La Fundación Franz Weber ha reivindicado este miércoles que se dé libertad de voto a los diputados del PSIB en el Congreso en el debate sobre el Proyecto de Ley de Protección Animal de este jueves, ya que en Baleares han «demostrado su compromiso con la protección y convivencia con animales».
Con esto, pide que se permita a estos diputados votar contra la enmienda para excluir a los perros de caza de la Ley. En un comunicado, la fundación naturalista ha instado a la dirección del Grupo Socialista a «facilitar un voto en conciencia a un total de 26 parlamentarios pertenecientes a los territorios más abiertos a las políticas de protección animal», un grupo en el que incluye a Galicia, Cataluña y La Rioja, además de Baleares, por actuaciones desplegadas en estas regiones en los últimos años.
«La libertad de voto es una fórmula necesaria para garantizar que la representación de la ciudadanía apoye o rechace en conciencia una determinada enmienda, como las presentadas por una parte del PSOE en cooperación directa con el lobby agroganadero y cazador», ha remarcado FFW.
Para la entidad, el Proyecto de Ley es «regresivo y contrario a las normas autonómicas». «La enmienda defendida por el PSOE que plantea la segregación de los perros en función de actividades profesionales y de ocio supone un movimiento regresivo en el conjunto del Estado español», considera la Fundación.
Los naturalistas recuerdan que «la mayor parte de las regulaciones autonómicas no realizan distinciones» y por ello ven «surrealista que un compendio legal de ámbito superior pueda ser menos ambicioso que éstas».
Igualmente, la FFW censura que «una parte del grupo socialista también defiende el mantenimiento de las crueles competiciones de tiro al pichón, donde las aves incluso con las alas recortadas son enviadas a morir a base de disparos de una forma realmente violenta».
Esta práctica está prohibida en Galicia, con el apoyo del PSdeG-PSOE, así como en otras CCAA como Cataluña, Baleares o la Rioja, ha recordado.
La entidad también ha apuntado que parte del articulado también ha sido enmendado por los grupos parlamentarios soberanistas, desde Esquerra al BNG, que ven en el texto «un intento de centralización frente a Leyes de Protección Animal que son más ambiciosas que el texto estatal».
