La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha reconocido ante la jueza que fue él quien le hizo llegar al jefe de gabinete de la presidenta madrileña la foto de dos periodistas de El País. Miguel Ángel Rodríguez, investigado por revelación de secretos, recibió la imagen y la difundió después a varios medios de comunicación.
La declaración, que apenas duró un cuarto de hora, se produjo este lunes en los juzgados de Madrid. González Amador confirmó así parte del relato que el propio Rodríguez había dado semanas atrás, aunque introdujo matices que dejan algunos cabos sueltos. El caso, que arrancó en marzo de 2024, gira en torno al señalamiento de dos reporteros que cubrían el presunto fraude fiscal del empresario.
Qué ha contado González Amador en el juzgado
Según su versión, no fue él quien tomó la fotografía. Se la envió un vecino de la quinta planta del edificio, aunque no ha querido identificarlo. Añadió que reenvió la imagen a Miguel Ángel Rodríguez porque es su amigo y porque, en sus palabras, el jefe de gabinete se ocupa de la “seguridad” y la comunicación de Ayuso. Sin embargo, ni la presidenta ni su pareja estaban en casa en ese momento, según su testimonio.
Otro punto clave es lo que ha desaparecido. González Amador asegura que ya no conserva su conversación de WhatsApp con Rodríguez porque lo borró todo tras sufrir un hackeo. Llama la atención que, pese al supuesto ataque informático, sí mantiene los chats con sus vecinos de aquellos días, incluido un grupo de la aplicación donde se comentó la presencia de los periodistas.
Además, ha desmentido que le facilitase a Rodríguez una tarjeta de visita de los reporteros, tal y como había afirmado el propio jefe de gabinete. La contradicción entre ambas versiones obliga a la jueza a seguir tirando del hilo y a decidir si cita a nuevos testigos o incluso a agentes de la escolta presidencial.
Por qué este caso es mucho más que una foto
Lo que empezó con una imagen enviada desde el rellano de una escalera esconde una investigación más amplia. La magistrada busca determinar si Miguel Ángel Rodríguez cometió un delito de revelación de secretos al difundir la identidad de los dos periodistas y, además, al propagar el bulo de que estaban acosando a vecinos para sonsacar información sobre el fraude fiscal de González Amador.
La difusión de la foto y los datos falsos acabaron publicados por varios medios junto a la versión de Rodríguez, que pretendía desacreditar la cobertura periodística del caso. En paralelo, se investiga si la información llegó a Rodríguez a través de los policías que ejercen la escolta de la presidenta, una hipótesis que podría ampliar el foco de las pesquisas.
La jueza todavía no ha decidido si los agentes declararán como testigos o como investigados. Las acusaciones —entre ellas la que ejerce el PSOE— han pedido que se tome declaración a más policías, lo que alarga un procedimiento que comenzó hace más de dos años.
El empresario admite el envío de la foto pero niega que entregase datos personales de los periodistas, lo que contradice en parte la versión de Rodríguez.
El precedente: desacreditar a la prensa desde el poder
El episodio de la foto no fue un hecho aislado. Se produjo justo cuando la Comunidad de Madrid, tras las primeras revelaciones sobre el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso, reaccionó con una estrategia de descrédito hacia Hacienda, la Fiscalía y los medios que informaban del caso. Las amenazas de Rodríguez a una periodista —“os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”— resumen el tono de aquella ofensiva.
Otras investigaciones periodísticas han sufrido señalamientos, pero pocas veces la respuesta judicial ha apuntado tan alto. Que un jefe de gabinete de una presidenta autonómica esté siendo investigado por revelación de secretos es un hecho poco común. El caso mide hasta dónde puede llegar el poder institucional cuando intenta silenciar a la prensa, y la decisión final de la jueza puede sentar un precedente sobre los límites de la comunicación política.
De momento, el caso sigue abierto. La magistrada tiene sobre la mesa tanto las diligencias ya aceptadas como las que plantea la acusación. Las próximas semanas serán clave para saber si el foco se amplía hacia los escoltas de Ayuso o si el procedimiento se cierra con los testimonios ya recogidos. Lo que sí está claro es que la foto que llegó al teléfono de Miguel Ángel Rodríguez ha terminado costándole comparecencias, contradicciones y un proceso penal con recorrido.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Alberto González Amador reconoció el lunes ante la jueza que envió la foto de dos periodistas de El País al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
- Por qué te importa: El caso investiga el uso del poder institucional para señalar y desacreditar a periodistas que cubrían un presunto fraude fiscal.
- A quién afecta: Afecta directamente al derecho a la información y a la protección de los profesionales que investigan asuntos de interés público, además de a la credibilidad de las instituciones.
- Hacia dónde vamos: La jueza decidirá en las próximas semanas si amplía la investigación a los escoltas de Ayuso y si cita a más testigos.
