UGT ha exigido, durante la constitución de la mesa de negociación sobre pensiones, que se derogue la reforma de pensiones de 2013 impuesta por el Gobierno del PP y que se acabe con el déficit de la Seguridad Social antes de abordar su futuro.
Así lo ha trasladado el sindicato al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al tiempo que ha señalado que, posteriormente, en una segunda fase se deberán estudiar y acordar medidas que fortalezcan el sistema público de pensiones a partir del último Acuerdo de Pensiones consensuado por los agentes sociales, el de 2011.
Para acabar con el déficit, UGT propone que el Estado asuma los gastos que por su naturaleza no deben ser pagados con cotizaciones. Así, considera que la negociación debería definir qué conceptos son, a cuánto asciende su coste anual, en qué plazo y con qué ritmo se compromete el Gobierno a que se produzca esa total separación de fuentes de financiación.
Por otro lado, cree se debe apostar por una redistribución de las cuotas de las cotizaciones sociales que permita pasar una parte de las de protección por desempleo (que están financiando prestaciones asistenciales, subsidios, y Políticas Activas de Empleo, que son aspectos que deben estar a cargo del Estado) a las contingencias generales (es decir, en realidad a las pensiones).
UGT ha señalado que en la protección por desempleo, «fuera de las crisis, sobra dinero que se lo queda el Estado, y en pensiones, falta, y el Estado no lo pone». «Este juego con las cotizaciones se tiene que acabar. Las cotizaciones deben ser solo para las prestaciones contributivas», ha dejado claro la organización sindical.
Para el sindicato también es necesario que se deroguen «las dos grandes fuentes» de recorte de la reforma del PP de 2013, acabando así con el índice de revalorización de las pensiones, que el sindicato piensa que debe ser sustituido en la Ley de Seguridad Social por el IPC, garantizando así el mantenimiento del poder adquisitivo. También ha apuntado que se debe eliminar el factor de sostenibilidad, que en estos momentos se encuentra aplazado como máximo hasta 2023.
A medio y largo plazo, la organización que lidera Pepe Álvarez se inclina por un sistema de financiación suficiente con más cotizaciones (sobre los ingresos reales) y con compromiso de aportación de la imposición general, pero también por establecer reformas para superar los numerosos problemas pendientes de las pensiones.
Asimismo, ha considerado como objetivo a conseguir el compromiso con las políticas y su implementación, porque si aumenta el PIB, el peso del gasto en pensiones sobre el mismo se reducirá. «Se trata de establecer medidas en relación con la creación de más y mejor empleo, aumento de la tasa de actividad, regulación de los flujos migratorios, reducción más rápida de la tasa de paro, aumento de la natalidad, incremento de la productividad, etc», ha explicado.
