· Noemí Santana visitó uno de los ocho recursos alojativos puestos en marcha junto a los Ayuntamientos con el fin de garantizar la atención de las personas sin hogar ante la situación de alarma provocado por el Covid-19
“Desde que comenzó la crisis sanitaria por el coronavirus, desde el Gobierno teníamos claro que nuestra prioridad era atender y proteger a las personas más vulnerables, entre ellas a las que menos recursos cuentan como son las personas sin hogar. No podíamos abandonarlas a su suerte en un momento de Estado de Alarma y no lo hemos hecho” afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en el transcurso de la visita que realizó a uno de los recursos alojativos de Las Palmas de Gran Canaria.
En este sentido, Santana explicó que desde la Consejería de Derechos Sociales se han destinado un global de 400.000 euros a financiar un total de ocho recursos alojativos – dos en Santa Cruz de Tenerife, 3 en Las Palmas de Gran Canaria y uno en La Laguna, Arona y Granadilla- “que han garantizado la atención y acogida a un total de 280 personas sin hogar”.
“Para esta actuación, ha sido fundamental la implicación de los Ayuntamientos, ya que sin su colaboración no habría sido posible” señaló la responsable regional del área de Derechos Sociales quien enfatizó que “en la complicada situación sanitaria y social que estamos viviendo, la colaboración entre administraciones es clave para atender de la mejor forma posible a las personas que más lo necesitan”.
A estos recursos alojativos hay que sumar la partida de 100.000 euros que Derechos Sociales ha destinado a la Obra Social de Acogida y Desarrollo que ha permitido financiar el programa de servicio de comedor y de atención social a un total de 278 personas en situación de extrema vulnerabilidad que son atendidas por la Obra Social en Las Palmas de Gran Canaria.
Estas medidas se suman a las que el Ejecutivo regional ha puesto en marcha durante las últimas semanas desde que se iniciara el estado de Alarma sanitaria por el Covid-19, con el objeto de “crear un escudo social canario, con el fin de ampliar y reforzar el escudo social estatal para llegar a donde no se llegaba, para proteger lo que este no puede proteger”, tal y como explicó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud recientemente en comparecencia parlamentaria.
Entre este abanico de medidas se incluyen el protocolo de actuación, junto a la consejería de Educación, para cubrir al alumnado de ‘cuota cero’ que permitió entregar tarjetas para alimentos a más de 13.000 escolares de las Islas, así como la puesta en marcha del Ingreso Canario de Emergencia, la ampliación de la Prestación Canaria de Inserción, llegando a las 7.000 familias en Canarias, y el adelanto del pago de las prestaciones durante la situación del estado de alarma, tanto las de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) como de las prestaciones de cuidados en el entorno familiar en el ámbito de atención a la dependencia y la renovación de los grados de discapacidad de forma automática durante un año.
Además, el Ejecutivo transfirió a los municipios los 12 millones de euros del programa de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y destinó una partida de 600.000 euros para las entidades sociales que se dedican a la atención de las personas en situación de vulnerabilidad, medidas a las que se suma la puesta en marcha de la iniciativa Mascarilla 19, dirigida a la atención de mujeres víctimas de violencia machista.
Asimismo, hay que recordar la incorporación del Colegio de Trabajadores Sociales y la Plataforma del Tercer sector al trabajo de coordinación realizado en el marco de la mesa de reconstrucción, junto al Presidente y al Comité de Emergencia social.
