El Gobierno y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España han suscrito un convenio para el suministro de datos de inscripciones de actos jurídicos de naturaleza preconcursal y concursal, con objeto de colaborar en el proyecto llamado ‘Evaluación de la efectividad de las medidas pre-concursales en España’.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Justicia han solicitado asistencia a la Comisión Europea relativa a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales, para la realización de un proyecto cuyo objeto es el de identificar, recopilar y clasificar la información existente sobre los procedimientos preconcursales en España y realizar un análisis sobre su eficacia, en el marco del proyecto denominado ‘Evaluación de la eficacia de los instrumentos pre-concursales’.
Según la disposición publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el suministro de datos al máximo nivel de detalle (microdatos) se realizará por parte del Colegio de Registradores con la prohibición expresa y total de publicar bajo ninguna modalidad o soporte digital o analógico los microdatos suministrados.
Se aclara así que los datos solamente podrán ser utilizados para la realización del estudio correspondiente al proyecto (en el caso de Deloitte, la entidad adjudicataria del proyecto) o para la realización de propuestas para su desarrollo o control de su desarrollo. Por ello, dicho estudio deberá realizarse y sus resultados ser publicados si procede, con información exclusivamente agregada.
La duración de este convenio será de seis meses a partir de la fecha de inscripción en el Registro electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, pudiendo ser prorrogado por igual período mediante acuerdo expreso adoptado antes de la finalización de ese plazo. Con independencia de lo acordado en cuanto a su duración, el Convenio se podrá resolver por el acuerdo unánime de todos los firmantes.
La firma de este convenio no comporta por sí misma ningún tipo de contraprestación económica, ni produce ningún incremento del gasto público. Cada parte cubrirá los costes operativos que se generen en su caso con ocasión de las acciones impulsadas en el marco del presente convenio.
