Más de un millón de inmigrantes han pedido regularizar su situación en España en el macroproceso extraordinario abierto por el Gobierno. Y Cataluña concentra una de cada cinco solicitudes. Te contamos a quién afecta esta regularización récord y qué supone para el mercado laboral.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 8/10. Más de 600.000 expedientes ya están en vías de tramitación y 159.000 personas han pasado de la economía sumergida a cotizar a la Seguridad Social en apenas un mes. Las previsiones iniciales del Ministerio se han quedado cortas: el volumen de peticiones las ha mas que duplicado.
El mapa de las solicitudes: Cataluña a la cabeza
El proceso extraordinario de regularización ha cerrado su fase de presentación con 1.174.978 solicitudes en toda España, un número que desborda los 750.000 expedientes que esperaba el Ministerio. Por territorios, Cataluña lidera el ránking con más de 257.000 peticiones. La siguen la Comunidad de Madrid (alrededor de 207.000), la Comunidad Valenciana (167.000) y Andalucía (161.000).
Del total nacional, el 52% —es decir, 609.737 expedientes— ya está en fase de tramitación. Según los datos del departamento que dirige Elma Saiz, el 79,6% de las solicitudes se acogen a la vía de arraigo extraordinario, mientras que el 20,4% restante alega protección internacional. Esta última modalidad es la que ha despertado dudas en el Tribunal Supremo, como veremos más adelante.
El perfil tipo: hombre menor de 45 años que ya trabaja
La mayoría de los solicitantes son hombres (57%) y el 81% tiene menos de 45 años. El grupo de edad más numeroso es el de 25 a 34 años, que representa casi un tercio del total. Por nacionalidades, los colombianos concentran una de cada cuatro peticiones (25,9%), seguidos de marroquíes (13,3%), venezolanos (11,8%), peruanos (8,8%) y hondureños (4,9%). Dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y del Sur.
El impacto laboral ya es visible. Desde finales de abril, 159.097 trabajadores regularizados se han afiliado a la Seguridad Social, la mayoría con contrato indefinido. Hostelería (38.776 altas), comercio (20.195), actividades administrativas (19.327) y construcción (18.310) son los sectores que más personas han incorporado. Para el Gobierno, esta evolución muestra "un gran dinamismo" y convierte a los trabajadores extranjeros en uno de los motores del empleo en 2026.
Las altas en la Seguridad Social afloran un empleo que ya existía, pero que hasta ahora se movía en la economía sumergida.
El frente judicial y político de fondo
La regularización masiva no está exenta de controversia jurídica. El Tribunal Supremo se plantea preguntar a la justicia europea si el procedimiento, sobre todo en lo relativo a la protección internacional, choca con el derecho comunitario. Mientras tanto, el Ejecutivo defiende la medida como un paso hacia una "sociedad de acogida efectiva", en palabras de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.
Este es el séptimo proceso extraordinario de regularización en España, pero el primero que se hace con un volumen de solicitudes tan abrumador. La experiencia de regularizaciones anteriores muestra que el afloramiento de empleo suele ser rápido, aunque el encaje legal definitivo puede tardar meses en resolverse. El Tribunal Supremo aún no ha dictado sentencia y la mirada de Bruselas sobre la compatibilidad de la norma nacional con las directivas europeas abre un escenario de incertidumbre para cientos de miles de personas.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El proceso extraordinario de regularización ha recibido 1,17 millones de solicitudes, más del doble de lo previsto. Cataluña encabeza la lista con 257.000 peticiones.
- Por qué te importa: 159.000 personas ya cotizan a la Seguridad Social, lo que puede dinamizar sectores como la hostelería o la construcción, pero también plantea tensiones legales.
- A quién afecta: Principalmente a hombres jóvenes de Colombia, Marruecos y Venezuela. Ocho de cada diez tienen menos de 45 años y ya trabajaban en la economía sumergida.
- Hacia dónde vamos: El Tribunal Supremo estudia si el procedimiento vulnera el derecho europeo. Una decisión contraria podría paralizar miles de expedientes.
