La futura Ley de Atención integral a las víctimas de violencia de género de Castilla y León, cuyo anteproyecto se puede consultar desde hoy en el portal de Gobierno Abierto y que verá la luz antes de que termine esta Legislatura, tipificará cuatro nuevas formas de agresión: la digital y tecnológica; la vicaria, que se ejerce sobre hijos y otros familiares; la de segundo orden, sobre personas que apoyan a las víctimas, y por primera vez la institucional, que comprende las acciones u omisiones que se realizan desde la administración pública con el fin de diferir, obstaculizar o impedir el acceso a derechos para una vida libre de violencia.
Asimismo, el anteproyecto, elaborado con las propuestas del Diálogo Social, de 78 entidades de este ámbito y de un centenar de profesionales, prevé la creación de un servicio de atención psicológica al agresor con el «ambicioso» reto de modificar sus comportamientos y el desarrollo de programas de tratamiento para prevenir la reincidencia.
Otra de las «novedades más destacadas» de la futura ley, que actualizará el «pionero» texto de 2010, contempla la intervención de las redes de atención especializada orientadas a los cuidados de mujeres que, además se sufrir violencia de género, padecen algún tipo de discapacidad, enfermedad mental grave, adicciones o trata y explotación sexual.
Según ha precisado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, la norma pasa de un enfoque exclusivamente asistencial a «otro más avanzado» que incluye el apoyo en los procesos para la recuperación de la autonomía personal de las víctimas y la restitución de sus derechos vulnerados.
El acceso a estos servicios y recursos podrá realizarse desde los sistemas sanitario y de Servicios Sociales, para lo que deberán coordinarse los respectivos procedimientos mediante protocolos de derivación comunes y estandarizados.
La violencia de género se define en esta norma como «cualquier acto de violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, que tenga o pueda tener como resultado el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico». Se incluyen en esta denominación las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad -tanto si se produce en la vida pública, como en la privada-, comprendiendo las distintas formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, que tienen lugar en los ámbitos de la pareja, familiar, laboral y sociocomunitario.
Blanco se ha referido a la futura norma, cuyo proyecto será aprobado en Consejo Abierto en un plazo aproximado de seis meses, como un «texto de futuro» por su carácter «flexible» y «de evaluación continua» que se ha configurado para dar cabida a las nuevas formas de violencia que existen en la actualidad y a las que puedan aparecer en el futuro, al mismo tiempo que impulsa mejora los medios telemáticos para que el acceso a los recursos se pueda realizar «de manera más ágil y eficaz».
Además, la futura ley amplía la protección a más personas y cita de forma expresa a mujeres trans, niñas y adolescentes en situación de violencia de género y también a los menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia, así como a los familiares, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, que convivan con ella.
Bajo el paraguas de esta ley figuran también las mujeres castellanas y leonesas retornadas que hayan sido víctimas de violencia de género en otro país.
En el caso concreto de la ‘violencia digital’, la que se ejerce utilizando las tecnologías de la información y las redes sociales, enmarca actitudes como el ciberacoso; las ciberamenazas; la ciberdifamación; la pornografía no consentida; los insultos y el acoso por motivos de género; la extorsión sexual; el control o espionaje a través del móvil y cualquier herramienta digital (redes sociales, webs, foros, correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea); la difusión de datos personales o documentos íntimos en la red; la coacción para obligar a la víctima a facilitar claves personales; la usurpación de su identidad en línea, y las amenazas de violación y de muerte.
Por otro lado, el anteproyecto incide en la prevención y en la detección precoz «como herramientas fundamentales» para avanzar en la lucha contra la violencia de género por lo que la Junta aprobará cada cuatro años un plan integral de sensibilización y prevención con un diagnóstico de la situación; la identificación y recopilación de las buenas prácticas y experiencias en prevención y erradicación de la violencia de género; acciones para el fomento de la igualdad y la modificación de patrones sexistas o la implantación y actualización de protocolos de actuación en diversos campos.
Blanco ha avanzado que el plan recogerá medidas dirigidas a la formación y especialización de profesionales de distintos ámbitos –sanitario, policial, social, educativo, judicial, laboral, psicológico y medios de comunicación– e impulsará la inclusión de módulos sobre la detección y atención a las víctimas de violencia de género en cursos que organicen instituciones públicas y privadas.
El anteproyecto de ley dedica el título primero a la evaluación, investigación e innovación en materia de violencia de género y prevé la realización de estudios sobre las causas y consecuencias de la violencia de género, también analizada en el medio rural, y la promoción de investigaciones en el ámbito universitario que ayuden a mejorar la prevención, la atención y la efectividad de la recuperación en este tipo de situaciones.
La consejera ha explicado asimismo que la innovación busca definir y ensayar estrategias y metodologías «novedosas, inclusivas y accesibles» que ayuden a erradicar la violencia de género y ha avanzado que la Junta convocará cada año los premios a la innovación en la lucha contra la violencia de género para fomentar y reconocer la creación de proyectos que contengan respuestas innovadoras «ante los contextos desafiantes que favorecen la violencia de género, así como nuevos enfoques que supongan una mejora y avance en la lucha contra esta lacra».
Respecto a las materias competenciales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el texto encomienda a la red de Servicios Sociales garantizar a las víctimas el derecho a la atención integral hasta la finalización del proceso de recuperación y precisa que se establecerán medidas específicas para la detección, intervención y apoyo a mujeres con discapacidad, enfermedad mental, drogodependencia, en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad social, y otras problemáticas añadidas a la violencia.
Blanco ha hecho hincapié en que será responsabilidad de la Administración asegurar que estos recursos sean accesibles y se presten en condiciones de igualdad a todas las víctimas por lo que la atención de sus necesidades requerirá la colaboración de todas las instituciones públicas y de las organizaciones sociales que trabajen en el ámbito de atención a colectivos determinados.
Finalmente, ha asegurado que la Junta de Castilla y León continuará colaborando con el Gobierno estatal y con las corporaciones locales en la detección precoz y el impulso a la intervención de oficio para proveer a cada víctima de mecanismos de protección.
