autonomía.

Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, "se centrará sobre todo en el tema del subsidio a los padres con hijos o personas dependientes a cargo que se tengan que aislar por cuarentena". "Le pedirá que lo ponga en marcha" , han señalado fuentes de la Presidencia de la Generalitat.

Para el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo la prioridad también es la educación. Así, expresará su malestar porque considera insuficientes los 93 millones de euros que recibirá Galicia para inversión educativa y pedirá un nuevo fondo con este destino en 2021, dado el incremento de gastos que genera la pandemia, han fuentes de la Presidencia de la Xunta.

Feijóo también ha dicho que enviaría a Sánchez su propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Salud Pública y ha pedido convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), toda vez que las comunidades tienen que articular sus presupuestos para el próximo ejercicio y necesitan conocer los recursos con los que van a contar.

El de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, pedirá una "hoja de ruta definida" de cómo van a participar las comunidades autónomas en la gestión de los recursos europeos y que se agilicen al máximo los trámites administrativos para ello.

PUIG: EXTENDER LOS ERTEs Y UN "SCHEGEN SANITARIO"

Con el foco puesto en el turismo, pedirá además la ampliación de los ERTE, así como de los préstamos otorgados por el ICO, para dar apoyo económico a empresas y trabajadores.

También insistirá en la necesidad de que haya un "marco europeo de referencia" para el desplazamiento de las personas, es decir, que se establezca un protocolo europeo de seguridad común para la Unión Europea, un "espacio Schengen sanitario".

La llegada de los fondos europeos es también la principal preocupación del cántabro Miguel Ángel Revilla, que espera que Sánchez pueda concretarles plazos durante la reunión. La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, incidirá, como Feijóo, en el aspecto educativo, en la necesidad de que el curso continúe pero al mismo tiempo garantizando la seguridad en las aulas.

El aragonés Javier Lambán, por su parte, pedirá al Gobierno un aumento "sustancial" del margen del déficit autonómico, de manera que se permita a las comunidades un mínimo del 2,5 por ciento en sus próximos presupuestos. También reclamará que se establezca la previsión de las entregas a cuenta de la financiación autonómica.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha avisado de que la situación actual de la pandemia del coronavirus en España evidencia la necesidad de que "sí o sí" se fortalezcan los servicios de Atención Primaria y de salud pública.

Y es que, tal y como ha explicado en rueda de prensa, la presión que están teniendo estos servicios por los casos de coronavirus está siendo "muy importante" ya que son los que están diagnosticando y realizando el seguimiento de los casos.

En este sentido, y tras recordar que la presión hospitalaria por el Covid-19 se sitúa en el 6 por ciento, un valor "que no es bueno" pero es aceptable, el hecho de que los nuevos casos de coronavirus sean más leves y se detecten antes está "sobrecargando" a la Atención Primaria y a los sistemas de salud pública.

"Si lo comparamos con la hospitalaria, la Atención Primaria y la salud pública son las que están en una situación de sufrir más en este momento. Por tanto, hay, sí o sí, que pensar en fortalecerlas porque son las que ahora están sobrecargadas", ha sentenciado Simón.

La Delegación provincial de Sanidad en Toledo ha prorrogado otros 14 días y adaptado las medidas especiales que ya regían en la localidad de Consuegra impuestas el pasado 20 de agosto, debido a que la localidad se encontraba en un escenario de transmisión comunitaria.

Así, se decide el cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales. En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50 por ciento del máximo que tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.

Según ha informado la Junta en un comunicado, las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75 por ciento del máximo que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.

Continúa la suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas, la supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios. La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.

No se permitirán salidas de residentes salvo por razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.

Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50 por ciento de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento interpersonal.

Asimismo se recomienda la restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres a un máximo de 10. Continúa la restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos a un máximo de 25.

Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre, los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50 por ciento, manteniendo las mismas condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio.

Alberto Núñez Feijóo ha sido elegido presidente de la Xunta por tercera vez con el "sí" de los 42 diputados que componen el Grupo Popular en el hemiciclo gallego, entre los que se encuentra él mismo, y el "no" de los 33 parlamentarios que ocupan las bancadas de la izquierda --19 del BNG y 14 del PSdeG--.

Por orden alfabético, y tras comenzar por sorteo por el parlamentario nacionalista Daniel Pérez López, uno a uno los diputados de la Cámara gallega se fueron pronunciando desde sus escaños llamados por la secretaria de la Mesa del Parlamento, Corina Porro.

Dos diputadas que han sido madres recientemente, la diputada popular Sandra Vázquez y la nacionalista María González Albert delegaron el voto en sus respectivos portavoces de grupo.

Tras la investidura, los líderes de BNG, Ana Pontón, y PSdeG, Gonzalo Caballero, han saludado a Feijóo en el hemiciclo. Ahora, el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, cumplimentará el siguiente trámite y enviará una comunicación telemática oficial de su elección al rey Felipe VI.

Ya el sábado, Feijóo tomará posesión de su cargo en la Cámara autonómica, en un ambiente marcado por las restricciones de la pandemia. Si sigue el guión de las tres veces anteriores, optará por la fórmula de la promesa. A diferencia de otras ocasiones, dada la situación sanitaria, no habrá acto civil en la Praza do Obradoiro.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha informado de que entre los meses junio, julio y agosto han llegado a España 146 personas con síntomas de Covid-19 "saltándose" los controles.

Asimismo, Simón ha informado de que se ha detectado 364 casos de coronavirus que pudieron llegar a ser infectivos en 276 vuelos. Estos casos han generado 1.859 contactos a los que ha habido que realizar un seguimiento y, de ellos, 1.465 se han distribuido en diferentes comunidades, 263 fueron contactos en un vuelo que llegó a España pero que se fueron a otros países de la Unión Europea y 105 se fueron a países no europeos.

"Desgraciadamente algunos de estos casos consiguieron saltarse los controles y, de acuerdo a la información y fechas de inicio de síntomas que mencionan en sus encuestas, 146 de estos casos pudieron llegar con síntomas a España. Es un número mínimo de los detectados", ha apostillado Simón.

Finalmente, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha informado de que algunas comunidades autónomas han recibido más casos de viajeros infectados, especialmente Madrid (76), Cataluña (39), Comunidad Valenciana (37) y 21 en Andalucía.

POSIBLE ESTANCAMIENTO DE CASOS

Este jueves Sanidad ha registrado 8.959 casos de Covid-19, de los cuales 3.607 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación con los 3.663 de este miércoles, si bien Murcia no ha facilitado los datos. De esta forma, en total ya se han diagnosticado de Covid-19 a 488.513 personas en España.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comentado que los datos actuales de contagios evidencian un posible estancamiento o reducción en la velocidad en la que se está transmitiendo el virus, si bien ha reconocido que se están produciendo retrasos en la notificación de los casos por parte de las comunidades autónomas, así como en el tiempo de diagnóstico, el cual se sitúa en la actualidad en las 96 horas, en comparación con las 24 o 48 horas de hace un mes.

Respecto a la carga asistencial, en la misma rueda de prensa, Simón ha informado de que se mantiene "sostenida", en el seis por ciento, si bien ha comentado que existe una variabilidad entre las comunidades autónomas. Y es que, por ejemplo, en Madrid se sitúa en el 16 por ciento, en Aragón en el 12 por ciento y en Baleares y el País Vasco en el 11 por ciento, si bien en Asturias, Extremadura y Galicia es del dos por ciento.

El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves un decreto ley en el que actualiza el cuadro de sanciones por incumplimiento de las normas dictadas para contener la pandemia de coronavirus y que incluye multas de hasta 3.000 euros si no se usa la mascarilla de forma reiterada.

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, tras la reunión del Consejo de Gobierno --que ha quedado suspendido y se retomará mañana por la tarde-- en la que ha destacado que el "endurecimiento" de las sanciones "era necesario" para cumplir con el "doble objetivo" de facilitar el trabajo a los cuerpos de seguridad y "producir un mensaje a la ciudadanía de que quien no cumpla se arriesga a una sanción importante".

El nuevo decreto, que se publicará mañana o el sábado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), mantiene la multa mínima por no usar la mascarilla en 100 euros y la tipifica como infracción leve.

Además, se contempla como infracción muy grave --con multa de 60.001 hasta los 600.000 euros-- el incumplimiento de los límites de aforo cuando el local duplique el aforo permitido y sea superior a 150 personas.

También se considera muy grave la reiteración en la infracción por organizar eventos masivos sin autorización, los que generan riesgo para la salud o los que se hagan sin autorización, incumpliendo las medidas y con más de 200 personas.

El Ejecutivo considera grave, con multas de entre 3.000 y 60.000 euros, el consumo de alcohol o drogas en la calle en grupos de más de diez personas; el incumplimiento del aislamiento; la apertura de locales que no estén autorizados; el mantenimiento de un trabajador en su lugar de trabajo si es positivo o tiene síntomas o impedir inspecciones y no colaborar con las autoridades.

Como infracciones leves, el decreto establece no usar la mascarilla; incumplir la prohibición de fumar o el uso de 'shishas'; negarse a las pruebas sanitarias para diagnosticar el coronavirus o a guardar la cuarentena o incumplir el régimen de visitas en centros sociosanitarios, entre otras.

Las infracciones tipificadas como leves prescribirán en el plazo de un año, las tipificadas como graves, en el de dos años y las tipificadas como muy graves, en el de tres años, destaca el Ejecutivo.

En los casos de infracciones graves, atendiendo a la gravedad de los hechos, riesgo y circunstancias, se podrá acordar como sanción accesoria, previa audiencia del interesado, el cierre del local o establecimiento donde se haya producido la infracción o la prohibición de realizar la actividad, durante el plazo máximo de tres meses.

De igual forma, en los casos de infracciones muy graves se podrá acordar como sanción accesoria, previa audiencia del interesado, el cierre del local o establecimiento donde se haya producido la infracción o la prohibición de realizar la actividad, durante el plazo máximo de tres meses.

Pérez ha comentado que con el nuevo decreto "se tipifican mejor" las conductas que constituyen una infracción y la norma es "más precisa" con la regulación de aforos, señalización y distancia en los establecimientos.

En esa línea, ha comentado que se abrevian trámites del procedimiento, al estilo de las multas de tráfico, y se aclara la distribución de competencias para incoar los expedientes pues las sanciones leves serán tramitadas por los ayuntamientos y las graves o muy graves, por el Gobierno de Canarias.

GRAN CANARIA Y LANZAROTE, FUENTE DE "PREOCUPACIÓN"

El portavoz ha insistido en que el objetivo "no es sancionar más" sino que no se produzca la infracción para poder bajar los contagios y ante las dificultades para conformar los expedientes, espera que se refuerza la organización tanto en el departamento de Salud Pública como en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

No obstante, ha puesto como ejemplo de actuación la sanción de 6.000 euros a una embarcación de recreo que celebró una fiesta en la costa de Mogán, en Gran Canaria.

Con unos 10.000 efectivos de los distintos cuerpos de seguridad en las islas, Pérez ha reconocido que las plantillas "son insuficientes" aunque también tienen una distribución "desigual" en el territorio por lo que ha reclamado un "esfuerzo de coordinación" para hacer cumplir las normas. "Los medios son suficientes si están bien orientados y coordinados", ha señalado.

Sobre la incidencia de la pandemia ha lamentado que no se haya consolidado la leve tendencia al descenso de casos en los últimos días y Gran Canaria y Lanzarote, "en menor medida", siguen siendo fuente de "preocupación".

En cuanto a la posibilidad de hacer pruebas PCR al profesorado --lo ha solicitado ASG, entre otros--, Pérez entiende que "cuantas más mejor", pero dirigidas a grupos donde hay mayor peligro o capacidad de contagio, y en todo caso, aún no se ha tomado la decisión.

El Comité de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), siguiendo un mandato de la Comisión Europea, ha aprobado este jueves, tras la votación favorable de los Estados miembros, la restricción del uso de munición de plomo en humedales o desde zonas donde la munición acabaría dentro del humedal y existe peligro de envenenamiento. Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la decisión ha contado con el apoyo de España.

Esta medida permitirá que los humedales europeos --espacios de alto valor ecológico y que contribuyen a la adaptación y mitigación frente al cambio climático-- dejen de estar expuestos a la contaminación por plomo procedente de munición, que tiene especial incidencia sobre la avifauna. De hecho, según datos de la ECHA, entre 400.000 y 1,5 millones de aves acuáticas mueren anualmente debido a la intoxicación por plomo.

España muestra su satisfacción por que la resolución de la ECHA permita garantizar la protección de los humedales y su avifauna a nivel europeo. Dado el carácter migratorio de la gran mayoría de las aves acuáticas, una respuesta comunitaria resulta más eficaz a la hora de proteger la biodiversidad y el patrimonio natural, según destaca el Ministerio.

En este sentido, considera positivo que la ECHA haya armonizado qué se entiende por humedal a efectos de la restricción del uso de plomo ya que, de este modo, su aplicación será la misma en todos los países de la Unión Europea. La definición que se ha empleado es la que figura en la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, el Convenio Ramsar, de la que España es parte, aportando 74 humedales de importancia internacional, entre ellos Doñana, Delta del Ebro o la Albufera de Valencia.

La resolución de la ECHA fija, además, una zona adicional de protección --denominada zona de amortiguación-- que extiende la restricción de uso y tenencia de plomo a un perímetro de 100 metros. No incluye, sin embargo, la obligación etiquetado en los cartuchos con disparos de plomo, cuestión que a juicio de España hubiera sido beneficiosa.

En todo caso, esta decisión permite avanzar, además, en el cumplimiento del acuerdo para la conservación de las Aves migratorias de África y Eurasia (AEWA), al que se ha adherido España, y que obliga a los firmantes a eliminar el uso de plomo en caza en humedales tan pronto como sea posible.

RESTRICCIÓN VIGENTE DESDE 2001 EN ESPAÑA

Según recuerda el Ministerio, 23 de los 27 Estados miembros ya tienen algún tipo de restricciones en el uso de munición con plomo en los humedales. Con esta restricción se consigue la armonización de dichas normas y, por tanto, aumento de eficacia en la reducción de los riesgos.

En España, la restricción de uso de plomo en humedales en espacios protegidos, de cualquier naturaleza, está vigente desde 2001. Con esta resolución, la restricción se amplía al conjunto de masas de agua consideradas humedal según el Convenio de Ramsar.

Por su situación geográfica, la Península Ibérica es el principal corredor migratorio de toda Europa occidental. Cientos de miles de aves, muchas de ellas especies protegidas, se sirven de los humedales españoles y portugueses en sus viajes hacia el norte y el sur.

La Comunidad Valenciana ha registrado 541 nuevos contagios de Covid-19 confirmados por PCR y tres fallecimientos en la última jornada, según la última actualización de datos ofrecida por la Conselleria de Sanidad.

Por provincias, hay 47 nuevos casos en Castellón (2.821 en total desde el inicio de la pandemia), 237 en la provincia de Alicante (8.087 en total) y 256 en la provincia de Valencia (15.118 en total), además de un caso nuevo sin asignar, de manera que continúa habiendo 6 casos sin asignar. La cifra total de positivos acumulados asciende a 26.032 personas.

Se han registrado 3 fallecimientos por coronavirus, por lo que el total de defunciones asciende a 1.521: 228 en la provincia de Castellón, 526 en la de Alicante y 767 en la de Valencia.

Por otro lado, se han dado 562 altas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 27.332. De ese total, 3.326 están en Castellón, 8.527 en Alicante y 15.412 en Valencia. Además, hay 67 altas no asignadas.

Los hospitales valencianos tienen actualmente 375 personas ingresadas: 41 en la provincia de Castellón, con 5 pacientes en UCI; 105 en la provincia de Alicante, 20 de ellos en la UCI; y 229 en la provincia de Valencia, 26 de ellos en UCI.

De esta forma, hay activos 5.880 casos, lo que supone un 16,93% del total de casos positivos. El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 853.422, de las que 710.563 han sido a través de PCR y 142.859 mediante test rápido.

LA SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

A día de hoy hay algún caso positivo en 41 residencias de mayores (3 en la provincia de Castellón, 17 en la provincia de Alicante y 21 en la provincia de Valencia), 6 residencias de personas con diversidad funcional (1 en la provincia de Alicante, 2 en la provincia de Castellón y 3 en la de Valencia) y 2 centros de menores (1 en la provincia de Castellón y 1 en la provincia de Valencia).

En la última jornada, se han detectado 7 nuevos positivos entre los residentes y 10 entre los trabajadores. Un usuario ha fallecido.

Se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 6 residencias: ninguna en la provincia de Castellón, 2 en la provincia de Alicante y 4 en la provincia de Valencia.

NUEVOS BROTES

Asimismo, en el último día se han detectado 28 nuevos brotes, de ellos 15 en la ciudad de Valencia, que van desde los tres casos los más pequeños a los 6 casos el más grande. Todos son de origen social menos uno, de origen vacacional.

El brote más grande en esta última actualización es el registrado en Calpe, con 19 casos y de origen vacacional.

También se han registrado brotes en Castelló (3 casos, origen social); Torrent (3 casos, origen laboral); Alberic (4 casos, origen social); La Nucía (5 casos, origen social); Benetússer (3 casos, origen social); Tavernes Blanques (7 casos, origen social); Catarroja (3 casos, origen social); Elche (5 casos, origen social); Benidorm (7 casos, origen laboral); Sagunto (3 casos, origen social); Meliana (6 casos, origen social) y Faura (5 casos, origen social).

REUNIONES PERIÓDICAS CON LOS MUNICIPIOS

Se ha anunciado también que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, mantendrá reuniones periódicas con los representantes de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que presenten mayor incidencia de casos.

El objetivo de estas reuniones, que se realizarán por provincias, es compartir con esos municipios la valoración de los datos epidemiológicos que efectúa Salud Pública y, desde esa visión técnica, solicitar la colaboración de los ayuntamientos a la hora de la adopción de medidas, presentes y futuras, para cortar la transmisión y proteger la salud de vecinos.

La convocatoria a esas reuniones de trabajo se hará en función de la evolución de la pandemia. Dentro del marco de dichas reuniones periódicas, se abordará en una de ellas la situación epidemiológica de la ciudad de Valencia.

Previsiblemente el Ministerio Fiscal recurrirá la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria, pues que ya lo hizo con el 100.2

El tercer grado que le ha concedido este jueves el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid a Iñaki Urdangarin no es ejecutivo, es decir, no se aplica de manera inmediata, y de hecho es previsible que sea recurrido por la Fiscalía en los próximos días, habida cuenta de que ya recurrió en marzo la concesión de un régimen flexible, aplicando el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que le permitía un par de salidas al mes.

El magistrado Florencio de Marcos ha estimado el recurso del cuñado de Felipe VI en el cual solicitaba su clasificación en tercer grado frente al acuerdo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que acordaba el mantenimiento en segundo grado y que en su día abogó por que se le aplicara ese artículo 100.2.

Dado que el Ministerio Público recurrió esa decisión, la ejecución quedó suspendida y a la espera de la decisión del tribunal sentenciador que en este caso era el de Palma, porque fue quien le condenó por el 'caso Noos'. La decisión no se hizo esperar y la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ordenó retirar el permiso de salida de dos fines de semana al mes.

En paralelo a ese recurso de la Fiscalía al 100.2, la defensa de Urdangarin también presentó recurso pidiendo un cambio de calificación a tercer grado, que es lo que ahora ha resuelto el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Según el auto del juez, "la presente resolución no es ejecutiva en tanto no alcance su firmeza" y contra la misma cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días o directamente de apelación en el plazo de diez desde su notificación. En caso de que llegue ese recurso, una vez más será el tribunal sentenciador quien tenga la última palabra.

LA DUREZA DEL RÉGIMEN DE CUMPLIMIENTO

En el auto de este jueves, además de reflejar los factores positivos concurrentes recogidos en el acuerdo de la Junta de Tratamiento, el magistrado añade el pago de la responsabilidad civil por parte del recurrente antes de su ingreso en prisión y, especialmente, la dureza del régimen de cumplimiento que se le ha impuesto en absoluto aislamiento por razones de seguridad y no como trato de favor para satisfacer su voluntad.

En tal sentido, se reproducen los argumentos recogidos en un reciente auto (13 de agosto) de este mismo Juzgado por el cual se aprobó al interno el régimen de flexibilidad (artículo 100.2 RP) y se vuelve a recordar el informe emitido por el Centro Penitenciario de Ávila, en el que se recoge cuál es el procedimiento que se sigue cuando ingresa en dicho centro un varón (hecho habitual) a pesar de ser un centro de mujeres desde la apertura del centro 1989.

Según tal protocolo, inmediatamente se produce el ingreso de un varón, tras unos trámites administrativos, son trasladados por decisión de la Administración al Centro Penitenciario de Segovia.

En otro Informe incorporado del director general de Ejecución Penal y Reinserción Social se recoge que el motivo por el cual el Iñaki Urdangarin no ha sido trasladado a un centro penitenciario de hombres, como en otros casos anteriores en los cuales concurrían circunstancias semejantes, obedece a razones de seguridad, más fácilmente controlables, y de mejor manera en el centro penitenciario en el que se encuentra ingresado.

Tales documentos confirmarían el criterio recogido en anteriores resoluciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Castilla y León y de la Audiencia Provincial de Ávila, frente a lo resuelto por la Audiencia Provincial de Mallorca y el Ministerio Fiscal, que sostenían que el motivo de permanecer en el Centro Penitenciario de Ávila obedecía a la mera voluntad de aquél y no a razones de seguridad.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 628 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas y dos fallecimientos, ambos en la provincia de Ciudad Real.

Por provincias, Toledo ha registrado 245 nuevos casos, Ciudad Real 188, Albacete 109, Guadalajara 71 y Cuenca 15. El total de casos acumulados desde el inicio de la pandemia es 27.953.

En total, Ciudad Real acumula 9.118 casos, Toledo 7.969, Albacete 6.041, Guadalajara 2.951 y Cuenca 1.874, ha informado la Junta en un comunicado.

Castilla-La Mancha continúa por debajo de la media nacional en cuanto a incidencia en los últimos 14 días por 100.000 habitantes con 198,39, mientras la media nacional es 212,98.

Respecto a la incidencia de los últimos siete días, la media nacional es 98,61 por cada 100.000 habitantes y la incidencia regional es de 91,2.

El número de hospitalizados en cama convencional es 277. Por provincias, Toledo tiene 132 de estos pacientes (98 en el Hospital de Toledo y 34 en el Hospital de Talavera de la Reina), Albacete 54 (43 en el Hospital de Albacete, 5 en el Hospital de Hellín, 3 en el Hospital de Villarrobledo y 3 en el Hospital de Almansa), Ciudad Real 46 (27 en el Hospital de Ciudad Real, 11 en el Hospital Mancha Centro, 3 en el Hospital de Manzanares, 3 en el Hospital de Valdepeñas, 1 en el Hospital de Tomelloso y 1 en el Hospital de Puertollano), Guadalajara 28 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara) y 17 en Cuenca (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Por otra parte, hay 39 pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos necesitando respirador. Por provincias, Toledo tiene 20 de estos pacientes, Ciudad Real 10, Guadalajara 5, Albacete 2 y Cuenca 2.

En las últimas 24 horas se han registrado 2 fallecimientos por COVID-19, ambos en la provincia de Ciudad Real. Así, el número de fallecimientos por coronavirus desde el inicio de la pandemia asciende a 3.121.

Por provincias, Ciudad Real acumula 1.132, Toledo 817, Albacete 584, Cuenca 318 y Guadalajara 270.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Un total de 39 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha cuentan con casos confirmados por infección de coronavirus. De estos 39 centros, 20 se encuentran en Toledo, 7 en Guadalajara, 5 en Ciudad Real, 6 en Albacete y 1 en Cuenca.

Los residentes de estos centros con caso positivo son 46 y el número de fallecidos son 1.346.

La Delegación provincial de Sanidad en Ciudad Real ha decretado el confinamiento de Bolaños de Calatrava ante el aumento de casos de coronavirus en los últimos días, convirtiéndose en la segunda localidad de la Comunidad donde se toma este tipo de medidas, tras las adoptadas en el municipio albaceteño de Villamalea.

Desde el pasado 26 de agosto ya se habían adoptado medidas especiales para frenar la expansión de casos que venían produciendo, pero la evolución de los mismos, con más de 180 casos, ha obligado a endurecer las medidas, según ha informado la Junta en un comunicado.

El confinamiento, durante un periodo de 14 días, limita la entrada y salida de personas al municipio, a excepción de desplazamientos con consideración urgente o por necesidad laboral, ha informado la Junta en un comunicado.

Se propone el cierre de centros sociales y bares, la supresión de visitas y salidas en Centros de Mayores y la supresión de actividades colectivas de ocio.

Se suspenden los espectáculos deportivos con asistencia de público y la supresión de mercadillos y mercados al aire libre. Se restringe el número de personas en velatorios a un máximo de 10 y se propone la suspensión de eventos sociales como bodas y bautizos.

Los centros escolares de la localidad realizarán un modelo educativo no presencial, garantizando en todo momento el derecho a la educación.

Desde el servicio de Epidemiología se está realizando un seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos, en colaboración con el equipo sanitario del Centro de Salud y las enfermeras de Vigilancia Epidemiológica, quienes recuerdan que es fundamental que todos los casos y contactos sigan sus instrucciones en cuanto a las medidas de aislamiento que deben seguir.

El Gobierno del Principado ha actualizado el protocolo para las personas residentes y usuarias de residencias de mayores para limitar las salidas según la situación epidemiológica del lugar donde esté ubicada.

Se trata de medidas ligadas a las salidas a los patios y jardines interiores y las salidas al exterior, que serán en zonas perimetrales para permitir las salidas con seguridad. Además, estas se ceñirán a cuestiones básicas, como relativas a temas médicos o tramites administrativos.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Bienestar y Derechos Sociales y portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha anunciado que a partir de ahora se van a limitar las salidas de los residentes a lo necesario y dentro de un espacio límite que marcarán los propios Ayuntamientos.

En ese sentido, ha indicado que esta medida se ha realizado intentando aunar la salud de los usuarios con sus derechos fundamentales.

Álvarez ha indicado que el Ejecutivo ve con "preocupación" la evolución de la pandemia en Asturias y ha recordado la 'alerta naranja' en cinco concejos del Oriente --Parres, Cangas de Onís, Cabrales, Llanes y Ribadesella--, además del brote declarado en la residencia de Arriondas.

En ese sentido, ha indicado que esta medida busca acompasar las decisiones en materia de salud pública en función de la evolución de la situación epidemiológica y, preguntada por si el Principado contempla medidas más duras como la tomada en la localidad cántabra de Santoña, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha indicado que si la situación empeora en los concejos del Oriente "habrá mayores restricciones".

"La protección de la salud de los asturianos es la prioridad y tomaremos las medidas necesarias teniendo en cuenta el criterio técnico de salud pública", ha señalado.

Creen que el cese de Chacón se debe a su "militancia política"

El portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, ha tildado de "purga política" la decisión anunciada este jueves por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, de sustituir a los consellers de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón; de Interior, Miquel Buch, y de Cultura, Mariàngela Vilallonga.

En rueda de prensa telemática, Solsona ha asegurado además que esta decisión no se les ha comunicado oficialmente ni al PDeCAT ni al presidente del partido, David Bonvehí.

Entre los cesados destaca la baja de Chacón, único miembro del PDeCAT que quedaba en el Ejecutivo, en una maniobra del presidente que llega tras la disputa entre JxCAT y el partido de Bonvehi por las siglas los primeros.

"Se ha querido silenciar la voz de un partido político dentro del Govern. Es un intento de operación para hacer desaparecer al PDeCAT de las instituciones. Ni decretos ni despachos ni nada harán desaparecer al PDeCAT: la palabra siempre la acaban teniendo los ciudadanos".

Por todo ello, Solsona ha defendido que su formación no comparte los cambios y que creen que se trata de un error: "En un momento de crisis social, sanitaria y económica, esta decisión puede romper el equilibrio interno del Govern. Ahora es momento de centrar el país y esta decisión creemos que no ayuda".

Ha afirmado que en los próximos días el PDeCAT se plantea convocar a los diputados de la formación en las diferentes Cámaras para valorar "el impacto de las decisiones tomadas" este jueves, con el objetivo de encarar el próximo curso político.

"En los próximos días se analizará cuál será el papel y la función del PDeCAT en un Govern donde el PDeCAT no está. En todo caso, la decisión de hoy nos reafirma que el PDeCAT tiene proyecto de futuro y que estará en las próximas elecciones. Y lo haremos de una forma positiva y dirigiéndonos a la ciudadanía catalana", ha dicho.

ÀNGELS CHACÓN

Sobre la decisión del cambio que afecta a Chacón, Solsona ha sostenido que este cese "solo se puede entender por motivos políticos, de hecho por militancia política".

"¿Sabemos por qué se ha cesado a la consellera Chacón, por ejemplo? ¿Ustedes lo saben? Nosotros no. Con esta pregunta tan simple es con la que intentamos articular y buscar los porqués", ha añadido.