La Fiscalía Anticorrupción no alterará el escrito de acusación que ya tiene listo sobre la ‘Operación Kitchen’, relativa al presunto espionaje orquestado desde el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas para robarle información sensible, tras la reforma del delito de malversación porque en lo referente al uso de fondos reservados acusará de malversar acogiéndose al artículo 432, que comprende apropiación de patrimonio público.
Así lo confirman fuentes fiscales, que apuntan que los hechos son anteriores a 2015 –arranca en 2013– y aseveran que lo que se dio en la Kitchen, cuya instrucción se ha seguido en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en el marco del ‘caso Villarejo’, fue una sustracción de fondos reservados para abonar cantidades al chófer de Bárcenas.
Ese artículo 432 del Código Penal, que usará el Ministerio Público en un escrito que en breve verá la luz, recoge unas penas que van de los dos a los seis años de prisión e inhabilitación especial para ocupar cargo público por tiempo de seis a diez años.
«La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años», reza el artículo.
Las mismas fuentes señalan que en Kitchen se dan semejanzas con el caso del secuestro de Segundo Marey por los GAL. Entonces se condenó por sustraer fondos reservados al ex ministro del Interior José Barrionuevo, al ex director de Seguridad del Estado Rafael Vera y al ex gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal.
En ‘Kitchen’ ya se conocen la acusaciones formuladas por las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos, que reclaman respectivamente una condena de 47 años y 41 años de cárcel para el ex ministro de Interior, al que la investigación judicial ha situado como el presunto ‘cerebro’ de ‘Kitchen’, un operativo ilegal del que también habrían participado su ex secretario de Estado Francisco Martínez, el ex DAO Eugenio Pino y comisarios como José Manuel Villarejo.
Por su parte, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, en su escrito de acusación, pide para el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz más de 40 años de cárcel.
EL DECRETO DE FISCALÍA FIJA CRITERIO
Precisamente, este mismo miércoles el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido un decreto para fijar criterio en las revisiones de casos que se hagan a causa de la reforma penal que modificó la malversación, avalando que se mantengan las condenas dictadas con arreglo al artículo 432 del Código Penal vigente en 2015 porque dicha reforma «ha establecido idénticas penas de prisión e inhabilitación».
«No se revisarán las sentencias condenatorias por delitos de malversación apropiatoria dictadas con arreglo al artículo 432 del Código Penal vigente tras la reforma de 2015 puesto que la nueva ley ha establecido idénticas penas de prisión e inhabilitación», ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE).
