El Ejecutivo de PP y Vox en Extremadura estrena presupuestos con un tijeretazo de 300.000 euros a ONG de migrantes y ayudas LGTBI. Las cuentas, aprobadas a finales de julio tras más de 12 horas de debate, son las primeras de la legislatura y confirman la sintonía actual entre los socios de gobierno, aunque el reparto de competencias ha obligado a un complejo baile de partidas.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 8/10. La decisión afecta directamente a entidades que trabajan con inmigrantes, personas LGTBI y ecologistas, y genera un debate sobre el modelo de servicios sociales en gobiernos de coalición con Vox. El recorte total supera los 500.000 euros, aunque parte se recupera por otras vías.
¿Qué ayudas caen y cuánto dinero se pierde?
La Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, dirigida por Vox, ha suprimido cerca de 300.000 euros destinados a tres entidades de atención a migrantes: Accem, Cepaim y Progestion. La formación de Abascal defiende que así cumple el pacto de gobierno para retirar subvenciones a organizaciones que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal.
Además, desaparecen 110.000 euros en ayudas al colectivo LGTBI: 40.000 para la asociación Extremadura Entiende, enfocada al apoyo en zonas rurales, y 70.000 para Mujeres en Zona de Conflicto, que asistía a víctimas de trata o explotación sexual. Ambas partidas han sido asumidas ahora por la Secretaría General de Igualdad, en manos del PP, para evitar un vacío total, pero la red de apoyo directo pierde recursos.
El juego de las transferencias: Vox recorta, el PP repone
El choque entre los socios por las subvenciones ha sido constante. Un ejemplo claro es el de los ecologistas: la Consejería de Agricultura de Vox quería eliminar una línea de 150.000 euros y redirigirla a la incorporación de agricultores. La propuesta salió adelante, pero el PP recuperó después 216.000 euros para Industria y los repartió entre cuatro asociaciones ecologistas, doblando la cantidad inicial.
El baile de partidas se repite con otras organizaciones: 15.000 euros para Acción contra el Hambre y 245.000 para Plena Inclusión (salud mental) también fueron retirados por Vox y recolocados por los populares. «Respetamos el ámbito competencial de cada consejería», explican desde Vox, mientras que desde el PP subrayan que han logrado mantener el apoyo a entidades estratégicas sin romper el acuerdo de gobierno.
De Aragón a Extremadura: el patrón de las políticas de ‘españoles primero’
La estrategia extremeña no es aislada. En Aragón, otro gobierno PP-Vox ya eliminó ayudas a migrantes irregulares con el argumento de priorizar a los nacionales. Ahora Extremadura suma un recorte similar, aunque sin aplicar de forma explícita el principio de prioridad nacional en el acceso a prestaciones, un asunto que finalmente no se incluyó en el presupuesto.
La líder del Ejecutivo, María Guardiola, celebró la aprobación de las cuentas —8.854 millones, las más altas de la historia regional— y destacó la estabilidad alcanzada. Pero el margen de maniobra deja una huella clara: las organizaciones sociales pierden peso en el gasto público mientras Vox introduce subvenciones de 15.000 euros para la Asociación Provida de Badajoz y 50.000 para la de Custodia Compartida.
Las cuentas eliminan 300.000 euros para ONG de migrantes y 110.000 para colectivos LGTBI, aunque parte de ese dinero se recupera por otras vías.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El gobierno de PP y Vox en Extremadura ha aprobado sus primeros presupuestos de la legislatura con recortes en ayudas a migrantes, colectivos LGTBI y ecologistas.
- Por qué te importa: La retirada de subvenciones afecta a servicios básicos para personas vulnerables y marca un giro en el modelo social de las comunidades gobernadas por la coalición de derechas.
- A quién afecta: A ONG como Accem, Cepaim y Progestion, asociaciones LGTBI rurales y entidades ecologistas, además de víctimas de trata y explotación sexual.
- Hacia dónde vamos: El recorte se enmarca en una línea que ya se aplica en Aragón y podría extenderse a otros gobiernos autonómicos de PP y Vox. UGT ha anunciado acciones judiciales.
