En un sorprendente giro de eventos, el Centro de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) de Ateca, en la región de Aragón, ha sido el epicentro de un escándalo que ha sacudido los cimientos de la política española.
Alejandro Nolasco, portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, ha denunciado enérgicamente lo que considera una realidad alarmante: la existencia de un negocio lucrativo impulsado por quienes promueven la inmigración ilegal, la delincuencia y el tráfico de personas en España.
Según Nolasco, el Gobierno de Aragón ha estado pagando a la UTE, que gestiona el Centro de MENA, más de 1,2 millones de euros al año, es decir, más de 3.400 euros diarios, lo que a su vez ha recibido financiación de otras instituciones fuera de la comunidad autónoma. Esto, a su vez, ha dado lugar a la presunta transferencia de "los más conflictivos" a Ateca, lo que plantea serias preocupaciones sobre la gestión y el bienestar de estos menores.
Cuestionando los Criterios de Contratación del Personal
Nolasco ha expresado su indignación sobre los supuestos criterios de contratación del personal del centro, afirmando que la formación y la cualificación no parecen ser los principales requisitos, sino más bien el hecho de que los candidatos hablen árabe. Esto sugiere una posible falta de atención a las necesidades y el bienestar de los menores alojados en el centro.
Además, Nolasco ha trasladado su preocupación de que esta situación pueda ser similar en otros centros de MENA en todo el país, lo que plantea la posibilidad de un problema más generalizado.
Una Llamada a la Rendición de Cuentas y la Prioridad Nacional
El portavoz de VOX ha hecho un llamamiento al Gobierno de Aragón para que fiscalice cada céntimo del dinero de los aragoneses que se está utilizando en nombre de esta "supuesta solidaridad", que, según él, no es más que un negocio lucrativo para unos pocos. Nolasco ha instado a esclarecer y establecer la prioridad nacional en el acceso a todo tipo de ayudas y servicios sociales, lo que sugiere una posición de prioridad para los ciudadanos españoles.
Finalmente, Nolasco ha calificado de "indignante" ver cómo pensionistas que han trabajado toda su vida apenas pueden pagar la calefacción en invierno, mientras que el mantenimiento de estos centros de MENA cuesta 55.000 euros al año por cada menor. Esta declaración pone de relieve las preocupaciones sobre la asignación de recursos y la equidad en la distribución de la ayuda social.
En resumen, el escándalo del Centro de MENA de Ateca ha sacado a la luz una supuesta red de intereses financieros que van en detrimento de los ciudadanos españoles y cuestionan la gestión y el bienestar de los menores extranjeros no acompañados. La posición de VOX, como partido político, parece centrarse en la rendición de cuentas, la prioridad nacional y la necesidad de abordar este problema de manera integral y transparente.
