Los grupos parlamentarios de Vox traspasaron a la sede nacional 4,46 millones de euros en 2025, casi un millón más que el año anterior. Es un incremento del 27% que aviva las críticas internas sobre cómo se financia el partido con dinero público.
Vox, como otras formaciones, firma convenios con sus grupos institucionales —desde el Congreso hasta los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos— para que estos transfieran parte de sus asignaciones públicas a la caja central. En teoría, es la contraprestación por servicios de asesoramiento jurídico, formación y apoyo técnico. Pero el fuerte aumento en 2025, sin que la representación parlamentaria del partido apenas variase, ha levantado sospechas.
De dónde sale el dinero y cuánto ha crecido
Según las cuentas que el partido remitió a sus afiliados el miércoles, la formación ingresó por este concepto 4.460.253 euros, un 27% más que los 3.504.703 de 2024. El grueso del aumento correspondió a los grupos autonómicos, que pasaron de 1,59 millones a 2,31 millones (un salto de más de 700.000 euros). Los municipales añadieron otros 95.000 euros, hasta alcanzar 1,33 millones. El Congreso y el Senado, por su parte, incrementaron su contribución en 50.000 euros, situándose en 290.000 euros anuales.
El incremento no fue uniforme. Los grupos de Vox en Castilla y León, por ejemplo, pasaron de 55.000 euros en 2024 a 260.000 en 2025; y en Canarias, de 76.800 a 276.800. Otras delegaciones, en cambio, redujeron sus transferencias: Madrid, Asturias, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha recortaron su aportación. La disparidad de criterios añade otra capa de opacidad a un sistema que ya de por sí carece de controles externos detallados.
Estos flujos representan el 27% de los ingresos ordinarios del partido —y el 37% de los públicos—. El contexto es clave: en 2025 Vox logró superávit por primera vez en tres años (1,76 millones) y canceló su deuda con el banco húngaro. Sin ese millón extra de las transferencias, sus cuentas habrían estado mucho más ajustadas.
Casi un millón de euros más sin que Vox mejorara su representación parlamentaria: el salto cuantitativo de 2025 carece de una justificación clara.
La polémica de los convenios y el 'desvío' de fondos
En septiembre de 2025, la ex portavoz en el Parlamento balear, Idoia Ribas, denunció haber sufrido presiones para 'desviar ingentes cantidades de dinero' desde el grupo parlamentario a la caja central del partido. Ribas aseguró que una de las primeras decisiones de su sucesora fue elevar del 10% al 50% el trasvase de fondos.
Desde la dirección de Vox defienden la legalidad de los convenios. Aseguran que el partido central presta 'servicios vitales' como asesoramiento jurídico, seguridad informática y coordinación de mensaje político, y que estos servicios justifican las transferencias. Subrayan, además, que otros partidos utilizan mecanismos parecidos, aunque los críticos señalan que la cuantía del aumento de 2025 no se corresponde con una prestación mayor: la plantilla del partido no creció en la misma proporción y el número de escaños se mantuvo estable.
Lo que enseña la financiación de otros partidos y la lección de este caso
La figura del convenio de colaboración está recogida en la Ley de Financiación de Partidos y el Tribunal de Cuentas la permite. Todos los partidos con presencia institucional la utilizan en alguna medida. Por ejemplo, el PP y el PSOE también centralizan parte de los fondos de sus grupos para financiar estructuras nacionales. Sin embargo, el caso de Vox es singular por el salto cuantitativo repentino sin un aumento de escaños, y por las acusaciones internas que apuntan a que se trató de un desvío forzoso, no de un pago voluntario por servicios.
El debate trasciende a Vox. Si los grupos parlamentarios, que reciben dinero público para su funcionamiento, pueden transferir hasta la mitad de sus fondos a un partido sin un control detallado, se abre la puerta a que los contribuyentes acaben financiando de forma opaca las estructuras de las formaciones políticas. El Tribunal de Cuentas y la Comisión de Transparencia del Congreso tienen ahora la oportunidad de revisar si estos mecanismos necesitan más luz.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Los grupos institucionales de Vox entregaron 4,46 millones a la sede central en 2025, un 27% más que en 2024.
- Por qué te importa: El 37% del dinero público que recibe Vox acaba en su caja central mediante convenios opacos, un mecanismo que los contribuyentes financian.
- A quién afecta: A todos los ciudadanos, porque se trata de fondos públicos destinados a los grupos parlamentarios que, en parte, se transfieren al partido.
- Hacia dónde vamos: La polémica puede forzar a que se revisen las reglas de transparencia en las transferencias internas; el Congreso o el Tribunal de Cuentas podrían investigar.
