El Partido Popular ha criticado este martes que la nueva ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, haya evitado calificar a Cuba como «una dictadura» en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros «mientras sigue la represión» en la isla.

Rodríguez se ha remitido al comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que se defiende el derecho a la manifestación en Cuba y ha evitado aclarar si el Ejecutivo considera una dictadura al actual Gobierno cubano, después de que uno de los partidos que conforma la coalición gubernamental, Unidas Podemos, señalara que no cree que el país caribeño tenga en la actualidad un sistema dictatorial.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha recalcado que, «mientras sigue la represión» en Cuba, la nueva portavoz del Ejecutivo ha evitado «calificar a Cuba como una dictadura».

«Sánchez, retratado», ha declarado Montesinos, en respuesta a las declaraciones de Rodríguez, quien ha sido preguntada en rueda de prensa por la posición de su socio de Gobierno sobre el sistema de Gobierno en Cuba.

Según Montesinos, el Ejecutivo «se radicaliza aún más» porque «Podemos toma las riendas de la política internacional«. «Exigimos la defensa de los demócratas y romper con los dictadores», ha asegurado en Twitter.

«EMPEZAMOS BIEN»

También la responsable de Internacional del PP, Valentina Martínez, ha criticado las declaraciones de Isabel Rodríguez. «Empezamos bien: pregunta a la portavoz en el Consejo de Ministros: ‘¿Cuba es una dictadura?’ Respuesta: ‘España es una democracia, no puedo ser más contundente'», ha afirmado.

En parecidos términos se ha expresado el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Pablo Hispán, quien ha indicado que ya saben «con quién está el Gobierno, con quienes reprimen a los que piden libertad y democracia para Cuba».

«Es lógico, calificar al paraíso socialista como dictadura es inasumible para Pedro Sánchez», ha resaltado el diputado del PP por Granada en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicado este martes que el informe del gabinete jurídico del Govern avala un toque de queda nocturno pero que esté limitado a las zonas más afectadas por la pandemia y no para aplicarlo de manera homogénea en toda Cataluña, ya que para ello sería necesario el estado de alarma.

En rueda de prensa tras reunirse con el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha afirmado que la posibilidad de aplicar el confinamiento nocturno si es necesario ampliar las restricciones anunciadas el lunes por el Govern «está sobre la mesa» y que en las próximas horas tomarán una decisión al respecto.

Aragonès ha asegurado que, si se acaba aplicando, deberá cumplir las condiciones que indica el informe jurídico y ha subrayado que quiere seguir hablando con los ayuntamientos para «garantizar la correcta aplicación» de esta medida.

El presidente catalán ha dicho que este informe recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo y valora la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que autorizó un confinamiento nocturno en 32 localidades valencianas.

Así, establece las condiciones que, según el gabinete jurídico de la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) podría avalar para que se aplique un hipotético confinamiento nocturno.

ESTADO DE ALARMA

De esta manera, lo condiciona a que sirva para revertir los contagios, que se hayan tomado previamente todas las medidas posibles, que el toque de queda sea un último recurso, y que se aplique «de forma quirúrgica» en las zonas en las que esté justificado según los indicadores de la pandemia.

Según Aragonès, el informe argumenta que para hacer un confinamiento nocturno de forma homogénea en todo el territorio catalán sería necesario solicitar la aplicación del estado de alarma.

Ante esta valoración del gabinete jurídico, el jefe del Ejecutivo catalán ha garantizado que, si el Govern acaba decidiendo aplicar de nuevo un toque de queda nocturno, se hará siguiendo estas condiciones: «Tendrá que ser forzosamente en los territorios de Cataluña con más incidencia y con una correlación clara con los indicadores de la pandemia que nos indican dónde hay más gravedad» de la situación del coronavirus.

«PASO A PASO»

Sin embargo, ha insistido en poner en valor las restricciones anunciadas el lunes, que se aplicarán antes del fin de semana si el TSJC las ratifica, y ha pedido no avanzar escenarios: «Vamos paso a paso. Tenemos las medidas anunciadas ayer que tendremos aplicadas esta semana», y si ven necesario ampliarlas, una de las posibilidades sobre la mesa es el confinamiento nocturno.

Aragonès ha subrayado la importancia de ser «cuidadosos» desde el punto de vista jurídico para aplicar este hipotético toque de queda y también para asegurar su correcta gestión junto a los ayuntamientos.

Considera que no se trata de una decisión simplemente jurídica, ya que también hay que saber cómo gestionar el espacio público junto a las administraciones locales y esto es lo que quiere abordar con los ayuntamientos en las próximas horas antes de decidir si se aplica el confinamiento nocturno.

Además, ha advertido que el Govern hará todo lo que esté en sus manos para detener esta quinta ola de la pandemia y ha apuntado la necesidad de que se haga a través de medidas sólidas que se puedan mantener en el tiempo: «No nos temblará el pulso».

El perito ingeniero Javier Rubio Alamillo, que afirmó que los mensajes que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez protocolarizó ante notario están «manipulados», comparecerá este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza separada ‘Kitchen’.

Y lo hará a propuesta de la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que solicitó en noviembre de 2020 al juez que citara al perito para que ratificase y aclarase su dictamen, que fue presentado después del careo que el magistrado celebró entre el exministro y el que fuera su ‘número dos’.

Dicho informe de parte sostiene que los mensajes que el exsecretario de Estado registró ante notario, en los que supuestamente el exministro le pediría que se informara sobre el operativo parapolicial creado en 2013 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, presentan «notables irregularidades» y por tanto adolecen «de una alta probabilidad de manipulación».

Fue en una providencia con fecha de 10 de junio cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, resolvió sobre la propuesta de la defensa de Fernández Díaz, en el marco de esta línea de investigación en la que se indaga en la operación policial orquestada para sustraer documentación sensible para el PP y que estaba en poder de Bárcenas, con el objetivo de que no llegara al juzgado que investigaba la Gürtel.

La comparecencia de Rubio Alamillo llega dos días después de que Francisco Martínez compareciese precisamente ante el magistrado, ante el que negó cualquier conocimiento sobre la existencia de este presunto operativo, rechazando en concreto que acudiera a una reunión con el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el abogado Javier Iglesias en la sede de Génova, en contra de lo anotado por el comisario José Manuel Villarejo en sus agendas personales.

ANÁLISIS DE LAS DOS ACTAS NOTARIALES

En su dictamen, el perito analizó las dos actas notariales levantadas sobre dichos mensajes de texto y concluyó que la elaborada en junio de 2019 por el notario de Mahón (Menorca) Alberto Vela Navarro-Rubio «toma las suficientes precauciones como para no afirmar que los mensajes que van a ser protocolizados proceden de Fernández Díaz, sino que afirma que es el requirente el que se lo manifiesta o se lo indica».

Además, el informe pericial resalta que el propio notario «mutila» los mensajes, «reconociendo que desecha los de la conversación que no son objeto del requerimiento, cercenando la integridad que debe revestir cualquier conversación mantenida a través de mensajería instantánea».

Sobre los dos pantallazos de los que elevó acta el perito destacó que en ninguno de ellos se aprecian «elementos adyacentes como la hora o la señal de la cobertura» propias de las pantallas de los móviles, y sólo se ven los mensajes propiamente dichos, «lo cual es francamente extraño, porque en cualquier aplicación de mensajería, se puede observar al menos el nombre del remitente del mensaje».

Este acta notarial estaría relacionada con dos mensajes que habrían sido enviados en el verano de 2013: en el primero, Fernández Díaz habría encargado a Martínez que averiguara si el chófer del extesorero era un confidente policial; y en el otro, sería el exsecretario de Estado el que conmina al ministro a hablar después de que éste «tenga el contacto Cecilio», que es como se denomina al CNI en el argot policial.

MENSAJE SOBRE EL «ÉXITO» DE LA OPERACIÓN

La segunda acta notarial, que levantó el notario Enrique A. Franch Quiralte, estaría relacionada con un mensaje en el que se informaría de que «la operación se hizo con éxito», en referencia al volcado de la información que contenían «2 iphones y 1 Ipad» que serían del extesorero del PP.

El perito de parte pone el foco en que este segundo notario deja por escrito que no es él quien manifiesta que el ex ‘número dos’ de Interior reciba los mensajes de Fernández Díaz, «sino que es el propio requirente el que lo hace y el notario así lo refleja».

Asimismo, sobre el pantallazo que se aporta con el mensaje, decía que si bien parece provenir de «un tal Jorge», el nombre no va unido a un número de teléfono concreto «por lo que puede ser perfectamente un mensaje recibido de cualquier número al que el requirente hubiera almacenado en la agenda como ‘Jorge’, ya que el número no puede verse y los nombres de la agenda de un móvil pueden modificarse a placer».

Pero iba más allá y apuntaba que ese mensaje incluso podría haber sido creado «mediante una aplicación falsa» de tal manera que el notario, «que no es un experto», no sería capaz de discernir entre un mensaje SMS auténtico y la aplicación falsa o ‘fake’. Así, el perito destacó que para determinar la autenticidad e integridad de los mensajes, «sería necesario realizar un análisis forense del terminal que, en este caso, obviamente no se ha producido».

Los obispos cubanos han invitado a «ejercitar la escucha» y no recurrir a «la violencia» que «engendra violencia», ante las protestas que se están llevando a cabo en distintas ciudades del país por «el deterioro de la situación económica y social» que «se ha acentuado de manera significativa».

«La violencia engendra violencia, la agresividad de hoy abre heridas y alimenta rencores para mañana que costará mucho trabajo superar, por eso invitamos a todos a no incentivar la situación de crisis, sino con serenidad de espíritu y buena voluntad, ejercitar la escucha, la comprensión y la actitud de tolerancia, que tenga en cuenta y respete al otro para juntos buscar caminos de una justa y adecuada solución», subrayan los prelados.

Según añaden los obispos, no pueden «cerrar los ojos o entornar la mirada, como si nada estuviera sucediendo», ante los acontecimientos que se están viviendo, «donde en medio de las restricciones por el aumento de contagio con el Covid-19 y, a pesar de ello, salieron a las calles miles de personas en ciudades y pueblos de Cuba, protestando públicamente, expresando su malestar por el deterioro de la situación económica y social» que viven «y que se ha acentuado de manera significativa».

Asimismo, muestran su «preocupación» por que las respuestas a esos reclamos «sea el inmovilismo que contribuye a dar continuidad a los problemas, sin resolverlos». «No solo vemos que las situaciones se agravan, sino, también que se camina hacia una rigidez y endurecimiento de posiciones que pudieran engendrar respuestas negativas, con consecuencias impredecibles que nos dañarían a todos», avisan.

Los prelados dicen entender «que el Gobierno tiene responsabilidades y ha tratado de tomar medidas para paliar las referidas dificultades», pero también comprenden «que el pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades, anhelos y esperanzas y, a su vez, a expresar públicamente cómo algunas medidas que han sido tomadas le están afectando seriamente».

En este contexto, advierten de que «no se llegará a una solución favorable por imposiciones, ni haciendo un llamado a la confrontación, sino cuando se ejercite la escucha mutua, se busquen acuerdos comunes y se den pasos concretos y tangibles que contribuyan, con el aporte de todos los cubanos sin exclusión, a construir la Patria con todos y para el bien de todos».

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado este martes un convenio para la protección de la náyade auriculada (Margaritifera auricularia), el molusco más amenazado de España.

Este acuerdo, suscrito entre el Ministerio, el Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Ebro, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Aragón, busca proteger a uno de los moluscos de agua dulce más escasos en el país.

En la actualidad, la náyade auriculada, también conocida como margaritona, se encuentra presente únicamente en la cuenca del río Ebro y en cuatro de sus comunidades autónomas: Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña.

La especie ha visto disminuir sus poblaciones de forma drástica desde principios del siglo XX. Por esta razón, se encuentra incluida en la categoría «en peligro de extinción» dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas y declarada «en situación crítica» por la Orden de 28 de septiembre de 2018 por la que se declara de interés general las obras y proyectos encaminados a su recuperación.

El convenio aprobado este martes articula la colaboración entre los distintos organismos implicados en actuaciones para la conservación de la náyade. La medida más destacable del acuerdo es la creación de un centro de cría y recuperación de la Margaritifera, una vez que las técnicas de reproducción ‘ex situ’ se han ido perfeccionando gracias a investigaciones desarrolladas a lo largo de la última década.

Para ello, el MITECO realizará las actuaciones necesarias para la construcción del centro y procederá a la contratación o encargo a medio propio de los trabajos de redacción de proyecto y edificación del complejo. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro se compromete a aportar los terrenos e infraestructuras necesarias para llevar adelante la obra.

España trabaja desde 2007 en la protección de la náyade auriculada a través de la Estrategia para su conservación. Este documento recoge las líneas básicas de actuación y medidas para la conservación de la especie, y sirve como exponente de las actuaciones que las diferentes Administraciones Públicas están llevando a cabo de forma ininterrumpida y como referente para elaborar o revisar los Planes de Recuperación de las Comunidades Autónomas.

Su objetivo es promover las acciones necesarias para disminuir significativamente su elevada probabilidad de extinción, así como detener e invertir el actual proceso de regresión de la especie controlando sus amenazas, según informa el MITECO.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal que prorrogue seis meses la investigación del llamado caso ‘Soule’, sobre las presuntas irregularidades en la gestión de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que vence el próximo 29 de julio.

La fiscal, en un escrito del pasado 1 de julio, considera que «de lo actuado resulta previsible que no pueda finalizarse la instrucción antes de dicha fecha», a pesar de que las pesquisas comenzaron hace más de cuatro años.

Y ello, esgrime, porque habría «un elevado número de personas» implicadas, recordando en este sentido que ya han declarado más de 30 investigados, si bien está pendiente resolver sobre la comparecencia de nuevos testigos a instancia de una de las partes.

Además, recuerda al juez que «se ha acordado la elaboración de diversos informes periciales cuya complejidad, atendida tanto la materia como la ingente documentación cuyo examen exigen, conlleva que aún no hayan podido ser finalizados».

Se refiere a los informes encargados a la Agencia Tributaria, que hasta ahora solo ha elaborado algunos «informes de avance», a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y al Consorcio de Compensación de Seguros.

La Audiencia Nacional ha pedido a la IGAE que analice las operaciones de la Liga y la REEF; la distribución del porcentaje del 1% o del 4,55% de la recaudación por las apuestas mutuas deportivas destinadas a obras de campos de fútbol no profesional; y la regularidad en la contratación y en el pago de distintas obras con cargo a esos fondos.

Del Consorcio de Compensación de Seguros espera un informe sobre cuestiones referidas a la contratación y las operaciones efectuadas en la Mutua de la RFEF o de sus delegaciones territoriales.

A juicio del Ministerio Público, lo más probable es que, tras recibir los tres informes, sea necesario acordar nuevas diligencias, por lo que pide extender seis meses la instrucción.

«MÚLTIPLES Y GRAVES IRREGULARIDADES»

Según señala la fiscal, en el caso ‘Soule’ «se investigan un gran número de hechos relacionados con la posible comisión de múltiples y graves irregularidades en el ámbito de la gestión de RFEF, de las diferentes Federaciones Territoriales de Fútbol y de organismos vinculados a ellas», como la fundación y la mutua.

Estas irregularidades se habrían cometido por parte de los principales dirigentes de estos organismos o con su conocimiento y consentimiento para «enriquecerse y /o favorecer el enriquecimiento de terceros a costa del patrimonio de dichas asociaciones».

A tal fin, «se habría creado un entramado societario que habría permitido la desviación de fondos (tanto públicos como privados) de dichas asociaciones a sociedades vinculadas con ellos, estableciendo asimismo un clientelismo tanto en la contratación del personal, que recaería fundamentalmente en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios» a empresas vinculadas a la presunta trama.

«Estos hechos habrían conllevado un perjuicio para los organismos afectados al estarse permitiendo la desviación de fondos al patrimonio personal de los investigados o de terceros vinculados a ellos», indica la Fiscalía Anticorrupción.

Los implicados compartirían «una unidad de propósito y dirección», pero «cada uno de los investigados jugaría un papel específico dentro de una operativa compleja cuyo objetivo final sería el de favorecer ilícitamente intereses particulares, actuando al margen de los criterios técnicos y jurídicos».

Todo ello sería constitutivo de presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, corrupción entre particulares y contra la Hacienda Pública, «sin perjuicio de ulterior calificación».

Por ello, subraya la fiscal, la investigación está exigiendo «la práctica de diferentes informes periciales que implican a su vez el examen de un muy elevado volumen de documentación intervenida, el análisis de la contabilidad de distintas entidades y el estudio de numerosas cuentas bancarias».

Los miembros del Consejo de Administración de Sniace entre 2008 y 2010 han coincidido en que los vertidos contaminantes de la fábrica de Torrelavega al río Saja-Besaya durante esos años estaban «amparados» por la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria había concedido a la empresa.

«Nosotros considerábamos que podíamos verter al dominio público hidráulico», ha manifestado el entonces presidente de la compañía, Blas Mezquita, para quien la AAI «amparaba» ese vertido y, además, no hubo «ninguna comunicación» en sentido contrario.

Se ha pronunciado así, y en el mismo sentido que otros seis exconsejeros y del que fuera jefe de operaciones de la compañía, en la primera sesión del juicio contra ellos por un presunto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente. Cada uno se enfrenta a la pena de 16 meses de prisión que pide la fiscal, a los primeros por omisión y al segundo como autor material del ilícito.

En la vista, en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander, todos han coincidido asimismo en que el responsable de los temas medioambiantes en el complejo fabril era otro integrante del órgano administrativo no imputado por estos hechos -Gómez de Liaño, que dimitió del cargo tras ser condenado por el Supremo por un delito ecológico también por vertidos-, pues «llevaba la voz cantante» en la materia.

En este sentido, se han referido a una advertencia que les hizo a finales de 2009 acerca de un «peligro» que representaban los vertidos, «inherentes» a la actividad fabril, al río, y ante la que los consejeros acordaron de forma «unánime» que pararían la producción y cerrarían la planta en «48 horas» si la administración no los autorizaba, modificando para ello la AAI.

En la vista, desarrollada en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas y retomada tras la suspensión acordada en febrero -porque el abogado de Mezquita había sido contacto estrecho de un positivo Covid-, los acusados han remarcado que la administración sabía que Sniace estaba vertiendo al río, que además «estaba constantemente testado». «Todo el mundo era conocedor de la situación», ha asegurado el expresidente, para enfatizar que, pese a ello y a las inspecciones que se realizaban, «nadie dice nada».

La representante del ministerio público, –que también reclama a los enjuiciados multa de 6.000 euros e inhabilitación para actividades relacionadas con vertidos al medio natural durante 20 meses–, considera que en el momento de los hechos la empresa carecía de autorización para verter las aguas de su proceso industrial al río, ya que la Confederación Hidrográfica del Norte revocó en 2006 la concedida en 2002 por el carácter «abusivo» de los vertidos.

Dos años después, en 2008, Sniace obtuvo la AAI para verter a la ría de San Martín mediante un colector de industriales y únicamente las aguas de refrigeración y pluviales o de escorrentería al Saja-Besaya. Pero según la Fiscalía, el conducto no estuvo en funcionamiento y la empresa continuó vertiendo de forma «continúa y reiterada» al cauce, sin respetar los parámetros acordados y alterando «gravemente» la calidad de las aguas.

A este respecto, el entonces presidente de la empresa -dimitió en enero de 2019, tras su imputación- ha admitido que conocía la citada revocación del organismo de cuenca así como la concesión de la AAI, pero se ha mostrado en desacuerdo con que la misma fuera para verter en la ría (dominio público marítimo-terrestre) y no en el río (hidráulico).

Mezquita, que al igual que los otros consejeros ha reconocido que sabía de los vertidos pero ha negado su responsabilidad en los mismos, ha esgrimido que con la negociación de la AAI y su concesión se abrió un periodo «transitorio» con varias fases de actuación.

En la primera, ha indicado, se establecieron 18 meses para que Sniace construyera una depuradora (a la que destinó 24 millones de euros) y la administración un colector, que se demoró dos años. En este punto, ha señalado que el plazo fijado inicialmente se prorrogó después ante el citado aviso de parar la fábrica en 48 horas.

Al hilo, ha aseverado que no recibieron «ninguna» indicación sobre la posibilidad de verter sin esas infraestructuras, y ha remarcado que la compañía venía pidiendo desde 2007 hacerlo en la ría, aunque no consiguió la autorización hasta 2010 porque faltaba un tramo del colector.

También ha destacado la inversión cercana a los 100 millones del plan de vertidos de Sniace, compuesto por «un montón» de actuaciones para «acomodar» la actividad fabril a las autorizaciones.

TODO EL MUNDO CONOCÍA LOS VERTIDOS Y NADIE DICE NADA

El que fuera jefe de operaciones de la empresa, Francisco González Payno, ha asegurado por su parte que si bien «no sabía qué tipo de autorización había para verter al río», estaba «convencido» de que la tenía con la AAI.

«Había una autorización tácita: todo el mundo sabía que nosotros estábamos vertiendo al río», ha expresado el exdirectivo, para indicar que cuando llegó al puesto, en enero de 2008, ya se estaba vertiendo al río y se siguió haciendo, pero «curiosamente nadie dice nada». Además, ha aseverado que ni él ni ningún otro trabajador de la fábrica «tenía el papel» de la AAI.

En cambio, ha señalado que Gómez de Liaño «sí sabía todo ese asunto», y ha sentenciado: «Yo nunca he hablado con el consejo de administración de Sniace».

Los demás consejeros acusados se han pronunciado en similares términos al expresidente, reafirmando que todos los temas medioambientales tratados en el órgano de administración están recogidos en las correspondientes actas de sesiones, que se celebraban en Madrid, salvo la de verano que tenía lugar en Torrelavega.

Han coincidido así en que el director de operaciones imputado «jamás» ha comparecido o informado en una reunión del consejo, como ha apuntado Jesús Manuel Zaballa, que no se leyó «al detalle» la AAI pero los técnicos -ha dicho- les trasladaban que los vertidos estaban «amparados» por esa autorización. «Si te informan y es cierto, no tienes porqué leerte el tocho entero», se ha justificado. «Somos cabales: lo primero es el cumplimiento de la ley», ha remachado.

Otro de los procesados, Manuel Huerta, ha esgrimido en este sentido que su especialidad es la traumatología y por eso «no me meto en profundidades» como temas medioambiantales, apuntando al respecto que era Gómez de Liaño quien llevaba estos asuntos al consejo, donde se trataban y se tomaban decisiones conjuntas. Y «cuando terminaba, nos íbamos a comer todos».

Víctor Guzmán del Pino, que es economista -«sé de contabilidad»- también ha señalado a Gómez de Liaño, que era asesor y secretario del consejo, como la persona que les informaba de que se estaba «cumpliendo escrupulosamente» con la normativa medioambiental y «nunca» hizo advertencia alguna en sentido opuesto. Frente a ello, ha aseverado que al jefe de operaciones no le «conocía de nada».

Julio Antonio García ha coincidido con sus compañeros consejeros en que era «completamente ajeno» a la operativa diaria de la factoría, y estaba convencido del «riguroso cumplimiento» de la normativa medioambiental. De su lado, Antonio Temes Hernández ha incidido en que las «grandes decisiones» en la materia las tomaba el consejo, pero en base a informes y con el objetivo de cumplir «escrupulosamente» la normativa.

Juan Yago Hernández ha aclarado que no existía una «designación específica» de un consejero de medio ambiente pero sí una «función asumida» por Gómez de Liaño. «En mis manos no he tenido jamás un informe medioambiental», ha zanjado, para referirse a la AAI como la «única» información que tenían, cuyo «nombre hace pensar que tenemos autorización para verter y en el mismo punto donde siempre».

La vicesecretaria jurídica de Vox ha presentado una querella contra una usuaria de Twitter –@Martuniki–, por haber publicado dos tuits en los que vinculaba al partido liderado por Santiago Abascal con el asesinato del joven Samuel Luiz en La Coruña.

Vox ha alegado en su querella que la mujer podría haber incurrido en «delitos de calumnias –por imputar un hecho delictivo falsamente–; injurias –por lesionar la dignidad y menoscabar la imagen pública de la tercera fuerza política de España–; y de odio –por generar hostilidad y discriminación contra esta formación política–«, según ha informado el partido en un comunicado de prensa.

En la misma nota, la formación ha asegurado que antes de interponer la querella los servicios jurídicos del partido presentaron la demanda de un acto de conciliación en los juzgados de primera instancia del municipio en el que reside la denunciada.

Vox ha reprochado a la mujer que el pasado 4 de julio publicara «graves acusaciones» en un primer tuit horas después de que «los juzgados que investigaban el asesinato habían decretado secreto de sumario y sin que hubiera el más mínimo indicio sobre la autoría de los hechos».

LOS MENSAJES

Según recoge el comunicado de la formación, desde el usuario @Martuniki se publicó un mensaje que decía: «Toda la vida criando un hijo, velando su sueño y, cuando estás contenta porque es auxiliar de enfermería, porque es buena persona, porque ya pasó lo peor, vienen una manada de hienas y te lo matan porque no vive y ama según el canon. Esto es VOX, eso es la ultra derecha».

En una segunda publicación añadió: «La ultra derecha los considera enfermos, los quiere fuera de la sociedad y trae estos monstruos, la ultra derecha está tras esto aquí, en Rusia, en Turquía…».

Según, el primero de los tuits ya no figura en el perfil de la denunciada porque fue «eliminado por su autor», como así consta en la red social.

La página web ‘Murciacontralatrata’ aúna todas las ponencias y experiencias que se aportaron en el primer Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual, que se celebró en el Auditorio El Batel de Cartagena en octubre del pasado año y en el que participaron más de 2.000 personas, entre ellas expertos de reconocido prestigio que trasladaron su punto de vista sobre esta lacra que afecta principalmente a mujeres y niñas en todo el mundo.

La consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, ha presidido este martes el acto de presentación de la web y ha señalado que «la intención es recoger en un catálogo audiovisual las ponencias, de tal modo que se pueda seguir contribuyendo a la transferencia del conocimiento en materia de prevención y sensibilización frente trata de personas con fines de explotación sexual».

Franco ha asegurado que este tipo de explotación «es una lacra que cercena algunos de los derechos fundamentales de las personas, las priva de libertad y constituye una de las formas más crueles de violencia hacia las mujeres y niñas en nuestra sociedad», según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

PARTICIPACIÓN DE LA MESA SOCIAL DE TRATA

La puesta en marcha de la web se ha impulsado desde la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, la Universidad Politécnica de Cartagena y el Ayuntamiento del municipio. Además, participa la Mesa Social de Trata de la Región, integrada por las seis entidades (Programa Oblatas, Apramp, Accem, Cruz Roja, Cats y Fundación Cepaim) que trabajan en la Región de Murcia en la prevención, actuación integral y asistencia a víctimas de trata.

La citada mesa es un grupo de trabajo técnico que se reúne desde hace dos años de forma periódica para abordar la problemática de la trata con fines de explotación sexual en la Comunidad y la atención que se presta a las víctimas.

Todas las entidades e instituciones participantes que componen el comité organizativo, señalan la importancia de esta plataforma virtual, a modo de catálogo digital, que pretende facilitar el acceso a las experiencias y estrategias más innovadoras de la mano de reconocidos profesionales de los ámbitos civil y académico.

Así, la plataforma aporta conocimiento y herramientas metodológicas para tratar de erradicar y prevenir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, al tiempo que expone políticas públicas y actuaciones para combatir esta explotación que pueden sufrir mujeres, niños y niñas en la Región.

La página irá progresivamente sumando contenido al del I Congreso Internacional sobre la Trata, ya disponible, con las aportaciones que vayan haciendo las entidades que conforman la Mesa Social de Trata de la Región.

El congreso del PPdeG, que tendrá lugar este viernes y el sábado en Santiago, contará con la presencia de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular con responsabilidades de Gobierno. A fecha de hoy, tienen confirmada su asistencia al cónclave el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

Todos ellos se suman a los ya confirmados Teodoro García Egea y Pablo Casado, que asistirán a las jornadas de viernes y sábado, respectivamente.

Además, los presidentes del PP en Extemadura, José Antonio Monago; en Asturias, María Teresa Mallada de Castro; y en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; así como la secretaria general del Partido Popular vasco, Laura Garrido, participarán en un evento que se celebra un año después de la cuarta victoria electoral consecutiva y por mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo en Galicia.

El acto también contará con la presencia de la presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, y de los vicesecretarios Jaime de Olano, Ana Beltrán y Antonio González Terol.

A pesar de que tanto el programa como el número de asistentes e invitados están por cerrar, el PPdeG ha agradecido este martes «el interés» con el que tanto la dirección nacional de la formación como el resto del territorio están afrontando este cónclave.

Los populares gallegos recuerdan que Galicia no solo es «la cuna del Partido Popular que fundó Manuel Fraga hace 45 años», sino que también «es una tierra que ostenta dos importantes hitos en la política española».

TERRITORIO «SIMBÓLICO»

«En primer lugar, es el ejemplo de que es compatible ser una nacionalidad histórica con tener un profundo respeto por la unidad de España y por la Constitución de 1978; y, en segundo lugar, cuando todo el país padecía los efectos de la inestabilidad política del multipartidismo y de las opción políticas más extremas, los gallegos apostaron por un Gobierno estable, por la unificación del centro-derecha en torno a las siglas del PP y por dejar fuera del Parlamento a Ciudadanos, VOX y Podemos», recalcan los populares.

Así las cosas, los populares gallegos recalcan que Galicia es «un territorio simbólico» para el PP e inciden en su agradecimiento por la significativa presencia de dirigentes de la formación en el congreso que revalidará el liderazgo de Feijóo por quinta vez.

‘UN CAMINO POR RECORRER’

El 17º cónclave autonómico tiene por lema ‘Un camino por recorrer», un eslogan que recoge la intención de la formación de no vivir de los logros cosechados hasta el momento, sino que trabaja «por todos los retos que aún quedan por conseguir con la vista puesta en la Galicia del futuro».

Los populares quieren continuar actualizándose y renovándose siempre de la mano de los gallegos, para seguir avanzando así en el camino de las mejoras económicas y las bajadas de impuestos –que forman parte de las ponencias–, del blindaje de los servicios sociales públicos y de calidad, y de la apuesta por ser un partido «cada vez más abierto y accesible».

El congreso que se desarrollará los días 16 y 17 de julio será presidido por el presidente del PP de Pontevedra, Rafael Domínguez, uno de los referentes urbanos del PPdeG, que mejoró el resultado del partido «en un momento de especial dificultad electoral y en una ciudad en la que gobiernan los nacionalistas».

Por su parte, como vicepresidenta de la Mesa ejercerá Marta González, diputada en el Congreso e integrante del PP de Santiago, urbe que acoge este evento, después de ser trasladado, precisamente, de la ubicación inicialmente prevista en Pontevedra.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado para el próximo 27 de julio a Ahmed Tarouzi como testigo de las presuntas torturas del Frente Polisario, tal y como había solicitado la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEHD).

En una providencia del 13 de julio, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ha concedido parte de la petición de la asociación, que consideraba clave la declaración de los tres hombres «secuestrados» durante años por el Frente Polisario y que habrían sido testigos del «exterminio» denunciado en la querella presentada contra varios miembros de la organización, incluido su líder, Brahim Ghali.

Así, el juez ha acordado tomar declaración a Tarouzi el 27 de julio a las 10.45 horas porque aparece citado en la querella inicial implicando a Ghali en los hechos denunciados, pero ha denegado la de los otros dos testigos propuestos por ASADEHD, siguiendo de esta forma el criterio del Ministerio Fiscal.

El magistrado, que el pasado 29 de junio dio traslado de la petición de ASADEDH al Ministerio Fiscal para que informase sobre la pertinencia o no de dichas testificales, no ha aceptado la declaración de Rigasse Nabat y de Marel Hammadi Chaza, tal y como había expuesto el fiscal en el citado informe.

En el mismo, el fiscal señala que el escrito presentado por ASADEDH en el que se pide la diligencia no se expone la relación de estos dos testigos con los hechos contenidos en las querellas y ampliaciones de querella presentadas. De igual forma, en los citados documentos no aparecerían relacionados los testigos como víctimas de torturas cometidas por alguno de los querellados.

«Tampoco en el escrito de proposición de prueba se exponen los hechos de los que fue víctima Rigasse Nabat ni por supuesto quien los causó. Solamente se señala que fue ‘acusado de pertenecer a la supuesta Red de los Tekna’.», explica el fiscal en el informe.

RECHAZA MÁS DECLARACIONES PORQUE «NO APORTARÍAN» NUEVOS ELEMENTOS

En cuanto al segundo testigo propuesto, el fiscal apunta que el escrito de la asociación indica que «fue secuestrado en los campamentos de Tindouf desde el 27 de diciembre de 1997 a mediados del año 1985.» En este caso, tampoco se identificaría al autor de la detención ilegal sufrida y si se trata de alguno de los querellados. «Por tanto, las diligencias de prueba se consideran son inútiles para la instrucción de la causa, en cuanto que de acordar su práctica no aportarían nuevos elementos probatorios», justifica en el informe.

ASADEHD propuso al instructor que interrogase a estos tres hombres, que habrían estado detenidos por el Frente Polisario varios años en un periodo temporal que va desde finales de los 70 a principios de los 90 porque «se trata de testigos presenciales de los hechos relatados en la querella», de modo que considera «obligada» esta diligencia.

ASADEHD PEDÍA CITAR A TRES «TESTIGOS DEL GENOCIDIO»

Según la asociación saharaui, «todos fueron testigos del genocidio, la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado por motivos raciales, políticos y religiosos, pudiendo identificar y señalar a los torturadores mencionados en la presente querella».

ASADEHD señalaba que, si se entiende «por genocidio la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos, es evidente que lo que se ha ido produciendo en el Frente Polisario, y desde sus comienzos, cabe perfectamente en esta descripción».

Así, en su escrito la asociación se adentraba en un relato sobre la vida del Polisario y sus presuntos abusos en cada etapa. Hacia mediados de los 70, le culpa de lanzar una campaña de «limpieza étnica» contra una de las minorías más numerosas del pueblo saharaui, los tekna. Muy pocos jóvenes de estas tribus se salvaron de las desapariciones forzosas y muchos siguen desaparecidos, afirmaba ASADEHD.

En esa época, denunciaba que el Polisario también persiguió a los pobladores del ex Sáhara español y, poco después, encarando el final de la década, los abusos se habrían dirigido contra los aitusa y los yegutt. «Muchos de los que terminaron salvando sus vidas relatan ahora los horrores que vivieron y cómo se les dejó claro durante las sesiones de tortura que solo se les acusaba de ‘ser quienes eran y de pertenecer a los ámbitos tribales a los que pertenecían'», añadían.

OTRO TESTIGO PENDIENTE

Al margen de la declaración de Tarouzi, Pedraz tiene pendiente tomar declaración el próximo 27 de julio a un testigo requerido por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica, que también se ha querellado contra Ghali.

Se trata de un hombre que habría estado detenido en la misma cárcel que Breica y que habría presenciado las torturas que el activista saharaui habría sufrido a manos del Frente Polisaro. Estaba previsto que compareciera el pasado 29 de junio, pero no pudo ser debido a problemas con la obtención del visado para entrar en España.

Ese día sí comparecieron el propio Breica, que ratificó su relato sobre lo que le habría ocurrido en 2019 en los campamentos de Tinduf (Argelia), así como su mujer y otro hombre con el que compartió prisión. Según la querella, al llegar allí agentes del Polisario lo amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

La querella formulada por Breica, que inicialmente fue archivada por el juez José de la Mata –ahora en Eurojust–, fue reactivada por Pedraz el pasado mes de enero, aunque acotando que lo hechos denunciados no encajarían en el delito de lesa humanidad al no haber indicios de un ataque generalizado a la población civil.

Poco después, el juez admitió una segunda querella, firmada por ASADEDH contra Ghali y otras 27 personas por el maltrato al que habrían sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, «especialmente» a los de origen español.

El Govern balear se querellará contra el influencer Naim Darrechi por abuso sexual mediante engaño a un número indeterminado de mujeres, por la incitación a la violencia contra las mujeres y contra su libertad sexual, derechos sexuales y reproductivos y contra los delitos que puedan surgir a razón de la instrucción.

Desde la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad han concretado este martes en una nota de prensa, que la consellera y presidenta del Instituto Balear de la Mujer, Mercedes Garrido, extenderá la solicitud a aquellas personas o entidades que al amparo del artículo 31 del Código Penal resulten ser autores o cooperadores necesarios.

Las declaraciones realizadas por el citado influencer publicadas en sus redes sociales hacen referencia a la eyaculación sin preservativo engañando a las mujeres con las cuales mantiene relaciones sexuales, en un canal que tiene más de 26 millones de personas que lo siguen a través de la red TikTok, muchas de ellas personas adolescentes y en proceso de formación de conciencia.

La consellera ha considerado que este hecho «ha puesto a muchas mujeres, presuntamente de Baleares, en situación de riesgo en cuanto a enfermedades de transmisión sexual y con embarazos no deseados».

Dado que el influencer generaliza con todas las mujeres con las cuales ha mantenido relaciones sexuales, el Govern considera que tiene el deber de proteger de los abusos y agresiones sexuales, no permitir actuaciones que atenten contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres y que además, hagan enaltecimiento o justifiquen por cualquier medio de expresión pública de difusión los delitos que puedan haber sido cometidos por motivos del sexo de la persona o por razones de género.

La obligación del Ejecutivo, según la Conselleria, también es velar por que los contenidos emitidos a través de las redes sociales, que son los grandes referentes en la adquisición y el desarrollo de las conductas de las personas, no fomenten actuaciones contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Por eso, el Govern ha considerado que las afirmaciones hechas por Darrechi pueden comportar los tipos penales de abuso sexual mediante engaño del artículo 182.2 del Código Penal y enaltecimiento y justificación del delito de abusos sexuales mediante engaño del artículo 510.2b del Código Penal, sin perjuicio que, teniendo en cuenta el número de seguidores al TikTok en un elevado número de menores de edad los hechos puedan constituir delitos relacionados con su indemnidad sexual.

Finalmente, el Instituto Balear de la Mujer, al amparo del artículo 52 de la Ley de Protección Integral a la infancia y la Adolescencia, ha denunciado a Naim Darrechi en el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos para pedir el cierre de su canal de YouTube y de su cuenta a Tik Tok.

El 48,7% de los conductores fallecidos en España dio positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, y la gran mayoría (el 95%) era hombre, según la Memoria de 2020 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España, basada en autopsias.

Para el análisis, se ha escogido una muestra de 597 conductores y 136 peatones fallecidos en accidentes de tráfico durante el año 2020, un ejercicio marcado por las restricciones a la movilidad para frenar el avance de la pandemia de la Covid-19. Además de los datos globales, incluye los datos parciales de las dos comunidades autónomas con mayor incidencia de casos, Andalucía y Cataluña.

El informe ha sido presentado este martes por el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Antonio Alonso, que ha estado acompañado de la directora general para el Servicio público de Justicia, Concha López-Yuste; el director general de Tráfico, Pere Navarro; y el fiscal de Sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.

Según la Memoria, de 597 conductores fallecidos en accidentes de tráfico y sometidos a autopsia y a un análisis toxicológico, 291 conductores, es decir (48,7%) arrojaron resultados toxicológicos positivos a alcohol, drogas de abuso y/o psicofármacos, aisladamente o en combinación. Por tipo de sustancia, el 31,2% fueron positivos a alcohol, el 20,1% positivos a drogas y el 13,4% positivos a psicofármacos.

Los conductores fallecidos en 2020 con resultados toxicológicos positivos fueron hombres en el 94,8% de los casos, frente al 5,2% que correspondió a mujeres. Además, el 88,3% de los conductores conducía un turismo (49,1%) y un 39,2% una motocicleta o ciclomotor (39,2%).

Respecto a la edad de los fallecidos, la investigación revela que el 68,4% de los conductores con resultados toxicológicos positivos tenía entre 25 a 54 años. Además, el 57,8% de los conductores fallecidos se produjo en días laborables, independientemente de la franja de edad.

Dentro del grupo de los conductores fallecidos con resultados toxicológicos positivos (291), el 63,9% (186) fueron positivos a alcohol (concentración de alcohol en sangre igual o superior a 0,30 gramos por litro, para conductores noveles/profesionales, o a 0,5 gramos por litro para el resto), el 41,2% (120) fueron positivos a drogas y el 27,5% (80) a psicofármacos.

Destaca que el 78,5% de los conductores fallecidos con resultados positivos a alcohol arrojó una tasa de alcoholemia muy alta, que fue igual o superior a 1,2 gramos por litro, lo que correlaciona con grados de intoxicación muy severa. El 58,3% de los conductores con una tasa de alcoholemia igual o superior a 1,20 gramos por litro, se encuentra en las franjas de edad entre 25 y 54 años.

Respecto a las drogas, independientemente de si hubo consumos asociados de drogas de abuso, alcohol y/o psicofármacos, por sí sola la droga más consumida, según el análisis, fue la cocaína (60,8%) seguida del cannabis (53,3%). Por otro lado, los psicofármacos más consumidos por los conductores fallecidos fueron las benzodiacepinas (62,5%), seguidas de los antidepresivos (40%) y los opioides (26,2%).

Los consumos asociados de alcohol y drogas de abuso (52) de mayor prevalencia fueron, en primer lugar, el consumo asociado de alcohol y cocaína (51,9%), seguido del consumo asociado de alcohol y cannabis (23,1%) y del de alcohol, cocaína y cannabis (15,4%).

SUBEN UN 6,2% EN UNA DÉCADA LOS CONDUCTORES QUE HAN CONSUMIDO SUSTANCIAS

El estudio comparativo de los últimos diez años del número de conductores con resultados toxicológicos positivos muestra un incremento en el año 2020 del 6,2% con respecto al año 2010. En concreto, en el caso del consumo de alcohol, en el año 2020 se observa un crecimiento del 3,1% en el consumo de alcohol por los conductores fallecidos en accidente de tráfico con respecto al año 2019.

En el caso de las drogas se aprecia un incremento del 7,6% en comparación con el año 2010 y que se mantiene en los mismos porcentajes (20,1%) que en el año 2019; mientras que en los psicofármacos se observa un ligero aumento (1%) con respecto al año 2019.

Asimismo, el informe revela que desde 2016 se observa una marcada tendencia al alza en el consumo de cannabis y cocaína entre los conductores fallecidos en accidente de tráfico: Un incremento en ese periodo (2016-2020) del 5,7% en el caso de la cocaína y de un 3,9% en el caso del cannabis, cuyo consumo disminuye durante 2020 con respecto a 2019 solo un 0,6%.

La Memoria de 2020 también muestra que de 136 peatones fallecidos por atropello en accidentes de tráfico y sometidos a autopsia, 56 (41,2%) dieron positivo a alcohol, drogas de abuso y psicofármacos, aisladamente o en combinación. El 76,8% eran hombres y el 23,2% mujeres, y, por rango de edad, la mayor prevalencia se dio en peatones de 65 años en adelante (28,5%).

La mayor prevalencia de peatones con resultados positivos correspondió a alcohol (53,6%), seguido de psicofármacos (48,2%) y seguido de drogas de abuso (25,0%). Los peatones fallecidos con resultados positivos a alcohol arrojaron mayoritariamente una tasa de alcoholemia muy alta, que fue igual o superior a 1,2 gramos por litro, lo que correlaciona con grados de intoxicación muy severa.

La distribución porcentual dentro del grupo de los peatones fallecidos con resultados positivos a psicofármacos (27), de acuerdo con el tipo de sustancia detectada fue la siguiente: el 51,8% fueron positivos a benzodiacepinas, el 40,7% fueron positivos a antidepresivos, 18,5% fueron positivos a antiepilépticos y el 14,8% a opioides.

«DATOS ABSOLUTAMENTE REALES»

Tras la presentación de los resultados, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha puesto de relieve la importancia de esta investigación en plena operación verano. «Es una llamada de atención», ha declarado, al tiempo que ha añadido que son «datos absolutamente reales».

El responsable de la DGT ha llamado la atención sobre el problema del consumo de alcohol. «48.000 condenas penales en 2019 por conducir con altas tasas de alcoholemia. Estoy hablando de delito, de Código Penal», ha manifestado, para añadir que este dato «da una idea de la magnitud del problema» que existe. Así, ha destacado que se ha hecho «todo» en materia de concienciación en este sentido.

«Ya sé que después de un invierno largo, confinados y cargado de prohibiciones uno tiene ganas de salir, vivir, disfrutar y divertirse, pero, como dice la campaña que estamos haciendo, nos ha costado mucho, mucho, mucho, llegar hasta aquí. No lo estropeemos ahora con cualquier imprudencia en la carretera», ha pedido Pere Navarro.

También se ha pronunciado al respecto el fiscal, que ha destacado que «todos los años» aparece el problema del alcohol y ha resaltado que «no se trata de la pandemia» y que la investigación pone de manifiesto «la trayectoria creciente de estos años, que sigue en progresión». No obstante, ha puesto en valor que la «gran mayoría» de los conductores han respetado las normas, frente a una minoría que provoca «esa tragedia de cifras».

El 11% de los españoles reconoce consumir más psicofármacos –medicamentos peligrosos para la conducción– en la actualidad que antes de la pandemia de la Covid-19, según concluye el estudio ‘Medicación y conducción: un cocktail mortal. Consumo de medicamentos entre los conductores españoles (2010-2019)’, realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL).

La investigación presentada este martes por la directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, pone de relieve que en los últimos tres años el número de conductores fallecidos que dieron positivo en estas sustancias ha crecido un 40% y que en la última década el consumo de este tipo de medicinas ha estado presente en cerca de 50.000 siniestros con víctimas.

Asimismo, según una estimación realizada a partir de los datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), unos 1.300 conductores fallecidos en siniestros habrían dado positivo en psicofármacos.

El informe destaca que el 12% de los automovilistas que murieron en accidente de tráfico en 2019 dieron positivo en estos medicamentos, y el 11% de los españoles reconoce consumir más medicinas peligrosas para la conducción a raíz de la pandemia.

No debemos alarmarnos: los medicamentos por sí mismos no son los culpables de los accidentes, sino el comportamiento de los conductores, por lo que debemos ser responsables en su consumo. Debemos consumir fármacos solo con prescripción médica, respetar las dosis y contraindicaciones, leer el prospecto y consultar cualquier duda con nuestro médico o farmacéutico si vamos a conducir. Hay que estar alerta, porque la presencia de psicofármacos en los accidentes mortales es un fenómeno al alza, lo que debe hacernos tomar conciencia de este problema», ha explicado Garre.

En relación con los datos que afectan a los peatones, el informe muestra que uno de cada cinco fallecidos en siniestros de tráfico durante la última década se encontraban bajo los efectos de los psicofármacos en el momento del accidente. En este sentido, casi 400 peatones que resultaron fallecidos como consecuencia de un accidente de tráfico habían consumido este tipo de medicamentos.

Según el estudio de la Fundación Línea Directa, el 46% de los conductores españoles ignoran el significado del pictograma que advierte de que un medicamento puede afectar a la capacidad de conducir y tres de cada cuatro desconocen las consecuencias que pueden producir los medicamentos que consumen.

De este modo, 4,5 millones de conductores confiesan haber conducido tras mezclar alcohol y medicamentos y otros dos millones tras combinar medicamentos con drogas. Además, 1,1 millón de automovilistas reconocen seguir conduciendo cuando sienten los efectos de la medicación que consumen.

Por otro lado, el estudio concluye que dos de cada tres conductores afirman que el médico no les informa nunca o casi nunca sobre los efectos de la medicación en la conducción, un porcentaje que, en el caso de los farmacéuticos asciende al 76%.

En este sentido, más del 40% de los automovilistas reconoce que no pregunta sobre las consecuencias de su tratamiento farmacológico a su médico y más del 50% no siempre lee el prospecto para informarse de esta cuestión. Así, ocho millones de conductores están en tratamiento médico y otros dos millones podrían estar automedicándose, según el informe.

Al ser preguntados sobre si han sufrido accidentes o situaciones de riesgo debido al consumo de medicamentos, el 14% de automovilistas (4 millones) reconoce haber pasado por una de estas situaciones.

Por comunidades autónomas, la Región de Murcia, Extremadura y Galicia son los territorios que registraron más incidentes debido al consumo de fármacos, mientras que País Vasco, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana se sitúan en el lado opuesto.

En cuanto al perfil del conductor accidentado, los hombres sufren más accidentes y situaciones de riesgo que las mujeres, que tienen un mayor conocimiento sobre el tema, suelen leer más el prospecto para comprobar sus efectos sobre la conducción y consideran que los psicofármacos pueden tener el mismo peligro que las drogas.

Finalmente, por edad, las personas de entre 35 y 44 años son las que más accidentes registran y se observa una fuerte tendencia a la reincidencia, ya que dos de cada tres conductores accidentados por consumo de fármacos son reincidentes.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado este martes suspender de manera cautelar los reales decretos por los que se conceden los indultos de las penas de prisión de nueve de los condenados del ‘procés‘, tal y como requerían tanto tres dirigentes de Ciudadanos como Vox en los recursos presentados contra la medida del Ejecutivo.

El alto tribunal ha desestimado las peticiones de ambos partidos al considerar que no concurren las circunstancias que se exigen para adoptar la medida cautelar requerida –suspender los indultos– mientras se tramita el fondo de los recursos que ambas partes han presentado contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez.

En una batería de autos referidos a cada uno de los indultados, los magistrados han explicado que el hecho de que se mantenga la aplicación del indulto «no impide» que en el caso de una sentencia favorable al recurso de Ciudadanos y Vox los condenados cumplan la pena de prisión pendiente.

Así, la Sala ha indicado que con la ejecución del indulto «no se producen consecuencias o situaciones de difícil reversión que puedan hacer perder su finalidad legítima al recurso».

Por el contrario, los magistrados han asegurado que la suspensión de la medida de gracia sí «podría dar lugar a situaciones perjudiciales e irreversibles para los indultados» si tal y como pretenden Ciudadanos y Vox los líderes independentistas continúan cumpliendo una pena privativa de libertad de la que finalmente queden indultados.

A raíz de este análisis, la Sala ha concluido que desde la ponderación de los intereses en conflicto no resulta atendible la pretensión de suspensión que solicitan los recurrentes.

RESPUESTA A VOX y Cs

El Supremo ha desestimado los argumentos de Vox y de Cs, que pedían la suspensión de los reales decretos porque consideran que estos perturban los intereses generales representados por la ejecución de la sentencia y el cumplimiento de la pena impuesta.

En este sentido, los magistrados han subrayado que ambos partidos han hecho una invocación genérica sin justificar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren para acordar la suspensión de los indultos.

Según ha relatado la Sala, Vox ha invocado su condición de parte acusadora en el juicio del ‘procés’ «sin identificar derechos o intereses propios comprometidos o perjudicados en el mismo y, por lo tanto, que resulten afectados por el indulto que aquí se impugna».

En el caso de Ciudadanos, tres de sus dirigentes han invocado la vulneración de sus derechos como miembros del Parlament de Cataluña durante la tramitación parlamentaria de las denominadas ley «de referéndum de autodeterminación» y ley «de transitoriedad jurídica y fundacional de la república».

Los jueces han concluido que tales derechos fundamentales no forman parte del interés jurídico que constituye el tipo penal de los delitos de sedición y malversación de caudales públicos a que se refiere la condena. «Ningún pronunciamiento de la sentencia se refiere o afecta a los derechos invocados por los recurrentes y ninguna incidencia tiene para los mismos el cumplimiento o no de la pena», han señalado.

NO SE PRONUNCIA SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LOS RECURRENTES

En la contestación a las medidas de suspensión cautelar formuladas, la Abogacía del Estado ha planteado la falta de legitimación activa de los recurrentes para presentar los recursos contra los Reales Decretos de indulto.

A este respecto, la Sala no ha considerado procedente pronunciarse en este momento sobre si existe o no esa falta de legitimación, ya que el pronunciamiento sobre la legitimación no forma parte del ámbito de resolución propio de la pieza de medidas cautelares.

El Supremo también ha descartado pronunciarse en esta fase del procedimiento sobre la legalidad del indulto planteada por Vox al considerar que forma parte del fondo del asunto a estudiar y que no puede ser objeto de examen y resolución en el ámbito de la pieza de medidas cautelares.

Los líderes políticos de Vox se han comprometido durante la reunión con el secretario general de Asaja, Alfonso Gálvez, el presidente José Martínez y sus vocales a «eliminar las leyes basura aprobadas por los socialcomunistas y que criminalizan a los agricultores y al Mar Menor».

«En el Congreso de los Diputados hemos defendido numerosas iniciativas a favor del sector de la agricultura y en cuanto gobernemos derogaremos las leyes basura que afectan a la agricultura y al Mar Menor, así como la de memoria histórica, cambio climático, residuos, etc. Todas serán eliminadas en una semana», ha afirmado el diputado nacional de Vox, Luis Gestoso .

Asimismo, el presidente provincial José Ángel Antelo ha hecho referencia al Trasvase Tajo-Segura recordando que no es «una cuestión de solidaridad sino de justicia», y ha afirmado que «solo Vox pide a nivel nacional la interconexión de cuencas».

También ha especificado que este partido «es el único que dice lo mismo en Murcia que en Castilla la Mancha» y ha criticado a la diputada del PP Ana Guarinos que «debe ser desautorizada por el PP por atacar frontalmente el Trasvase».

«EL MAR MENOR DE VOX»

El diputado de VOX ha reiterado que cuando se derogue la ley del Mar Menor «se obligará a hacer el mantenimiento de las golas y se instará al Gobierno a que cumpla el plan vertido cero», y ha señalado que Vox también propone «el saneamiento separativo en todos los Ayuntamientos de la zona, así como una zanja perimetral cuya obra ya está presupuestada».

Por su parte, el presidente provincial ha especificado que nadie gobernará «en Murcia con el apoyo de Vox si no se deroga previamente la ley del Mar Menor» y ha recordado que esta formación puso como condición al Gobierno regional «derogar dicha ley para aprobar los presupuestos y los acuerdos previos que López Miras incumplió», ha recordado.

Los representantes de Asaja han transmitido a los líderes de VOX la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional con interconexión de las cuencas hidrográficas para garantizar las necesidades de agua del sistema productivo, la exigencia de continuidad del Trasvase Tajo-Segura y alcanzar los volúmenes máximos trasvasables previstos en su construcción para atender, entre otras, las necesidades de los regadíos.

Por último, se han tratado otras propuestas que Vox llevará al Congreso como el veto ruso o la importación masiva de productos de otros países como Marruecos sin ningún control fitosanitario.

El alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal, ha pedido este martes, en el acto institucional en homenaje a Sotero Mazo Figueras y Miguel Ángel Blanco Garrido, los dos vecinos del municipio vizcaíno asesinados por ETA hace ya más de dos décadas, «inocular de respeto y tolerancia al mundo entero» como «solución a la convivencia entre distintos» porque «solo así conseguiremos una paz duradera y verdadera».

El monolito en recuerdo a las víctimas del terrorismo ha acogido el homenaje, al que han asistido corporativos municipales de todos los grupos políticos, salvo el Partido Popular, familiares de Sotero Mazo, el subdelegado del Gobierno en Euskadi, Vicente Reyes, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, la directora de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, Monika Hernando, y la directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Aintzane Ezenarro. Una ofrenda floral en homenaje a las dos víctimas ermuarras ha cerrado el acto.

Este pasado sábado 10 de julio se cumplían 24 años del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal popular del Ayuntamiento de Ermua, y casi 41 desde el tiroteo que acabó con la vida del peluquero ermuarra Sotero Mazo.

En su intervención, el alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal, ha dicho que ETA asesinó a «dos personas sencillas, con orígenes humildes, cántabros y gallegos, que vienen a definir lo que es Ermua, pluralidad, diversidad y multiculturalidad».

Abascal ha subrayado que ETA «se saltó el derecho más básico y fundamental sin el que no existe ningún otro derecho, que es el derecho a la vida». «ETA asesinó a Sotero Mazo y Miguel Angel Blanco, pero no consiguieron doblegarnos ni arrebatarnos nuestra dignidad y libertad», ha añadido, para advertir que «detrás de estos asesinatos no estaba solo dejar sin vida a Miguel Ángel y a Sotero», sino que se trataba de «imponernos, con las armas, el miedo y el terror, su visión totalitaria y excluyente del mundo».

Tras asegurar a las familias de Sotero Mazo y Miguel Ángel Blanco que «se acabaron los momentos de soledad y de estigmatización», el alcalde ha dicho que el Ayuntamiento de Ermua y su alcalde están «para cualquier cosa que necesitéis».

Por otro lado, Abascal ha denunciado que «todavía hoy, desgraciadamente, hay personas y colectivos que reivindican aquellos actos, que hacen homenajes y dan tratamiento de héroes a quienes no lo son, que califican de franquistas y antivascos a quienes defendemos la pluralidad y la diversidad, y lo consideramos como una auténtica riqueza porque es la esencia de la libertad de las personas y la convivencia entre distintos».

«Seguimos viviendo momentos especialmente difíciles, tiempo de mucho ruido, de exaltación de lo radical, de nacionalismo retrogrado, de los fascismos que en el pasado ya nos condujeron al mayor desastre humanitario de la historia que fue la segunda guerra mundial, fascismos que tratan de seducirnos con un lenguaje mentiroso cuando se habla del pueblo y del nosotros, donde parece que nos incluye a todos, pero que detrás del pueblo y ese nosotros solamente están ellos o los que piensan como esos», ha alertado.

En ese sentido, ha dicho que vivimos momentos en los que «no podemos permanecer en silencio» y ha añadido que es «el momento de convivir y construir entre todos a favor de nuestras generaciones venideras, mirando al futuro, pero sin olvidar el pasado, con memoria, con reconocimiento del daño causad para que la historia no se repita».

Abascal ha afirmado que vivimos momentos en los que tenemos que «poner en valor este precioso mundo de colores, frente a los que defienden el mundo en blanco y negro». Así, ha apostado por «poner en valor a quienes defienden la empatía para entender la diversidad y la diferencia frente a los autoritarios y excluyentes».

«Hoy podemos decir que este mundo consiguió un éxito científico sin precedentes, que es encontrar el antídoto contra el covid en un tiempo récord», ha señalado, para asegurar que «ahora necesitamos seguir investigando la vacuna que combata la intolerancia». Según ha dicho, «esa vacuna se llama respeto al distinto, al que no piensa como nosotros, al diferente, y está en todos y cada uno de nosotros cultivarla».

Por ello, Abascal ha pedido que «inoculemos de respeto y tolerancia al mundo entero como solución a la convivencia entre distintos» porque «solo así conseguiremos una paz duradera y verdadera».

ATENTADO CONTRA «LAS LIBERTADES DE EUSKADI»

Por su parte, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha afirmado que «cuando ETA asesinó a Miguel Angel Blanco, además de atentar contra la vida de un concejal del PP, atentó contra la vida, los derechos y las libertades de todaEuskadi».

Artolazabal ha calificado de «injusto» el asesinato del edil popular y ha declarado que «queremos un futuro con memoria al servicio de la verdad, una memoria al servicio de la convivencia».

En este sentido, Artolazabal ha anunciado que su departamento, a través de Gogora, está trabajando con el Ayuntamiento de Ermua para organizar el próximo año una conmemoración especial al cumplirse 25 años del asesinato del edil popular.

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha pedido este martes al nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que no sea «pusilánime» y apoye con «contundencia» a los cubanos que están protestando en las calles contra el Gobierno y condene la «dictadura» encabezada por Miguel Díaz-Canel.

En un acto sobre Cuba celebrado en la sede de Cs en Madrid, Bal ha criticado el comunicado «tibio y escueto» de Exteriores sobre la situación en Cuba, en el cual el Ejecutivo español reclama a las autoridades del país caribeño que respeten el derecho de manifestación y expresa su preocupación por las «graves carestías» que sufre la población, agravadas por la pandemia del coronavirus y la caída del turismo.

«Escuche, se llama dictadura, es una dictadura comunista», ha declarado Bal antes de recomendar a Albares que «no sea pusilánime o melifluo al condenar abiertamente cualquier medida de represión contra los derechos y libertades en Cuba», un «país hermano» de España.

Según algunos medios de comunicación cubanos, las autoridades han respondido a las protestas con detenciones, violencia y desapariciones de manifestantes y opositores. El diputado de Cs ha rechazado estas acciones de un «régimen autocrático» que «no reconoce las libertades y derechos» de los ciudadanos y ha pedido «libertad para Cuba».

MOSTRAR «CONTUNDENCIA» Y APOYAR AL PUEBLO CUBANO

Bal ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que, «sin ningún tipo de matiz, condene la dictadura», apoye a los cubanos que «se han levantado pacíficamente reclamando libertad, derechos fundamentales y democracia» e inste a las autoridades a «no utilizar la fuerza y la represión» contra ellos. Asimismo, ha dicho que España debería liderar en la Unión Europea una respuesta conjunta «en favor de la libertad» en Cuba.

Según ha recalcado, en estos momentos hace falta «energía, contundencia y estar al lado del pueblo cubano», algo que cree que Sánchez y el PSOE no hacen porque «no quieren enfadar a su socio» de gobierno, Unidas Podemos.

En este contexto, ha lamentado el «infame» mensaje publicado este lunes en Twitter por el secretario de Estado de Agenda 2030 y líder del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, que, sin mencionar las protestas, señaló la necesidad de que se levante ya el bloqueo que Estados Unidos impuso a Cuba en 1962, una «medida contraria al derecho internacional que impide llegada de alimentos, material sanitario y recursos financieros».

Para el dirigente de Ciudadanos, Santiago «se pone del lado del régimen cubano y prácticamente replica el mensaje de la dictadura» de que «el culpable siempre es Estados Unidos». «Quieren seguir en la victimización y echar la culpa a los demás» de unos problemas que tienen que ver con «el reconocimiento de las libertades y el establecimiento de servicios públicos y suministros a la población cubana», ha comentado.

LA UE NO PUEDE «MIRAR HACIA OTRO LADO»

En el acto organizado por Cs también han participado los eurodiputados Jordi Cañas y José Ramón Bauzá; la fundadora del Observatorio de Cubano de Derechos Humanos, Elena Larrinaga; y el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo.

Los eurodiputados de la formación naranja han asegurado que los liberales europeos darán prioridad al tema de Cuba en las instituciones europeas y han recordado que han enviado una carta al Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, que, a su juicio, ha actuado de manera «ambigua y pasiva» ante lo que allí ocurre en lugar de adoptar una postura «clara y firme en apoyo a los cubanos» que protestan en las calles.

«Luchan por aquello que los europeos nos enorgullecemos de tener, derechos y libertades», así que «no se puede mirar hacia otro lado» ante estos «movimientos pacíficos y democráticos» ni ante «las violaciones de derechos fundamentales», ha argumentado Cañas.

Bauzá, por su parte, ha acusado al ministro de Exteriores de España de «intentar justificar la pobreza y la dictadura en base a que no hay riqueza» en Cuba «porque no hay turismo por la pandemia», lo cual le parece «un absoluto despropósito».

VIOLENCIA, DETENCIONES, HAMBRE Y PANDEMIA

Larrondo ha relatado que en Cuba hay miles de detenidos y desaparecidos por toda la isla, que la Policía está «persiguiendo, pateando y tiroteando» a los manifestantes y que La Habana está «completamente militarizada». Además, ha denunciado la falta de abastecimiento y el «hambre» que sufre la población y el «hacinamiento» en lugares de detención y en centros de aislamiento para personas contagiadas de Covid-19.

Ante esta situación, ha exhortado a los líderes políticos internacionales y, en particular, a Pedro Sánchez, a transmitir un mensaje «enérgico» al Gobierno cubano dejando claro que no puede «reprimir violentamente una manifestación pacífica» y que debe abrirse al diálogo.

Larrinaga ha coincidido con él en que esta situación «no admite paños calientes», después de que el presidente cubano llamara a sus partidarios al «combate» y mostrara su «absoluto desprecio por el pueblo cubano» que se manifiesta en su contra. «Desde Europa podrían empujar a facilitar una transición pacífica, porque si no, esto va a acabar muy mal», ha advertido.

La integración de personas con discapacidad en las empresas españolas exige más velocidad y comunicación social, según expertos reunidos en el encuentro ‘La brecha funcional de la comunicación empresarial: la disrupción social de la discapacidad’ organizado por evercom.

Así, los participantes han debatido sobre cómo las organizaciones están dando visibilidad a este compromiso entre todos sus ‘stakeholders’, cómo es la integración de personas con discapacidad dentro de las empresas y las asignaturas pendientes que se siguen arrastrando, a pesar de los avances, para que la incorporación sea plena.

En el encuentro han participado Mar Medeiros, directora del Área de Empresas, Alianzas Estratégicas y RSC de Inserta-Fundación Once; Diana Gómez, consultora de Cultura, Diversidad y EVP en Repsol; Antonio Cobo, director general del Centro Especial de Empleo Coolaboro y Carmen Herencia, directora de Recursos Humanos Mazars.

Las compañías tendemos a impulsar estas estrategias de comunicación muy hacia dentro para crear conciencia y orgullo de pertenencia entre nuestros empleados, pero no de una manera externa, y eso lo tenemos que normalizar», ha afirmado Diana Gómez, consultora de Cultura, Diversidad y EVP en Repsol.

«Debemos ser especialmente cuidadosos con las personas en el trabajo para que tengan un futuro. Es importantísimo llevar a cabo medidas de ajuste para que estas personas estén totalmente integradas, atendiendo a sus necesidades y evitando que sus limitaciones sean un hándicap porque, realmente, todos las tenemos», ha añadido por su parte Antonio Cobo, director general del Centro Especial de Empleo Coolaboro.

«La diversidad ha de ser el eje y el propósito de las empresas», ha indicado Carmen Herencia, directora de Recursos Humanos Mazars, quien ha indicado que «hay personas con discapacidad que no son visibles, pero también hay muchas otras que se han visto empoderadas gracias a la comunicación y las redes sociales y también a que, de una manera creciente, comienza a estar implícito en el AND de las empresas».

Como ha defendido Alberte Santos, CEO de evercom, «en el ámbito de la comunicación el propósito es un tema muy recurrente, al que debemos darle contenido y la labor llevada a cabo en torno a la diversidad e integración es uno de los ejes que le da sentido a este concepto. Comunicar es una manera de normalizar frente a la sociedad que nuestros compañeros de trabajo no tienen por qué seguir unos estándares únicos e ir conformando esta visión paulatinamente».

Por último, Mar Medeiros, directora del Área de Empresas, Alianzas Estratégicas y RSC de Inserta-Fundación Once, apuntaba al riesgo de «caer en el buenismo y, por lo tanto, perder método y credibilidad ante los stakeholders. Sin embargo, la labor de instituciones como Fundación ONCE Inserta, en el marco de los Programas operativos cofinanciados por el Fondo Social Europeo, es ayudar a las empresas a buscar al mejor candidato para el puesto y que ese talento tenga éxito dentro de la empresa contratante. La diversidad está en agenda, especialmente en contexto Covid, donde se convierte en un factor clave de competitividad».

«Las empresas, más que nunca, necesitan talento diverso y la detección de las necesidades de un gran número de clientes diferentes para vivir y evolucionar. De alguna manera, creemos que necesitamos pasar de las palabras a los hechos y de los deseos a los planes de acción para ir más rápido», ha aseverado.

Los expertos coinciden en que para que de verdad sea parte del AND de la empresa contratante es necesario un equipo multidisplicinar que dé sentido a esta integración mediante el acompañamiento. Sin embargo, no hay una fórmula general, puesto que el estudio de los casos concretos y la mentorización son los aspectos que llevarán al éxito la integración de estos profesionales.

La clave está en hacerlo sin condescendencia y así debe reflejarse también en la visibilidad y la comunicación, con mensajes valientes que poco a poco calen en los ‘stakeholders’ de las organizaciones, concluyen.

En el caso de las pymes, los expertos enfatizan que se necesita el compromiso de la dirección ya que estos perfiles tienen cabida en cualquier tipo de organización, por lo que da igual su tamaño, y señalan como gran aspiración reclutar talento universitario para normalizar esta situación y que no sea disruptivo llevar a cabo políticas de integración de personas con discapacidad. En el encuentro también se habló del teletrabajo y su función inclusiva con las personas que sufren discapacidad.

En España, la Ley General de Discapacidad obliga a las empresas que emplean a 50 o más trabajadores a tener el 2% de la plantilla con certificado de discapacidad (igual o superior al 33%), principal herramienta para una integración real y efectiva en la sociedad.

El cumplimiento de esta norma exige un compromiso por parte de las entidades con el fin de que la integración de los trabajadores con discapacidad sea óptima (adaptación funcional de perfiles, formación, integración con el resto de los profesionales, etc.).

También requiere un mayor esfuerzo de comunicación hacia fuera de las empresas para que los mejores ejemplos de integración sean más visibles y contribuyan a estimular a otras compañías a favorecer la integración laboral de estas personas y, en consecuencia, a cumplir la ley. Aunque los avances están siendo grandes, los expertos coinciden en que es necesario acelerar más la integración e impulsar más su comunicación exterior.

La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto otros 21 meses de prisión al hombre condenado a penas que suman 25 años y medio de cárcel por embaucar a varios menores con quienes estableció una relación siendo monitor y enfermero de un campamento de verano en Ronda (Málaga) para que estos le mandaran fotografías íntimas entre 2014 y 2016.

La sentencia de la Sección Tercera, condena a A.J.G.C., de 31 años, por un delito de utilización de menores para la elaboración de material pornográfico y, al margen de la pena de cárcel, le impone libertad vigilada por seis años y alejamiento por el mismo periodo de la víctima, a quien no podrá acercarse y con quien no podrá comunicarse.

El tribunal considera probado que el procesado, quien tuvo a su cargo a «numerosos menores de edad», generó «lazos afectivos» con el menor, quien entonces contaba con 13 años, y que mantuvo con él «conversaciones de temática sexual por las aplicaciones de Whatsapp e Instagram».

Añade que, con fines «exclusivamente libidinosos», le provocó «para tratar de obtener fotos o vídeos» hasta lograr que le mandase una foto en la que «mostraba la zona pública».

El falló indica, frente a la defensa que solicitó la libre absolución, que el contenido sexual de la imagen «no es cuestionable» y que encaja en el tipo penal porque el procesado «pretendió y consiguió hacerse con ella mediante un ardid con ánimo lascivo», lo que colma tal fotografía «el concepto de material pornográfico».

Remarca que testimonio que prestó en sala la víctima es una «prueba contundente y del todo creíble» frente a la versión exculpatoria de A.J.G.C., que sí admitió que conocía al adolescente y que mantuvo contacto con él por redes sociales.

El tribunal señala que el menor aportó a la Guardia Civil el extracto de las conversaciones por mensajería y el archivo de la fotografía, lo que son «evidencias que confirman el relato de cargo».

Al hilo de esto, recuerda que los agentes que depusieron en juicio» ilustraron a la sala sobre el contexto en que se produjeron los hechos, insistiendo en que no fue algo aislado sino que el acusado actuó del mismo modo con otros muchos menores, habiendo sido enjuiciado en causa aparte por ello, lo cual confirma tanto el relato del menor como el interés del acusado en obtener la fotografía como material pornográfico».

La Sección Tercera impone a A.J.G.C. un año y nueve meses de prisión frente a los seis años de cárcel que interesó la Fiscalía debido «a la moderada gravedad de los hechos» y le inhabilita por periodo de dos años para ejercer como monitor o enfermero con menores de edad.

Esta nueva condena llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificase el fallo que le sentenció como autor de seis delitos de embaucamiento, ocho de difusión pornográfica a menores de edad, tres delitos de elaboración de material pornográfico infantil agravados y un delito de exhibicionismo, si bien fijó como máximo 15 años de cumplimiento de prisión conforme al ordenamiento penal vigente.

El Alto Tribunal andaluz confirmó la resolución de instancia y dio por probado que durante el verano de 2016 el acusado tenía a su cargo a cerca de medio centenar de menores, con edades comprendidas entre los 10 y 17 años, en un campamento de Ronda donde ejercía de monitor de cabañas y responsable de dormitorios, aunque con anterioridad también había realizado labores de enfermería.

Una vez acabado el verano de 2016, se comunicó «con fines exclusivamente libidinosos» con al menos con once varones menores de edad a los que, tras generar con ellos lazos de confianza, pidió fotografías de contenido sexual, con quienes generó conversaciones de carácter íntimo y a quienes les envió vídeos con contenido pornográfico explícito.

La Policía Nacional ha presentado ante los juzgados en calidad de investigados a dos vecinos de Melilla en relación con la muerte de un migrante de 23 años de edad en un accidente laboral en una obra ilegal.

Según ha informado un portavoz policial, la investigación persigue determinar si fue contratado en la obra ilegal en una vivienda de la barriada de la Cañada, en la periferia de la ciudad, de la que se precipitó desde una altura de un piso, golpeándose la cabeza.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 6 de julio sobre las 14.20 horas cuando se recibió un requerimiento en la Sala del 091 comunicando que «en la zona alta de la barriada de La Cañada, una persona se había caído desde cierta altura, golpeándose fuertemente la cabeza con el suelo, se encontraba inconsciente y sangrando abundantemente».

Poco después una ambulancia del 061 trasladó al herido al Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal, donde a causa de politraumatismo que presentaba en el cráneo, fue ingresado en la UCI «en coma profundo, con pronóstico muy grave».

Las investigaciones realizadas por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Policía permitió identificar como un varón de 23 años de edad, natural de Mali, que se encontraba acogido en el CETI desde el pasado 24 de marzo y que falleció al día siguiente de su caída.

La investigación de la UDEV logró reunir pruebas suficientes para considerar que las lesiones sufridas tuvieron lugar cuando se encontraba trabajando en la ampliación de una vivienda que se estaba construyendo de manera ilegal.

Por ello, a los residentes de dicha vivienda, que carecen de detenciones anteriores, se les ha presentado a la autoridad judicial en calidad de investigados por un supuesto delito contra el derecho de los trabajadores.

Las organizaciones ambientales SEO/BirdLife y Ben Magec – Ecologistas en Acción Canarias han solicitado la paralización de los procesos de autorización de tres minas a cielo abierto planteadas sobre un espacio protegido como es la Zona Especial para la Protección de las Aves Islotes del norte de Lanzarote y Famara.

Así, ambos colectivos han presentado alegaciones a los tres proyectos, ya que consideran necesario que, antes de dar luz verde a este tipo de actuaciones, se complete la elaboración del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Archipiélago Chinijo, que incluye a la mencionada ZEPA, porque supone realizar «modificaciones sustanciales» en el espacio.

Por ello, tanto SEO/BirdLife como Ben Magec han solicitado a las consejerías de Turismo, Industria y Comercio, así como a la de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias suspender los procedimientos relativos a las autorizaciones y trámite ambiental de los aprovechamientos de recursos en las canteras ‘Amada’, ‘Los Piquillos’ y ‘Cantera Blanca’, según han informado ambas organizaciones ambientales en nota de prensa.

Esta solicitud la realizan al entender que, según determinan los artículos 180 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y 23 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) o delimitado un espacio natural protegido y mientras no disponga del correspondiente planeamiento regulador, «no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos del Plan».

En relación con esto último, tanto Ben Magec – Ecologistas en Acción como SEO/BirdLife consideran que los proyectos de mina a cielo abierto «suponen una transformación sensible» de la ZEPA.

Al respecto, el delegado de SEO/BirdLife en Canarias, Yarci Acosta, ha indicado que el Jable de Famara «es el depósito eólico más importante de Canarias y uno de los referentes naturales de la isla» que «por desgracia» está en un proceso «de deterioro paulatino», por lo que entiende que «no» se puede permitir que su degradación «cueste la pérdida de un espacio clave para la biodiversidad canaria».

Por otro lado, ambos colectivos han presentado un informe emitido por el Grupo de Investigación sobre Ecología y Conservación de Aves del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el que se expone que las extracciones de áridos «afectarían gravemente a la subespecie canaria de avutarda hubara», que está considerada «en peligro de extinción» en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

El informe añade que la pérdida o alteración de su hábitat «es uno de los principales problemas que afectan a su conservación y cualquier modificación de hábitat por actividades extractivas incumpliría la Directiva 92/43/CEE sobre Hábitats (LIC) y la Directiva 2009/147/CE sobre Aves (ZEPA)».

Además, apunta a que el informe del CSIC confirma que, tras haber realizado el censo de la población de hubaras de Lanzarote en 2018, se prevé que el tamaño de la población de la isla es de 440-452 individuos, por lo que tiene uno de sus núcleos «más estables y con un mayor número de individuos precisamente en el Jable de Muñique-Soo-Famara, zona afectada por la extracción de áridos».

En cuanto a la relevancia de este jable arenoso para dicha especie, explican, que se mantiene puesto que, en los anteriores censos, ya aparecía como uno de sus principales enclaves dentro de su ámbito distribución en Canarias.

Sin embargo, lamentan que los proyectos planteados, además de los potenciales impactos sobre la hubara, afectarían a otras especies que utilizan ese hábitat, como por ejemplo el corredor sahariano, el alcaraván y el camachuelo trompetero, pudiendo tener «impactos significativos» sobre el resto de las especies que conforman una comunidad ornítica terrestre que se puede calificar como única, tanto a nivel nacional como internacional: halcón de Eleonora o «aleta», alimoche majorero o «guirre», lechuza majorera, cuervo grande, entre otros.

Asimismo citan a otros vertebrados presentes en la zona como los reptiles, con dos especies, lagarto atlántico y perenquén majorero, y los mamíferos, entre los que mencionan a la musaraña canaria; así como entienden que se debe destacar la relevancia de este espacio para otros grupos faunísticos, tales como es el caso de los invertebrados y de la flora autóctona propia de los ambientes áridos del archipiélago canario.

Finalmente, la coordinadora estatal del área de minería de Ecologistas en Acción, Elena Solís, ha subrayado que «preocupa mucho el deterioro continuado de este espacio singular que se está viendo sometido a unas amenazas tan graves que ponen en grave riesgo los valores que atesora».