La Audiencia Provincial de A Coruña ha estimado el recurso de apelación presentado por la defensa del último detenido por el crimen de Samuel Luiz, A.M.R., y ha decidido dejarlo en libertad al entender que «no existen motivos» en este momento procesal para mantener la prisión provisional.

Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que han indicado que se ha adoptado esta decisión tras la deliberación mantenida este martes después de la celebración de la vista sobre la petición de libertad formulada por el apelante.

El tribunal le ha impuesto al arrestado, que sigue como investigado en la causa, la obligación de comparecer cada semana y cuantas veces fuese llamado ante el juzgado que tramita la causa, así como la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Por ello, ha acordado la retención de su pasaporte o, en caso de que no disponga de ese documento, la prohibición de que se le expida, de acuerdo con la decisión adoptada.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha adelantado este martes el fallo a las partes, lo que supone la inmediata puesta en libertad del investigado.

Con esta detención, por la muerte de Samuel Luiz, en la madrugada del 3 de julio a la salida de un local de ocio nocturno en A Coruña y cuando estaba realizando una videollamada con una amiga, son siete los arrestados, cinco adultos y dos menores.

De los primeros, tres siguen en prisión, mientras que a la única chica, en libertad con cargos y con comparecencias en los juzgados, se suma ahora A.M.R. tras la decisión adoptada sobre su puesta en libertad.

Un total de 34.343 personas han llegado a España de forma irregular entre el 1 de enero y el 31 de octubre, según los datos hechos público este martes por el Ministerio del Interior. Esta cifra supone un aumento del 23,7% con respecto al mismo periodo del año anterior.

De esas más de 34.000 entradas, más del 95% (32.713), lo han hecho por vía marítima, ya sea al archipiélago canario, al balear o a la costa peninsular; frente a las 1.630 personas que han llegado a España de forma irregular cruzando las fronteras terrestres en Ceuta y Melilla.

La mayor parte de las pateras que han arribado al país lo han hecho en canarias, en concreto se han contabilizado en las costas del archipiélago 422 embarcaciones en lo que va de año, con 16.827 personas a bordo. Esta cifra supone un 44,3% de entradas más que en los diez primeros meses de 2020.

A Baleares y a la costa peninsular llegaron, por su parte, 15.282 personas, un 7,6% más que las 14.202 que se registraron en el mismo periodo del año pasado. También aumentan, con respecto a 2020, las entradas marítimas por Ceuta, que pasan de las 453 contabilizadas entre enero y octubre de 2020 a las 596 registradas en el mismo periodo de 2021.

Por el contrario, bajan las llegadas marítimas a Melilla. En lo que va de año han entrado en el país por esta vía 8 personas, siete menos que las 15 que lo hicieron en 2020.

FRONTERA TERRESTRE

En cuanto a las fronteras terrestres de las dos ciudades autónomas, Interior cifra en 1.600 las entradas, aunque las cifras correspondientes a Ceuta «no recogen la entrada de inmigrantes irregulares que se produjo los días 17 y 18 de mayo», según apunta el Ministerio.

Esta cifra supone un aumento del 14% con respecto al mismo periodo de 2020, cuando se contabilizaron 1.430 llegadas a través de las fronteras de Ceuta y Melilla. En la primera de ellas, la cifra de entradas registradas aumenta hasta las 588 (frente a las 153 del mismo periodo de 2020) y en la segunda se reduce a 1.042 (frente a las 1.277 de un año antes).

El Partido Popular ha presentado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 en la que propone destinar tres millones de euros para defender la imagen y el legado de España en Iberoamérica. También apuesta por presupuestar 12 millones para recuperar la imagen de España en el exterior y otros 12 para la conservación del patrimonio histórico y el legado cultural en todo el mundo.

Así se recoge en una batería de enmiendas al Departamento de Asuntos Exteriores que dirige José Manuel Albares, que el Grupo Popular ha dado a conocer justo un día antes de que arranque en el Pleno del Congreso el debate de las enmiendas de totalidad a las cuentas públicas.

El líder del PP, Pablo Casado, será el encargado de subir a la tribuna de oradores del Congreso para pedir la devolución del proyecto de PGE. También han presentado enmiendas a la totalidad Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria.

TRAS LA POLÉMICA ABIERTA POR EL PERDÓN TRAS LA CONQUISTA

En una de sus enmiendas, el PP plantea en la sección de Exteriores introducir un artículo nuevo relativo a un programa marco para la defensa de la imagen y el legado de España en Iberoamérica por un importe de tres millones de euros.

Según el PP, se trata de defender el legado histórico, cultural, lingüístico y económico de España en Iberoamérica. Esta propuesta se produce apenas un mes después de la polémica abierta a raíz de las declaraciones del Papa Francisco pidiendo perdón a México por los «pecados» de la conquista de América.

El presidente del PP, Pablo Casado, rechazó entonces que España tuviera que pedir perdón por lo ocurrido entonces, en línea con las declaraciones realizadas días antes por el expresidente José María Aznar, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

MÁS ENMIENDAS PARA LA «RECONSTRUCCIÓN» DE LA IMAGEN DE ESPAÑA

En otra enmienda, el PP propone un artículo nuevo en el programa de Acción del Estado en el exterior para destinar 12 millones de euros a un programa marco para la recuperación de la imagen de España en el mundo.

El Grupo Popular que dirige Cuca Gamarra justifica esta enmienda asegurando que hay que «dotar presupuestariamente un proyecto de reconstrucción de la imagen de España en el mundo».

A cambio, propone dar de baja una partida de 10 millones para la participación en organismos internacionales y contribuciones voluntarias y otra de dos millones relativa a la creación de nuevos contenidos para su uso en el portal web.

10 MILLONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO EN HISPANOAMÉRICA

Asimismo, el primer partido de la oposición plantea otros 12 millones de euros en los PGE para un programa marco relativo a la «conservación del patrimonio histórico y el legado cultural de España en el mundo», «bajo la dirección de la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el mundo».

Los ‘populares’ han presentado otra enmienda para destinar otros 10 millones de euros para un nuevo «programa de fortalecimiento democrático del Estado de Derecho y los Derechos Humanos en países de Hispanoamérica y países preferentes en cooperación»

El Govern de la Generalitat ha otorgado los Premis Nacionals de Comunicació 2021 a los programas ‘Crims’ de Catalunya Ràdio, ‘Polònia’ de TV3 y a la revista ‘Sàpiens’, según ha informado la portavoz, Patrícia Plaja, en una rueda de prensa este martes.

En la categoría de radiodifusión, se ha premiado ‘Crims’, dirigido y presentado por Carles Porta, «por la excelencia de sus contenidos y también por su capacidad de innovación».

Según el jurado, «no solo ha sido capaz de arriesgar, sin caer en el sensacionalismo en un género donde podría ser un recurso fácil, sino que también ha obtenido éxitos rotundos de audiencias».

El programa ‘Polònia’ de TV3 ha sido reconocido por sus 15 años, durante los que «han consolidado un programa que conecta directamente con lo mejor de la larga tradición de sátira política del país, aportando pluralidad e higiene democrática» al espacio comunicativo catalán.

En la categoría de prensa, se ha premiado a la revista ‘Sàpiens’, «un referente de la investigación histórica del país, por su capacidad de hacerla llegar a todo tipo de públicos, explicando episodios de forma rigurosa y amena y en lengua catalana».

El jurado ha otorgado el premio en la categoría de medios de raíz digital a Filmin, destacando su plataforma en catalán; y el de publicidad a las campañas del Sistema de Salut de Catalunya durante la primera ola de la pandemia de Covid-19.

En la categoría de comunicación de proximidad se ha reconocido al grupo Cugat Mèdia por haberse convertido en un «modelo ejemplar» y se han otorgado menciones de honor a la periodista Júlia Otero y a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El obispo de Orense, Leonardo Lemos Montanet, defiende la inhumación de los cuerpos frente a la cremación y recuerda, que en el caso de optar por la incineración, las cenizas «deben custodiarse en los cementerios o en cualquier otro lugar destinado para ello».

Así lo ha manifestado en una carta difundida este martes, en la que incide en que «el seno del hogar no es el lugar apropiado para custodiar las cenizas de los seres queridos difuntos».

Con motivo del «mes de santos» o «de difuntos», el obispo de Ourense comenta que a lo largo de los últimos años «se están expandiendo una serie de costumbres que muchos fieles», destaca, «por ignorancia, desconocen que no son auténticamente cristianas».

«Desde el principio, el cristianismo practicó la costumbre de la inhumación de los cuerpos de nuestros difuntos, recordando la sepultura de Cristo. Es verdad que, en ocasiones, debido a graves situaciones que podrían acarrear daño a la salud pública, se tuvo que proceder a la cremación de los cadáveres», explica Lemos Montanet.

Al respecto, incide en que «hoy en día se está extendiendo esta costumbre de la cremación debido a la complejidad de la vida de muchos ciudadanos». Por ello, aclara que «la Iglesia, aunque permite la cremación, recomienda que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u otros lugares sagrados».

Sin embargo, matiza que, cuando los creyentes optan por la cremación del cadáver de su ser querido, «deben evitar todo signo, rito o modalidad de conservación de las cenizas que nazca o pueda ser interpretado como regresión a una visión no cristiana de la muerte y de la esperanza en la vida eterna».

«Los cristianos deben recordar que cuando se opta por la cremación no se hace porque se crea que con la muerte se lleva a cabo la aniquilación definitiva de la persona, o cuando se desea que las cenizas del difunto se esparzan por un hermoso paraje natural, en la huerta de la casa donde se ha vivido o en el mar o en un río, porque se piensa que la muerte es el momento de fusión con la madre tierra; se piensa en la reencarnación o se reparten las cenizas entre los familiares como un mero recuerdo del difunto», sostiene.

«SABER DISCERNIR»

Por ello, invita a «saber discernir que manteniendo el más delicado respeto a otras concepciones de la vida y de la muerte, sin embargo, a los cristianos no les está permitida esta forma de actuar con las cenizas de los difuntos».

«Soy consciente de que, en muchas ocasiones, cuando se opta por esta costumbre, no se hace para rechazar ningún principio de la fe católica sobre la resurrección de los muertos; sin embargo, es necesario recordar que las cenizas de nuestros seres queridos deben custodiarse en los cementerios o en cualquier otro lugar destinado para ello», subraya.

Por consiguiente, concluye que «el seno del hogar, aunque se busque un lugar destacado, no es el lugar apropiado para custodiar las cenizas de los queridos difuntos».

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley Ómnibus que incluye la transposición de las directivas europeas de bonos garantizados y de distribución transfronteriza de fondos, con las que aumentará la protección a los inversores y la capacidad de financiación de la economía.

La directiva de bonos garantizados completa la regulación sobre este instrumento financiero al establecer qué entidades pueden emitir bonos garantizados, armonizar los criterios y condiciones de emisión, el conjunto de cobertura que sirve como garantía, las reglas aplicables en caso de insolvencia y resolución, el organismo de control del conjunto de cobertura y la obligación de disponer de un colchón de liquidez.

El Gobierno ha destacado que con esta transposición, «se mejora la protección de los inversores y el atractivo de estos instrumentos y se avanza en la creación de un verdadero mercado único».

Concretamente, la directiva define los tipos de activos que pueden formar parte del conjunto de cobertura del fondo garantizados, la composición mínima de activos que debe incorporar cada bono emitido, los elementos para la valoración de los activos que forman parte del conjunto de cobertura, las características propias de los distintos tipos de bonos garantizados y su identificación mediante un registro especial.

A esto se suma también el establecimiento de un régimen de supervisión reforzado, de un régimen sancionador y la actuación en caso de concurso o resolución de la entidad emisora.

La directiva de distribución transfronteriza de fondos, por su parte, está dirigida a mejorar las condiciones para la inversión colectiva transfronteriza, «avanzando en el proceso de desintermediación de la economía europea y de impulso a la financiación a través del mercado y facilitando el acceso a la inversión de los clientes minoristas entre distintos los Estados miembros».

Esta transposición se realiza mediante la introducción de modificaciones en la legislación nacional en materia de Instituciones Inversión Colectiva (IIC).

De forma específica, se introducen medidas para facilitar y agilizar las condiciones de los gestores de fondos que operan en el mercado interior, se desarrollan otras para facilitar la comercialización de IIC a inversores de otros estados miembros y se introduce una regulación de la precomercialización de los fondos alternativos.

El Gobierno ha explicado que la transposición de esta directiva «potencia la Unión de Mercado de Capitales y abre vías alternativas a la financiación de la economía española sin reducir la protección de los inversores».

El Papa ha alertado de que la pandemia «ha empujado a un número creciente de menores a abandonar la escuela para caer en las garras» de la explotación laboral infantil, que define como «esclavitud», en un mensaje que ha enviado al director general del organismo de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (FAO), Qu Dongyu.

Francisco ha lamentado que estos niños acaban enfermando en muchas ocasiones por «las deplorables condiciones en las que han de desarrollar las tareas que vilmente se les exigen». «Para muchos de estos pequeños hermanos nuestros, faltar a la escuela significa no solo perder oportunidades que los capaciten para afrontar los retos de la edad adulta, sino también enfermar, es decir verse privados del derecho a la salud», ha denunciado.

Así, ha criticado el «flagelo» de la explotación laboral infantil derivado del «afán de lucro desmedido» y ha pedido a las sociedades que superen el «ansia de consumir compulsivamente» para frenar a los que «no tienen escrúpulos de esclavizar a la infancia con cargas insoportables».

«Aún más, cuando se manifiesta como explotación, el trabajo infantil se convierte en un flagelo que hiere cruelmente la existencia digna y el desarrollo armónico de los más pequeños», ha denunciado.

El Pontífice ha instado a la comunidad internacional a adoptar medidas que pasan también por «una obra de denuncia, de educación, de sensibilización y de convicción» para erradicar esta realidad y que los menores estén más protegidos.

Como es habitual en estos casos, el mensaje del Papa ha sido firmado en su nombre por el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, con motivo de la sesión inaugural del encuentro mundial sobre la erradicación del trabajo infantil en la agricultura.

«El trabajo infantil se convierte en un flagelo que hiere cruelmente la existencia digna y el desarrollo armónico de los más pequeños, limitando considerablemente sus oportunidades de futuro, ya que reduce y lastima su vida para satisfacer las necesidades productivas y lucrativas de los adultos», ha asegurado.

Del mismo modo, ha señalado que en el sector agrícola, este drama afecta a miles de niños que se ven obligados a «trabajar incansablemente, en condiciones agotadoras, precarias y degradantes, sufriendo maltratos, abusos y discriminación», a veces con el permiso de sus padres, porque su contribución es «fundamental para mantener económicamente a la familia».

Finalmente, el Papa ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que se ayude financieramente a las familias de los pequeños agricultores porque «la inversión más rentable que puede hacer la humanidad es la protección de la infancia.

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha eludido justificar esta mañana la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de asumir la «derogación» de la reforma laboral que pedía la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y ha situado la decisión alegando que el cambio de las relaciones laborales debe dar seguridad a los trabajadores, pero también «seguridad jurídica» a los empresarios para que la «economía se consolide y vaya mejor».

Así lo ha afirmado la Portavoz del Ejecutivo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que los periodistas le han preguntado en numerosas ocasiones a qué se debe el cambio del jefe del Ejecutivo de aceptar que se derogue la reforma laboral, como pedía la ministra de Trabajo, después de que ha evitado hablar en estos términos durante en los últimos días y había respaldado la postura de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que apostaba por una reforma de menor alcance.

Isabel Rodríguez, que también ha participado en la reunión de Sánchez con las vicepresidentas primera y segunda, ha eludido dar una explicación clara sobre lo que ha ocurrido para que se produjera este cambio y se ha limitado a decir que «no ha habido ningún cambio» en los acuerdos del PSOE con Unidas Podemos.

Y también se ha escudado en que sería «muy pobre» quedarse solo con el «debate semántico» en lugar de ir al fondo de la cuestión, que es, según ella, «la reforma más transformadora» que va a llevar a cabo el Ejecutivo en los próximos meses y que supondrá un «cambio» desde el punto de vista económico.

QUE LA ECONOMÍA VAYA MEJOR

Y este cambio, según la ministra, «debe ir acompañado de un cambio en las relaciones laborales para que los trabajadores tengan una mayor seguridad, para que los empresarios tengan también seguridad jurídica y en definitiva para que la economía se consolide y vaya mejor».

De hecho, ha insistido en que el acuerdo debe ser «justo para todas las partes» y «equilibrado» para que haya una recuperación justa, tal y como mencionaba Moncloa en su comunicado de esta mañana, en referencia a que tanto patronal como sindicatos deben compartirlo.

Además, ha argumentado que cualquier nueva normativa en relación a la reforma laboral implica la «derogación» de la anterior y ha recalcado que «jurídica y técnicamente no se puede producir una derogación sino hay alternativa».

También ha alegado que el Gobierno no se quería quedar solo con una «contrarreforma» sino que su proyecto es «más ambicioso» porque quieren acompañar toda la transformación económica del mercado productivo, de las posibilidades de España en un contexto cambiante con nuevos desafíos para marcar también un nuevo modelo de relaciones laborales que traiga consigo «mejores empleos».

NINGÚN CAMBIO EN LO PACTADO ENTRE PSOE Y PODEMOS

En ese contexto, ha dicho que el Ejecutivo había iniciado ya una serie de reformas y ha insistido en que quieren dar cumplimiento a sus compromisos «redactados en los términos en los que están redactados». Así y en referencia al acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, ha recalcado que «no hay ningún cambio».

«Si se dirigen al acuerdo del Gobierno de coalición o al comunicado de esta mañana, están ahí los términos semánticos idénticos utilizados en un momento y otro», ha argumentado.

Y para explicar la situación, ha afirmado que la parece «más atractivo» para los trabajadores que entiendan que el Gobierno «no se conforma solo con dar respuesta a los agravios del pasado, sino que mira al futuro, sabiendo que estamos haciendo un proceso transformador».

Ese proceso transformador, ha añadido, «tiene que ir acompañado de un cambio en las relaciones laborales para que los trabajadores tengan mayor seguridad, para que los empresarios tengan mayor seguridad jurídica y en definitiva para que la economía de nuestro país se consolide y vaya mejor».

SE ESCUDA EN LA DISCRECIÓN PARA EL «ÉXITO DE LA NEGOCIACIÓN»

Pero a pesar de las preguntas de los informadores, la portavoz del Ejecutivo no ha desvelado en ningún momento si en el seno del Gobierno se había alcanzado algún acuerdo en asuntos concretos como la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales o sobre la recuperación de la ultraactividad, dos de los asuntos que han sido puestos en cuestión en los últimos días en el debate interno del Ejecutivo.

Se ha limitado a decir que se cumplirán los acuerdo del presidente del gobierno con Europa y se ha escudado en que «por el bien del objetivo» se exigía la «discreción necesaria por parte del Gobierno para alcanzar el éxito de la negociación».

La Sección número 3 de la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un individuo que está siendo procesado por apuntar a su pareja con una pistola a la cabeza e introducírsela en la boca apretando el gatillo, aunque el arma no detonó «por causas distintas a su voluntad».

Así aparece recogido en el auto en el que la Audiencia desestima el recurso presentado por la defensa del acusado contra el auto de procesamiento.

Los hechos se remontan a la noche comprendida entre los días 17 y 18 de octubre de 2020, cuando el acusado –mayor de edad y sin antecedentes penales– y su pareja llegaron a la casa que compartían en Murcia tras pasar una tarde con unos amigos consumiendo alcohol y otras sustancias.

El investigado tenía en el domicilio, al menos, dos armas de fuego a pesar de que carecía de la correspondiente licencia de armas, tal y como especifica el auto.

Al llegar a casa, el individuo empezó a insultar a su pareja y la amenazó diciéndole que la iba a matar «tanto a ella como a sus padres». Además, golpeó a la víctima con las muletas y tiró objetos, volcando agua fría sobre la mujer, zarandeándola y dándole empujones, puñetazos y patadas con ánimo de menoscabar su integridad.

Además, el individuo le quitó el móvil de una patada a su novia, impidiéndole salir de la vivienda. En ese momento, según los hechos relatados en el auto, el acusado sacó un arma apta para disparar, como confirma el informe de balística.

El individuo cargó varias veces la pistola y apuntó con ella primero a la cabeza de su pareja y posteriormente a la boca, llegando a disparar el arma sin que detonara por causas distintas a su voluntad, al tiempo que la insultaba y le decía que iban a «terminar con esto rápido».

La Sala deduce que el procesado albergó el propósito de matar a su pareja, al menos, cuando le apuntó a la cabeza. Y sostiene esta acusación en base a las intenciones reiteradamente expresadas por el imputado diciendo que la iba a matar; así como de la cantidad y entidad de golpes y patadas, del uso del arma, del hallazgo en el lugar de los cartuchos percutidos y de los ‘clic’ identificados por la víctima como los del percutor.

Sin embargo, aclara que el individuo no pudo culminar su fin por causas ajenas a la voluntad. En primer lugar, porque el disparo o disparos resultaron fallidos a causa del previo daño de sus fulminantes. La Sala explica que esta conclusión viene avalada por la lógica porque, como declaró la víctima poco después de los hechos, el acusado volvió a cargar por segunda vez el arma, dato confirmado por el hallazgo de los diversos cartuchos.

«La recarga solo tiene sentido si el propósito era matar y los dos primeros intentos habían fallado», según sostiene la Sala, que afirma que «el hecho mismo de que apareciesen en el lugar de la agresión los cartuchos percutidos apunta vehemente, siempre a nivel indiciario, a que fue en ese momento cuando se emplearon y a que, como declaró la víctima en sede judicial, llegaron a percutirse».

«LOS HECHOS NO SON AISLADOS»

Mientras la víctima intentaba huir, él la perseguía de forma insistente con la pistola, hasta que llegó la Guardia Civil avisada desde la central de alarmas, según el auto, que recoge que estos hechos no son aislados.

De hecho, el investigado volvió a agredir a su pareja el día 25 de julio de 2020, golpeándole, sobre, todo en la cara. Además, estos hechos volvieron a repetirse el 10 de octubre, cuando el agresor agarró a su novia por los brazos y le golpeó en el pecho «bajo la influencia de bebidas alcohólicas y sin motivo aparente».

El auto recoge que las conductas descritas son compatibles con malos tratos habituales físicos y psíquicos, que han causado secuelas de estrés postraumático en la víctima, que precisa de tratamiento especializado. Además, la mujer sufrió por estos hechos lesiones que precisaron 60 días para su curación, calculándose secuelas que se valoran en 15 puntos.

RECURSO DEL ACUSADO

El acusado presentó un recurso pidiendo que se revocara el auto de procesamiento, pidiendo que, en su lugar, se ordene continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado por un delito de amenazas, dos de malos tratos y un cuarto de tenencia ilícita de armas. Fundamentaba su petición en que no concurren indicios de criminalidad del ‘animus necandi’.

En cambio, la Sala ha decidido desestimar el recurso señalando que el auto de procesamiento «no debe confundirse con la sentencia definitiva». Así, explica que para su corrección procesal «basta con que concurran indicios criminales racionales y suficientes y no pruebas definitivas y concluyentes».

El Gobierno ha aprobado la transposición de la directiva europea de Derechos de Autor en el entorno digital que «corrige algunos desequilibrios para los titulares de derechos en el mercado con la aparición de intermediarios».

«Se tiene en cuenta el comportamiento de usuarios y se corrigen algunos desequilibrios con la aparición de intermediarios en el entorno digital, que han provocado en el mercado algunos prejuicios para titulares de derechos de autor», ha señalado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Rodríguez ha añadido que se trata de «sumarse» al resto de estados miembros de la UE para que los contenidos digitales «ganen oportunidades para competir en un mercado único digital». «Con esto, damos respuesta a demandas del sector cultural», ha indicado.

Una de las principales medidas aprobadas por el Real Decreto es que se permitirá a cada de editor y titular de derechos gestionar sus derechos de autor, bien de manera individual mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio.

En cuanto a la protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos digitales, el Real Decreto-ley reconoce un nuevo derecho conexo para editores y autores de prensa. También se regula la actividad consistente en la reproducción de un fragmento de la publicación (snippet) por parte de agregadores de contenido/noticias, para su posterior puesta a disposición en sus propias páginas o plataformas.

La negociación de las autorizaciones a los agregadores de contenido para la utilización de estos materiales se realizará de acuerdo con «los principios de buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio en la negociación».

Además, el Real Decreto-ley establece una serie de normas que pretenden garantizar que los autores y artistas intérpretes o ejecutantes obtengan «una remuneración adecuada y proporcionada» por la cesión de sus derechos.

EXCEPCIONES PARA INVESTIGADORES Y DOCENTES

Así, se podrán establecer los denominados límites o excepciones a los derechos exclusivos de carácter patrimonial. El texto contempla una excepción en beneficio de organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural, para que puedan llevar a cabo, con fines de investigación científica, minería de textos y datos de obras u otras prestaciones a las que tengan acceso lícito.

Para aquellos casos distintos, se prevé la posibilidad de que el titular de derechos de la obra afectada establezca una reserva de derechos y, en este caso, se requerirá una licencia. Ninguno de los dos límites anteriores lleva aparejado una remuneración a favor de los titulares de derechos.

Se permitirá el uso digital de obras y prestaciones a efectos de ilustración con fines educativos, en centro de enseñanza reconocido por un Estado miembro, independientemente del nivel educativo, en la medida en la que los usos se justifiquen por la finalidad no comercial de la actividad docente.

También posibilita a las instituciones responsables del patrimonio cultural la reproducción con fines de conservación de obras que se encuentren permanentemente en sus colecciones.

Por último, se prevé que las entidades de gestión colectiva puedan conceder licencias de derechos de autor no exclusivas, con fines no comerciales, para la reproducción, distribución o comunicación pública, cuando se encuentren de forma permanente en la colección de una institución de patrimonio cultural.

Precisamente, la semana anterior el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, destacó que «desde luego» España no se va a separar del consenso europeo, ya que, en sus palabras, «se tardaron cinco años» en establecer el consenso europeo, por lo que van a «aprovechar el camino que ya se emprendió.

RETRASO EN LA APLICACIÓN

España no ha transpuesto en el plazo previsto esta directiva europea, cuyo fecha dada por Bruselas era del 7 de junio de 2021. El anterior ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, justificó este retraso en parte por estar a la espera de que la Comisión Europea diera unas orientaciones generales para todos los países.

A principios del pasado mes de octubre, el propio Iceta ya adelantó que la trasposición de la directiva europea de la propiedad intelectual en el mercado digital no supondrá «una gran revolución» para los derechos de autor.

Así, la propuesta se centrará en los agregadores de noticias que afectan especialmente a la prensa escrita y digital. «Parece que tuviésemos que hacer una gran revolución en todos los derechos de autor, pero no, nos vamos a centrar en lo que es el mandato de la UE», explicó entonces el ministro.

Iceta defendió también la necesidad de «romper una lanza por los creadores que pretenden vivir de su creación y los derechos de autor». «Combatir la piratería y hacer que las personas que nos han regalado a todos la creatividad puedan tener un justo retorno», señaló Iceta, quien insistió en que «quien no paga derechos de autor está privando a todos de un presente y un futuro». La transposición de esta directiva ha generado confrontación en distintos sectores, que han reclamado introducir algunas medidas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este martes que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y ella son «dos compañeros» que se entienden y se respaldan, y que lo seguirán haciendo.

Así ha contestado la dirigente madrileña a las preguntas de los periodistas, en un acto en Pinilla del Valle, sobre la información publicada hoy por un diario que recoge que el primer edil habría manifestado en privado que no quiere que Ayuso presida el PP de Madrid.

«No le he oído abiertamente decir algo así. Lo que tengo claro es que somos dos compañeros de partido que nos entendemos, que nos respaldamos y que le aseguro que es lo que vamos a seguir haciendo», ha manifestado. Para Ayuso, el alcalde y ella son «un tándem, un ticket electoral, y sobre todo compañeros de dos administraciones que han caminado juntas» y que lo van a seguir haciendo».

Respecto a la fecha del Congreso Regional del PP de Madrid, la presidenta ha indicado que ella sigue trasladando, lo mismo que pronunció a finales de agosto, su «ilusión» por liderar la formación con la que se ha presentado ya dos veces ante los electores.

«Me parece que eso es coherente y lo que quiero es que este proceso discurra con rapidez pero también con unidad y hacerlo con toda la paciencia y el cariño que se precisa. Es lo que haré», ha dicho. Así, ha reiterado que cuando tenga oportunidad dará el paso adelante y ha insistido en que le gustaría que fuese «pronto» porque considera que es «lo mejor».

Ayuso ha insistido en que quiere dar este paso «por coherencia», porque cree que es «bueno» y porque lo que más le gustaría es poner a su partido «a punto» para después se hiciera desde él «la campaña a Pablo Casado camino a La Moncloa, ya que se presenta por Madrid». «Eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que le he trasladado abiertamente siempre y es lo que seguiré haciendo», ha apostillado

Según ha expresado, lo que hará es trabajar «con plena lealtad» y por encima de todo «poniendo en primer lugar» lo más importante que tiene que son sus obligaciones como presidenta de la Comunidad, que por eso la van votado «mayoritariamente los madrileños».

El Gobierno ha aprobado este martes la transposición de la directiva europea de Derechos de Autor en el entorno digital que, entre otras cuestiones, permite a cada editor y titular de derechos gestionarlos, bien de manera individual mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio.

Así lo ha dado a conocer el Ministerio de Cultura y Deporte en un comunicado, después de que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, anunciara su aprobación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha dado luz verde a esta medida dentro de un Real Decreto-ley por el que transpone las directivas europeas sobre derechos de autor y derechos afines en el Mercado Único Digital.

En concreto, en cuanto a la protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos en línea (artículo 15 de la directiva europea), el Real Decreto-ley reconoce un nuevo derecho conexo para editores y autores de prensa creado en la directiva europea.

«Se trata de un derecho con entidad propia, del que son titulares las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias respecto a los usos en línea de sus publicaciones de prensa, frente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información», ha manifestado el departamento que dirige Miquel Iceta.

En este sentido, ha indicado que, con la transposición de la directiva europea, se regula en España la actividad consistente en la reproducción de un fragmento de la publicación (snippet) por parte de agregadores de contenido/noticias, para su posterior puesta a disposición en sus propias páginas o plataformas.

Respecto al modo de gestión de este derecho, el Real Decreto-ley no se pronuncia, dando así la opción y libertad a cada de editor y titular de derechos de gestionarlo, bien de manera individual mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio.

Así, recalca que la negociación de las autorizaciones a los agregadores de contenido para la utilización de estos materiales se realizará «de acuerdo con los principios de buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio en la negociación».

Un vecino de Burlada de 43 años ha sido condenado a 15 meses de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave por el atropello mortal de una mujer de 88 años en un paso de peatones ocurrido en diciembre de 2020 en Barañáin.

Según los términos de la sentencia, dictada de conformidad por el Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona tras un acuerdo entre el fiscal y la defensa, el conductor transitaba «con total desatención a las circunstancias de la circulación y sin observar las más mínimas normas de precaución».

La compañía aseguradora del encausado ha indemnizado ya a los familiares de la víctima con 111.992,11 euros, ha informado el TJSN.

El atropello se produjo sobre las 9.20 horas del 23 de diciembre de 2020, cuando el procesado conducía una furgoneta por la avenida de Pamplona de Barañáin, en sentido al interior de la localidad, hacia la calle Cendea de Cizur.

Debido a las circunstancias ya reseñadas, no se percató de que una mujer atravesaba el paso de peatones situado a la altura del número 4, de derecha a izquierda, según el sentido de circulación del vehículo.

La furgoneta conducida por el inculpado impactó con la parte frontal en la víctima, quien cayó primero sobre el capó y, posteriormente, al suelo, a unos siete metros de distancia. A consecuencia del atropello falleció al día siguiente.

La avenida de Pamplona, según consta en la sentencia, es una vía de trazado rectilíneo, con un carril para cada sentido de la circulación, ambos separados por una mediana.

Con anterioridad al paso de peatones, para mejorar su visibilidad, había una zona de estacionamiento de motocicletas y ciclomotores, que estaba desocupada en ese momento. La velocidad genérica de la vía era de 40 km/h, con luminosidad «diurna», sin precipitaciones. La visibilidad del paso de peatones era «adecuada», y el mismo estaba señalizado por una señal vertical.

La víctima tenía tres hijos mayores de 20 años, uno los cuales convivía con ella.

En la sentencia, el juez ha acordado la suspensión de la pena de prisión de 15 meses impuesta a condición de que el encausado no delinca en dos años, el mismo periodo de tiempo del que ha sido asimismo privado el permiso de conducir.

Un centenar de países, que albergan el 85 por ciento de los bosques mundiales, se han comprometido no solo a frenar sino a revertir la deforestación y la degradación de la tierra en 2030 durante la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático (COP26) que se celebra en Glasgow (Reino Unido).

La propuesta ha sido lanzada por el Gobierno del Reino Unido, que ha calificado de «éxito» el acuerdo ya que supone el «mayor paso» hacia la protección mundial de los bosques en una generación y porque destaca que se han comprometido más de un centenar de gobernantes.

La iniciativa recoge el guante de la Declaración de Nueva York que suscribieron en 2014 y con el mismo fin 32 países, los tres de norteamérica, Francia, Alemania, Reino Unido y varios países iberoamericanos entre los que no se encontraba Brasil. Entonces también se comprometían a detener la deforestación en 2030

El plan, presentado por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, conmina a los cien líderes a detener y a revertir la perdida de bosque y la degradación de tierras en lo que queda de década. Esta propuesta estará respaldada por al menos 19.200 millones de euros de financiación pública y privada en todo el mundo. En concreto, se destinarán 12.000 millones de dólares de fondos públicos que aportarán 12 países y 7.200 millones de financiación privada, según las estimaciones británicas, hasta 2025.

Johnson, el Príncipe de Gales y los líderes de Colombia, Indonesia y Estados Unidos han estado entre los representantes del evento ‘Cop26 Forest & Land Use’ este martes en Glasgow. Países como la Canadá, los Veintisiete de la Unión Europea, Canadá, Colombia, República Democrática del Congo, Estados Unidos, Ecuador o Costa Rica firmarán esta ‘Declaración de Líderes de Glasgow por los Bosques y el Uso de la Tierra’ en la que también parcipan Brasil o Rusia, dos de los países con mayores tasas de deforestación.

Los bosques absorben en torno a un tercio de las emisiones globales de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles cada año, pero se están perdiendo a un ritmo alarmante. Según datos aportados por el gobierno británico cada año se pierde un área de bosque equiblaente del tamaño de 27 campos de fútbol cada minuto.

El primer mistro británico ha destacado que los bosques son «las catedrales de la naturaleza» y pulmones del planeta. Los bosques garantizan las comunidades locales, el suministro de alimentos y absorben el carbono que se emite a la atmósfera. «Son esenciales para nuestra propia existencia», ha incidido.

Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha mostrado su orgullo de sumarse a esta Declaración que remarca el compromiso d elos países a trabajar juntos para poner fin a la deforestación y la degradación del uso de tierra en la próxima década.

«Nunca antes tantos líderes, de tantas regiones, que representan todos los tipos de bosques han sumado fuertas en este camino y Colombia está comprometida a jugar su parte. Impulsaremos una ley de compromiso cero con la deforestación en 2030 uno de los mayores compromisos más ambiciosos en América Latina y protegeremos el 30 por ciento de nuestra tierra y el uso de los recursos de los océanos en 2030″, ha anunciado.

El presidente de Indonesa, Joko Widodo, ha confirmado su compromiso para proteger estos sumideros de carbono críticos y nuestro capital natural para las futuras generaciones.

En concreto, Johnson ha anunciado 1.500 millones de libras esterlinas (algo más de 1.764 millones de euros) para estos próximos cinco años para financiar el compromiso, incluidos 350 millones (411 millones de euros) para los bosques tropicales de Indonesia y otros 200 millones (235 millones de euros) más para la LEAF Coalition.

El Reino Unido contribuirá con 200 millones de libras (unos 235 millones de euros) junto con otros 11 donantes, al nuevo fondo para proteger la cuenca del Congo, que es la segunda área más grande de bosque tropical en el mundo que está en riesgo por la deforestación industrial, la minería y la agricultura.

Estos 28 gobiernos, que representan el 75 por ciento del comercio mundial de productos clave, se han comprometido con establecer acciones para lograr un comercio sostenible que reduzca la presión sobre los bosques, incluiadas apoyos a agricultores locales o mejorar la transparencia de la cadena de suministro.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha emitido un informe remitido a la Sala de lo Penal donde respalda la decisión del juez instructor Santiago Pedraz de concluir el sumario de la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) contra miembros del Frente Polisario por presuntos delitos de genocidio sin procesar al líder de la organización política, Brahim Ghali.

En su informe del 28 de octubre, el fiscal Pedro Martínez Torrijos señala que procede acordar el sobreseimiento libre de la causa para Ghali al considerar que los hechos han prescrito.

El Ministerio Público explica que los hechos habrían ocurrido entre 1974 y 1990, por lo que el Código Penal (CP) aplicable es el de 1973, que establece un periodo de prescripción de 20 años, si bien la querella no fue admitida hasta el 16 de agosto de 2012.

«En conclusión, queda constatado que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 113 del Código Penal de 1973», indica el fiscal, que por ello no entra a valorar si los hechos podrían constituir el delito de genocidio regulado por el CP actual.

No obstante, sí resalta «la inexistencia de elementos probatorios» que demuestren la participación de Ghali en los hechos denunciados en la querella y por los testigos que han comparecido.

Además, aprecia «contradicciones» entre las afirmaciones realizadas en la querella y estos testimonios, así como «una insuficiencia manifiesta de detalles relevantes sobre circunstancias de lugar y tiempo de los hechos» y de detalles concretos de la participación de Ghali, lo cual «resta credibilidad a los testimonios prestados e impide mantener la imputación» contra el líder polisario.

Martínez Torrijos apunta en cualquier caso que no observa el elemento subjetivo que forma parte del delito de genocidio, esto es, «la intención conjunta que guía según la querella a los asesinatos y torturas a los disidentes de destruir total o parcialmente el propio grupo nacional al que pertenecen».

A su juicio, «no hay rastros de esos subgrupos en los que (ASADEDH) divide al pueblo saharaui según su localización geográfica», por lo que advierte de que «se trata de forzar la norma penal para lograr la calificación indicada».

En base a los mismo argumentos, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 acordó el pasado 1 de octubre concluir el sumario sin procesar a Ghali, enviando el conjunto de las pesquisas a la Sala de lo Penal para que se pronuncie sobre el camino a seguir con esta querella.

DOS QUERELLAS EN LA AUDIENCIA NACIONAL

ASADEDH se querelló contra 23 agentes del Frente Polisario, incluido Ghali, y cuatro miembros de la seguridad argelina por graves violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis ubicados en Tinduf (Argelia) en un periodo temporal que iría de 1975 a 1990. En concreto, denunció una «limpieza étnica» contra las minorías tekna, aitusa, yegutt y contra los pobladores del ex Sáhara español.

La de ASADEDH no es la única querella contra Ghali en la Audiencia Nacional. Pedraz tiene entre manos otra presentada por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica por las torturas que habría sufrido en los campamentos de Tinduf en 2019.

De acuerdo con Breica, al llegar allí agentes del Frente Polisario le amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

Esta segunda querella estaba a la espera de un último testigo, un hombre que habría estado detenido en la misma cárcel que Breica y que podría dar cuenta de las presuntas violaciones de los Derechos Humanos por las que se investiga al Frente Polisario.

Debía haber declarado el 29 de junio, pero tuvo que aplazarse al 27 de julio por problemas en la obtención del visado para venir a España. A día de hoy estos problemas persisten, por lo que Pedraz ha suspendido la testifical y sopesa el archivo de la querella y, por ende, el cierre de la causa, según las fuentes jurídicas.

Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, investiga si hubo delito de prevaricación en la entrada y salida de Ghali de España en una causa que tiene como principal imputada a la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya.

EL PASO DE GHALI POR ESPAÑA

Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) cobraron impulso cuando se supo que estaba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Ghali compareció el 1 de junio ante Pedraz por videoconferencia desde el centro sanitario, negando cualquier implicación en dichas violaciones de los Derechos Humanos. Su defensa ha esgrimido en sucesivos escritos que se trata de una causa política para minar las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharaui.

Tras escuchar al líder del Frente Polisario, el juez acordó dejarlo libre sin medidas cautelares al no ver indicios de delito en su contra. Pocas horas después, en la madrugada del 2 de junio, regresaba a Argelia en un avión medicalizado.

El jurado del Premio Nacional de Diseño de Moda ha galardonado a Antonio Alvarado con el Premio Nacional de Diseño de Moda correspondiente a 2021. Este premio, concedido anualmente por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha reconocido a Antonio Alvarado por «haber abierto, a lo largo de su trayectoria, el camino a generaciones de diseñadores al abordar temáticas sociales que han cobrado una nueva dimensión en la actualidad, tales como la identidad o la sostenibilidad».

Igualmente, se ha valorado su «capacidad de representar toda una época a través de su estética irónica y transgresora, así como su condición de figura clave como puente entre las corrientes y escenas más innovadoras de Madrid y Barcelona».

El Premio Nacional de Diseño de Moda recompensa la meritoria labor del galardonado en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones propias de cada de su ámbito cultural, bien como reconocimiento a la obra o actuación hecha pública o realizada durante el año 2020, bien en casos debidamente motivados, como reconocimiento a una trayectoria profesional.

Antonio Alvarado (Pinoso, Alicante, 1954) pertenece a la generación que cambió la imagen internacional de la moda española en los años 80. Considerado un enfant terrible, con sus propuestas aclamadas por la prensa internacional, fue uno de los protagonistas de la renovación de la moda española tras la transición.

Figura clave en la Pasarela Cibeles, participó en su primera edición de 1984 y, desde entonces, y hasta la edición de febrero de 2011, participó en ella de manera intermitente.

Desde los primeros años de su carrera colaboró con el mundo de la música como diseñador de cabecera de muchos de los artistas del momento como Alaska, Mecano, Luz Casal, Bernardo Bonezzi, Tino Casal, Jaime Urrutia o Rocío Dúrcal; y con personajes del mundo de la cultura como Ceesepe, Carmen Maura, Antonio Banderas o Miquel Barceló.

Sus diseños han aparecido en diferentes producciones de cine, entre las que destaca el vestuario de ‘Las Edades de Lulú’, de Bigas Luna, y los trabajos de Fernando Colomo, Enrique Urbizu y Fernando Trueba.

Pedro Almodóvar también contó con él para el vestuario de ‘Matador’, ‘La Ley del Deseo’, ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, ‘Tacones Lejanos’, ‘Kika’ y ‘La Flor de mi Secreto’. También fue el responsable de estilismos para producciones televisivas como ‘La bola de cristal’.

Fruto de este éxito fueron sus participaciones en desfiles en Milán, Berlín y Múnich. En 1997, Alvarado se trasladó a Barcelona, donde se integró en el circuito de la moda catalana de la mano de Antonio Miró. En 1999 fue nombrado presidente de la asociación ModaFAD, que dirigió hasta 2003.

En 2002 creó la empresa Alivio&Co y un año más tarde firmó un acuerdo con Globaltex para producir su colección prêt-à-porter femenino, además de concederles la licencia de fabricación de la marca Antonio Alvarado para el mercado europeo.

A partir de su retorno a Madrid, entre 2004 y 2010, Alvarado retoma su participación en la pasarela Cibeles cosechando grandes éxitos de crítica con las colecciones Excuse me, SOS, Motel, Speed Comfort y Cul de sac. La firma está inactiva desde 2012. Próximamente el Museo del Traje inaugurará una exposición retrospectiva dedicada a toda su carrera.

Enriqueta Chicano, consejera del Tribunal de Cuentas y candidata del PSOE a continuar en el mismo, ha rechazado este martes que la fiscalización y la causa por responsabilidad contable que llevó adelante esta institución por el gasto exterior realizado por el Gobierno catalán para promocionar el proceso independentista fuera «un abuso de derecho».

Un asunto por el que el órgano fiscalizador reclamó 5,4 millones de euros, en concepto de responsabilidad contable, a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 excargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para impulsar ilícitamente el procés en el exterior.

Chicano, que se perfila como nueva presidenta del Tribunal de Cuentas, ha sido la primera de los seis aspirantes que desfilarán este martes por la Comisión de Nombramientos del Congreso para someterse al examen de los distintos grupos antes de recibir el correspondiente aval para formar parte de la citada institución.

ES UNA EXPRESIÓN «FUERTE»

El diputado de Junts Josep Pagés ha llegado a tachar de «abuso de derecho» que el Tribunal de Cuentas haya pasado a controlar el ejercicio de una competencia legítima de una comunidad autónoma, como es la acción exterior de la Generalitat de Cataluña.

Una expresión que la aspirante a continuar en el seno del Tribunal de Cuentas ha calificado de «fuerte» y que ha negado. «No es un abuso de derecho el control del gasto público en cualquiera de sus facetas y ámbitos territoriales», ha defendido Chicano, para apuntar que el órgano fiscalizador «tiene competencia» para fiscalizar cualquier actividad que implique gasto público.

«No es abuso de derecho», ha insistido, y «muchísimo menos» si se tiene en cuenta que la fiscalización del gasto exterior de la Generalitat de Cataluña fue solicitada por la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Ésta ha sido la única crítica que ha recibido Chicano tras su exposición, pese a que Junts la ve idónea para ser consejera del Tribunal de Cuentas. Y es que los otros dos intervinientes, procedentes del PSOE y del PP, se han limitado a poner en valor la experiencia de más de 25 años que la aspirante acumula en el citado órgano, donde ha ocupado diferentes cargos.

¿NO ES MUCHO YA 700 PERSONAS?

Sólo le han preguntado por cómo perciben en el exterior la labor que lleva adelante el Tribunal de Cuentas, en el caso del diputado del PP Miguel Ángel Paniagua, y por las razones por las que ha sugerido, durante su exposición inicial, la necesidad de dotar de más recursos al órgano fiscalizador, según le ha interpelado la diputada socialista Elvira Ramón.

Por este último asunto también le ha interrogado el diputado de Junts, pero en su caso para cuestionar que reclame más medios cuando se ha conocido que más de 700 personas trabajan n el Tribunal de Cuentas y que cuenta con un presupuesto superior y con unos sueldos que sobrepasan a la media de otros órganos equivalentes.

En su respuesta, Chicano ha comenzado señalando que «siempre» que se intenta una labor parece que «todo lo que tienes es poco», ha puesto en valor la buena relación con los tribunales de cuentas «hermanos» y ha llamado la atención sobre la exigencia de una formación continúa del personal del Tribunal de Cuentas.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado, por el momento, la prohibición de consumir golosinas y refrescos en las salas de cine, decretada por el Gobierno Vasco.

El TSJPV, en un auto hecho público este martes, ha decidido denegar la suspensión cautelar de la vigencia de esta restricción prevista en la orden de 6 de octubre de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, solicitada por la asociación de salas de cine de Euskadi, EZAE, y la Federación de Cines de España, FECE.

La Sala cree que los perjuicios económicos que atribuyen EZAE y FECE a esta medida, que considera que «no han probado», pueden ser resarcidas, en su caso, por la Administración posteriormente, y no son de «imposible reparación» como alegan.

Las asociaciones de salas de cine presentaron recurso el pasado 26 de octubre en el que solicitaban al TSJPV que suspendiera de urgencia, sin escuchar a la otra parte, la prohibición de consumir golosinas y bebidas establecida por orden del Gobierno Vasco, entre otras medidas para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. A su juicio, se trata de una restricción «arbitraria y desproporcionada» que supone pérdidas diarias de 278.432 euros.

Las medidas cautelarísimas fueron rechazadas el mismo día por la Sala de lo Contencioso-administrativo, que consideró que debía darse al Gobierno Vasco la posibilidad de presentar sus argumentaciones.

Tras analizarlas, el TSJPV ha decidido, en un auto, denegar la solicitud de las asociaciones de salas de cine, si bien no entra en el fondo del asunto, ya que tendrá que decidir más adelante sobre esta la demanda tras estudiar el caso en profundidad.

En su resolución de este martes, el Tribunal vasco ratifica, de momento y hasta que dicte sentencia al respecto, su decisión de no revocar «la prohibición de consumo de golosinas, refrescos y similares en instalaciones en las que se desarrollan actividades culturales bajo una programación ordinaria habitual.

RESPUESTA DEL TSJPV

El TSJPV señala, en su auto, que EZAE y FECE basan su petición de suspensión cautelar de esta prohibición en que las medidas «durarán de manera indefinida en el tiempo, por lo que la prohibición de consumir golosinas, refrescos y productos similares en las salas de cine va a causar daños tan cuantiosos que, en las condiciones económicas actuales, la Administración no va a poder repararlos, dado que algunas de las salas no van a poder abrir y otras pueden verse abocadas a su cierre».

La Sala apunta que, habiendo alegado los recurrentes que «la irreparabilidad del perjuicio que se está ocasionando o se pueda llegar a ocasionar es de carácter económico, una primera conclusión que debe afirmarse de forma nítida es que, en caso de producirse tal perjuicio económico», quedaría claro que podrían recurrir a «una vía indemnizatoria contra la Administración».

El Tribunal no cree que esta no vaya «a poder reparar los daños, debido a la situación económica actual», como argumentan las asociaciones de salas de cine. «Los actos susceptibles de valoración económica no son, en principio, determinantes de perjuicios de imposible o difícil reparación, en la medida en que son susceptibles de resarcimiento por las Administraciones públicas», destaca.

A su entender, «no se ha aportado un solo principio de prueba, siquiera sea de forma indiciaria, que permita dudar que la Administración no pueda hacer frente a sus obligaciones indemnizatorias en caso de que finalmente resulte obligada a ello».

En todo caso, ha remarcado que «la finalidad de las medidas cautelares, como se ha indicado en el fundamento anterior, no es la de adelantar la eficacia de una eventual sentencia estimatoria, sino evitar que por circunstancias de hecho, tal sentencia no pueda ser ejecutada en su momento, razón por la cual la Ley exige que se especifiquen, tanto la apariencia de buen derecho como el peligro de la mora procesal, añadiendo en el caso de la jurisdicción contencioso administrativa, la ausencia de un perjuicio para los intereses generales».

El TSJPV indica que EZAE y FECE «centra el núcleo de su argumentación en los perjuicios económicos que se le puedan ocasionar, si bien no puede olvidarse que, en caso de obtener una sentencia favorable en el pleito principal, en modo alguno» se produciría una situación «de imposible reparación».

La Sala de lo Contencioso administrativo recuerda, asimismo, que «son los interesados en obtener la suspensión quienes tienen la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que baste una mera invocación genérica».

Tras recordar que las asociaciones de salas de cine han presentado un informe de impacto económico de estas restricciones redactado por ellas mismas, destaca que los datos facilitados son «cálculos respecto de los que no se ha aportado la base documental y criterios metodológicos que los sustenten, por lo que no resulta posible atribuirles en este momento el valor probatorio pretendido, al tratarse de meras estimaciones».

Por ello, sin prejuzgar el fondo del asunto, entiende que no procede adoptar la medida cautelar solicitada. Contra este auto cabe recurso de reposición que debe presentarse ante la misma Sala en un plazo de cinco días desde su notificación.