El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea interrogará esta semana al responsable de Comunicación de BBVA, Pablo García Tobin, en calidad de imputado, además de al asesor César Béjar y a un perito, como parte de las investigaciones sobre los trabajos que la entidad habría encargado al comisario José Manuel Villarejo.
El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 tomará declaración a García Tobin el próximo jueves, después de que fuera imputado el pasado mes de julio por su presunta participación en un delito contra la administración de justicia por un supuesto encubrimiento respecto al ex presidente de BBVA Francisco González.
Un día antes, Gadea también escuchará como testigo al asesor César Béjar, por un informe interno sobre las reclamaciones de Villarejo contra el banco para cobrar sus supuestos servicios, y al perito Fernando Alfonso Díaz, que firmó otro informe encargado por BBVA a GMV sobre el ‘dossier’ que dio lugar a la imputación del jefe de Comunicación.
Sin embargo, la ronda de comparecencias por esta pieza separada de ‘Tándem’ no concluirá al menos hasta final de año. El instructor ha citado para el 20 de diciembre al que fuera jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) Manuel Vázquez por la denuncia anónima presentada en 2015 contra la asociación de usuarios de banca Ausbanc.
Y también ha llamado ya al ex jefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano, que alega que era «inimaginable» que Villarejo siguiera en activo cuando el banco le contrató en 2004, pero todavía no se ha precisado una fecha para su comparecencia.
A todos ellos se podría sumar el ex consejero delegado Ángel Cano, que se ha ofrecido a declarar por considerar que es «esencial» para su defensa. Ya fue citado en 2019 pero entonces guardó silencio porque las pesquisas estaban secretas. Ahora, una vez conocido su contenido, asegura que quiere «colaborar con la justicia» para esclarecer los hechos.
En esta pieza 9, donde tanto BBVA como su ex presidente Francisco González están imputados, se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT –buque insignia del grupo empresarial de Villarejo– para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.
