Bruselas insiste, pero el Gobierno no cede. El nuevo paquete de vivienda que ultima el Ejecutivo deja fuera la reforma de la Ley del Suelo que la Comisión Europea lleva dos años pidiendo. Una omisión que limita las herramientas para aumentar la oferta de vivienda asequible justo cuando los visados de obra nueva volvían a niveles prepandemia.
El Ejecutivo comunitario ha vuelto a la carga en su paquete de primavera de 2026. Avisa de que el “persistente desajuste entre oferta y demanda” lastra el mercado y que sin agilizar la producción de suelo urbanizable los objetivos de vivienda se quedan en papel. La recomendación ya figuraba en el ciclo de 2025: acelerar la reforma para reducir trámites, pleitos y cuellos de botella administrativos. Pero, de momento, no hay rastro de ella en las medidas que Moncloa adelantó tras el último Consejo de Ministros de junio.
El nuevo plan se centra en bonificaciones del IRPF, estabilidad de contratos o la subida del IVA al 21% para pisos turísticos, muy lejos de lo que reclama el sector. La Asociación de Promotores Constructores (APCEspaña) insiste en que sin una ley que blinde la seguridad jurídica del planeamiento urbanístico, seguirán bloqueándose proyectos enteros por defectos formales. “La seguridad jurídica urbanística es una condición imprescindible para generar vivienda asequible”, resume su presidente, Xavier Vilajoana.
Por qué Bruselas ve imprescindible la Ley del Suelo
La Comisión recuerda que la propuesta de reforma, parada en el Congreso, buscaba justo lo contrario: convertir el suelo en vivienda real antes y con menos trabas. Sin ese cambio legal, las ayudas fiscales y los estímulos a la demanda corren el riesgo de inflar precios en lugar de contenerlos. Y la propia UE considera que la falta de avances pone en peligro los objetivos generales de la política de vivienda española.
El Gobierno español se había comprometido a sacar adelante la Ley del Suelo para recibir los fondos del Plan de Recuperación, cuyo plazo vence este agosto. Hace pocos días el ministro Cuerpo anunció el sexto desembolso, más de 7.000 millones, al cumplir 73 hitos. Lo que desapareció de aquel acuerdo fue precisamente esta ley; en su lugar se dio luz verde a la Entidad Estatal de Vivienda (Casa 47) como garantía del acceso a una vivienda asequible y permanente.
Otra Ley del Suelo en el cajón del Congreso
Mientras tanto, una iniciativa con el mismo nombre impulsada por el PP superó el Senado y espera turno en el Congreso desde abril. Su texto va más allá: deroga los topes al alquiler de la Ley de Vivienda y agiliza los desahucios por ocupación. Choca con los mismos vetos políticos que tumbaron la propuesta del Gobierno en 2024, así que su futuro no está más despejado.
Esa división no se limita a los partidos. La Comisión subraya que la Ley de Vivienda de 2023 no se aplica por igual en todas las comunidades, lo que “genera potencialmente distorsiones en el mercado y socava su eficacia”. Sin coordinación entre administraciones, las buenas intenciones se diluyen, y el Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030 dependerá de que las autonomías pongan la parte de cofinanciación que les corresponde.
El precedente que explica por qué nada se mueve
No es la primera vez que una reforma del suelo se atasca por falta de consenso parlamentario. En 2024, el mismo texto del Gobierno naufragó en el Congreso tras meses de negociación. La paradoja de 2026 es que ahora la presión exterior es mayor, pero la aritmética política sigue igual. Quienes defienden el enfoque gubernamental sostienen que primero hay que movilizar el parque público con instrumentos como Casa 47 y los incentivos fiscales, y después afrontar cambios normativos profundos.
En la acera de enfrente, los promotores replican que sin una reforma del suelo, el aumento de la inversión pública se queda corto. La oferta tardará más en responder porque el cuello de botella está en el acceso al terreno. Y Bruselas les da la razón al insistir, dos años seguidos, en que la clave está en los tiempos de tramitación, no solo en el gasto.
La productividad de la construcción sigue en niveles muy bajos y la falta de mano de obra cualificada agrava el desajuste entre oferta y demanda.
Esa realidad se cuela en las previsiones europeas. De aquí a 2035, el 5,2 % de las oportunidades de empleo estarán en el sector, pero las vacantes se concentran en microempresas y la productividad sigue estancada. Sin más vivienda asequible, los jóvenes seguirán destinando más de la mitad de su sueldo al alquiler, como advierten los datos del Banco de España.
El Gobierno confía en que el nuevo paquete pueda aprobarse antes del verano, aunque la ausencia de la Ley del Suelo deja una incógnita: ¿bastarán las bonificaciones y los estímulos para que el mercado reaccione si la maquinaria administrativa sigue atascada? La Comisión ya ha puesto la hoja de ruta. Ahora la pelota está en el Congreso.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno presentará un nuevo paquete de vivienda sin incluir la reforma de la Ley del Suelo reclamada por Bruselas.
- Por qué te importa: La omisión retrasa la construcción de vivienda asequible y puede encarecer los alquileres y las hipotecas de los jóvenes.
- A quién afecta: A potenciales inquilinos, compradores de primera vivienda y a los promotores que necesitan suelo urbanizable con seguridad jurídica.
- Hacia dónde vamos: La reforma sigue bloqueada en el Congreso; el Ejecutivo apuesta por ayudas fiscales, pero sin cambios en el uso del suelo la oferta seguirá tensionada.
