La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un nuevo servicio pionero de asesoramiento integral frente a la okupación ilegal en la región. Se trata de un nuevo protocolo de actuación frente a la okupación ilegal, que contempla asesoramiento judicial gratuito, atención psicológica especializada y asistencia personalizada para las víctimas, con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad.
Según ha detallado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, más de 9.000 viviendas están actualmente okupadas en la región. A pesar de no tener competencias plenas en esta materia, el Ejecutivo autonómico ha decidido actuar «sin ponerse de perfil», firmando un acuerdo con los colegios de abogados y procuradores de Madrid y Alcalá de Henares para dar apoyo legal inmediato.
Atención inmediata a través del 012 y coordinación con el 112
El nuevo servicio contará con un canal especializado en el número 012 de Atención al Ciudadano, desde el cual se activará una respuesta directa a través del 112 Ocupación, permitiendo que las víctimas accedan de forma rápida a los recursos disponibles.
La Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito será la encargada de prestar apoyo psicológico, especialmente en los casos más sensibles.
La okupación ilegal ha evolucionado en los últimos años hacia un modelo delictivo más sofisticado, impulsado por mafias que ofrecen viviendas «a la carta» en redes sociales, incluyendo suministros ilegales y vídeos promocionales, como si se tratase de inmobiliarias.
El modus operandi se ha perfeccionado con el paso del tiempo, estas organizaciones identifican inmuebles desocupados, muchos de ellos propiedad de bancos, y los venden por precios que oscilan entre 300 y 2.000 euros (así como has leído), entregando llaves y acceso a pisos listos para entrar. En ocasiones, colocan primero a personas vulnerables para evitar el desalojo, y más tarde realizan un cambio de inquilinos para consolidar la ocupación.
Hasta la fecha, la Consejería de Vivienda ha destinado más de dos millones de euros en ayudas a propietarios afectados por impagos o situaciones de okupación. Mientras tanto, Ayuso ha reclamado una modificación legal urgente que permita a los jueces ordenar desalojos inmediatos y recobrar el control de los inmuebles.
«No se trata de un problema de nuestra sociedad o Constitución, sino de quienes, desde el poder, se niegan a actuar con rigor jurídico», ha afirmado la presidenta madrileña.
Con este plan pionero, la Comunidad de Madrid busca proteger a los propietarios y recuperar el control frente a una problemática creciente, que además de afectar a particulares, genera inseguridad y deterioro social en numerosos barrios de la región.
La Comunidad de Madrid ofrecerá asesoramiento gratuito a las víctimas de okupación
La Comunidad de Madrid ha anunciado un conjunto de medidas pioneras para asistir a los propietarios afectados por la ocupación ilegal de viviendas. Entre ellas se incluye asesoramiento jurídico gratuito, atención psicológica especializada y un servicio inmediato de orientación a través del teléfono 012. Esta iniciativa busca ofrecer respuestas rápidas y efectivas en un contexto donde más de 9.000 viviendas están actualmente okupadas en la región, según ha informado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
La nueva estrategia también contempla un protocolo de actuación en colaboración con los colegios de abogados y procuradores, así como una línea directa con el 112 para casos urgentes. Con estas herramientas, el Gobierno madrileño pretende dar respaldo no solo legal, sino también emocional, especialmente a las víctimas en situación de mayor vulnerabilidad, quienes suelen verse especialmente afectadas por este tipo de delitos.
Asesoramiento jurídico y atención psicológica para víctimas
Y por si fuera poco, la Comunidad de Madrid pondrá a disposición de los afectados un servicio de asesoramiento jurídico gratuito que será prestado por los colegios de abogados de Madrid y Alcalá de Henares. Esta asistencia se podrá solicitar de forma inmediata, ofreciendo un apoyo legal esencial para quienes afrontan procesos de recuperación de sus propiedades o denuncias contra los okupas, aunque la respuesta legal no sea tan expedita como se desea, este asesoramiento les dará luces a los afectados sobre el proceso a seguir.
Además del soporte legal, el plan contempla atención psicológica gratuita, proporcionada por la “Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito”. Este servicio será clave para acompañar emocionalmente a quienes, además del perjuicio económico, sufren ansiedad, miedo o estrés como consecuencia de la ocupación de sus hogares. Se priorizará la atención a personas vulnerables, como mayores, familias monoparentales o personas con discapacidad, se trata de una atención completa, porque lo que se busca es apoyar a las víctimas de las okupaciones.
Nuevos canales de ayuda y demandas legales
Para reforzar la atención y respuesta a las víctimas, el Gobierno regional activará un servicio específico a través del número 012 de Atención al Ciudadano, al que se suma una coordinación directa con el 112 bajo la etiqueta “112 Ocupación”. De este modo, cualquier afectado podrá acceder a orientación y apoyo especializado de forma rápida y centralizada, lo que permite una primera reacción más ágil.
Por otro lado, Díaz Ayuso ha insistido en la necesidad de reformar las leyes que actualmente impiden una actuación judicial más contundente. Ha reclamado cambios legislativos que devuelvan a los jueces la capacidad de ordenar desalojos inmediatos cuando se detecta una ocupación ilegal. Según la presidenta, “lo que falla no es la Constitución ni la sociedad española, sino la voluntad política de enfrentar con decisión este problema que está generando inseguridad y malestar en muchas comunidades”.
