Si pensabas pujar por un ático de lujo en Chamberí, esta operación va a sorprenderte: no podrás visitar el inmueble antes de presentar tu oferta. La Comunidad de Madrid ha actualizado las condiciones de venta del ático polémico y ha prohibido las visitas presenciales. El precio de salida es de 6,69 millones de euros, casi 390.000 más de lo que pagó la administración en abril.
El inmueble, situado cerca de la vivienda de la madre de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, fue adquirido por la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros. Ahora, la venta se realiza con una subida de 390.000 euros y sin que los compradores puedan comprobar el estado real del piso. El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 7 de septiembre.
Qué se vende exactamente y por qué no se puede visitar
Según el pliego de condiciones publicado en el portal de contratación autonómico, los futuros dueños deben aceptar el inmueble 'en el estado en el que se encuentre'. El abogado Javier Flores, que ha llevado el caso ante el Tribunal de Cuentas, lo califica de 'compra a ciegas'. Además, Planifica Madrid ha corregido detalles técnicos: la terraza, que en el Registro de la Propiedad figuraba con casi 200 metros cuadrados, en realidad mide 99 metros cuadrados porque los anteriores dueños redujeron el espacio exterior antes de vender.
El piso, construido en 1957, tiene 481 metros cuadrados totales, cinco habitaciones, cinco baños, un trastero, un local privado y dos plazas de garaje. La administración asegura que no ha hecho obras desde que lo compró y que está al corriente de impuestos y cuotas comunitarias. Esa es la justificación oficial. La realidad es que ningún comprador podrá comprobarlo antes de pujar.
De oficina temporal a subasta: la cronología del caso
La polémica se remonta a abril, cuando Planifica Madrid adquirió el ático justificándolo como oficina temporal mientras se realizaban obras en la Real Casa de Correos. La compra no apareció en el portal de transparencia y se conoció meses después por una investigación periodística. Casi de inmediato se comprobó que la normativa urbanística impide darle uso de oficinas. Un día después del escándalo, el gobierno regional anunció la venta del inmueble.
Para justificar la subasta, el Ejecutivo madrileño comunicó que los ingresos se destinarán a la reconstrucción de la Sierra Oeste, afectada por incendios forestales. Mientras tanto, el asunto ya está en los tribunales: el juzgado de instrucción número 8 de Madrid estudia la compraventa tras cinco denuncias. El PSOE y Más Madrid han pedido personarse como acusación popular y acusan al gobierno regional de presuntos delitos de prevaricación y malversación.
La administración compró el ático por 6,3 millones, ahora pide 6,69 y no deja que los interesados lo vean antes de ofertar.
Vender un inmueble público sin permitir visitas es excepcional. En la mayoría de subastas de bienes embargados o de patrimonio público se habilita al menos una jornada de inspección para facilitar la concurrencia. Los críticos interpretan la restricción como un blindaje frente a preguntas incómodas sobre el estado real del piso. Los defensores de la gestión aseguran que el pliego es claro y cumple la legalidad, y recuerdan que cualquier interesado puede presentar su oferta condicionada a una revisión posterior si resulta adjudicatario.
Cómo otras ventas públicas han marcado el precedente
El precedente más cercano es el de otras ventas de patrimonio autonómico envueltas en sospechas de favoritismo. En esos casos, la opacidad inicial terminó reforzando la investigación judicial. Aquí, la empresa pública ha optado por no abrir el piso al público. La oposición sostiene que esa decisión limita la competencia real y puede disuadir a compradores serios. El gobierno, en cambio, defiende que la operación se ajusta a derecho y que la prioridad es cerrar la venta cuanto antes para destinar el dinero a los damnificados por los incendios.
El plazo para presentar ofertas expira el 7 de septiembre. Si no llega ninguna oferta firme, la Comunidad de Madrid tendrá que decidir si rebaja el precio o retira el ático del mercado. Mientras tanto, la investigación judicial marcará los próximos pasos: el juzgado debe decidir si admite las denuncias y si da curso a las personaciones solicitadas. El impacto de esta operación va más allá de un piso de lujo: está en juego la credibilidad de la gestión del patrimonio público madrileño.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Comunidad de Madrid vende el ático de lujo por 6,69 millones, 390.000 euros más de lo que pagó, y prohíbe las visitas.
- Por qué te importa: Se trata de patrimonio público; la operación tiene una investigación judicial abierta por presunta malversación.
- A quién afecta: A los contribuyentes madrileños, a los posibles compradores y a las formaciones políticas que denuncian.
- Hacia dónde vamos: El plazo de ofertas termina el 7 de septiembre y el juzgado debe decidir si admite las denuncias.
