Si tienes pensado volar a Italia este agosto, prepara el pasaporte como si salieras de Europa. La bronca política entre España e Italia ha dejado en suspenso, aunque de forma temporal, la libre circulación del espacio Schengen.
Este mismo domingo 9 de agosto caduca el ultimátum de tres días que el Gobierno español le dio a Italia para que retirara los controles fronterizos que impuso a los viajeros procedentes de España. Roma no solo los mantiene, sino que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, califica la medida recíproca adoptada por España de «incomprensible y totalmente inaceptable».
El origen: la crisis migratoria en Ceuta
La cascada de suspensiones arrancó con la entrada masiva de migrantes en Ceuta hace más de una semana. El alcalde, Juan Jesús Vivas, mantiene que aún permanecen en la ciudad entre 8.000 y 11.000 personas, en su mayoría subsaharianas, aunque el gobierno ceutí rebaja esa estimación a una horquilla de 3.000 a 5.000.
Ante ese episodio, que el Gobierno italiano calificó de «extraordinario», Roma restableció los controles fronterizos a los viajeros españoles. La respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez no se hizo esperar: el viernes pasado un decreto publicado en el BOE reimponía los chequeos en puertos y aeropuertos para quienes llegaran desde Italia, una medida que estará vigente hasta las 24 horas del 7 de septiembre (salvo que el riesgo desaparezca antes).
Italia acusa de «represalia» y mantiene su posición hasta el 15 de agosto
Tajani ha tachado la decisión española de «represalia sin motivo que perjudica al turismo» y ha revelado que los servicios de inteligencia de España advirtieron de un riesgo de nueva oleada migratoria hacia mediados de agosto, alrededor del día 15.
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A pesar de que el espacio Schengen no cubre Ceuta, Tajani argumentó que el verdadero peligro está en los movimientos secundarios de migrantes no marroquíes hacia la Península y, desde allí, hacia Italia. La vicepresidenta tercera española, Sara Aagesen, replicó que «ninguna persona ha llegado a la Península» y que la libre circulación «no ha sido violada».
Qué se van a encontrar los viajeros a partir de ya
Los nuevos controles se aplicarán de manera «proporcionada, flexible y basada en análisis de riesgo», según el BOE, pero supondrán previsiblemente verificaciones de pasaporte y posibles esperas en aeropuertos y puertos para quienes viajen entre España e Italia.
Esto significa que, como mínimo hasta el 7 de septiembre —y, en el caso de Italia, al menos hasta el 15 de agosto—, cualquier vuelo o barco entre ambos países se encontrará con trámites similares a los de un destino extracomunitario. Para los turistas de agosto, el enfado político se traduce en más colas y menos fluidez en plenas vacaciones.
Una crisis con precedentes en la UE, pero con mal rollo mediterráneo
No es la primera vez que un país de Schengen reintroduce fronteras. Francia lo hizo tras los atentados de 2015; Alemania, Dinamarca y Suecia mantienen controles desde la crisis de refugiados de hace una década. Sin embargo, esta crisis es distinta: dos socios mediterráneos se acusan mutuamente de actuar sin motivo legítimo, dejando la solidaridad europea en entredicho.
La Comisión Europea aún no se ha pronunciado, pero el reglamento Schengen permite suspensiones temporales ante amenazas graves al orden público o la seguridad interior. La polémica reside en si el temor italiano está justificado o si, como sostiene Madrid, es desproporcionado. Lo que está claro es que, mientras la tensión no se desactive, los viajeros pagarán las consecuencias con más burocracia en pleno agosto.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Italia mantiene los controles fronterizos a España tras la crisis migratoria en Ceuta, y España respondió con la misma medida hasta el 7 de septiembre.
- Por qué te importa: Si viajas entre España e Italia, puedes encontrarte controles de pasaporte y esperas adicionales en el aeropuerto o puerto.
- A quién afecta: A todos los viajeros de vuelos y barcos entre ambos países, especialmente turistas y trabajadores.
- Hacia dónde vamos: Italia condiciona el fin de sus controles a la evolución del riesgo migratorio hacia el 15 de agosto; España evaluará la medida de forma permanente.
