Jueces para la Democracia (JJPD) ha manifestado su «más enérgica repulsa» al creciente número de asesinatos de mujeres que, en lo que va de año, asciende ya a 28. «Esta situación se revela dramática si tenemos en cuenta la secuencia de asesinatos machistas de las últimas semanas: desde el pasado 17 de mayo han sido asesinadas 20 mujeres, en contraposición con los cuatro primeros meses del año, con un total de ocho», denuncia.
Según recuerda la asociación judicial, de esta cifra, en torno al 80% no denuncian a sus agresores y, en el caso de las mujeres mayores de 65 años, el porcentaje de denuncias es aún más bajo, resultando ser las que menos denuncian y las que menos protección reclaman. De hecho, sólo en un 10% de los casos se había interpuesto denuncia, lo que supone 10 puntos más de silencio que la media.
Jueces para la Democracia considera que estos datos evidencian que concurre una «bolsa oculta de violencia» que hace «imprescindible» que todas las instituciones busquen caminos alternativos para conseguir detectar y abordar todos los casos de violencias más allá de la presentación de la denuncia, ya sea a través del cribado sanitario, de los servicios sociales o asistenciales y educativos e incentivando la denuncia de los familiares y allegados (que apenas se produce en el 2% de las ocasiones).
Asimismo, considera necesario la adopción y aplicación de planes de acción multisectoriales que hagan hincapié en la prevención siempre dotados de los recursos necesarios.
Del mismo modo, califica de «prioritario» adquirir un enfoque integral, a largo plazo, holístico, multidisciplinar y coordinado entre todos los sectores, para combatir la violencia contra las mujeres, que reconozca el importante papel y experiencia que las asociaciones de mujeres tienen en la prestación de servicios.
«El principal objetivo de la colaboración interinstitucional debe ser que las mujeres puedan recibir asistencia coordinada para reclamar sus derechos, tengan acceso a los servicios que necesitan y se les facilite el contacto con las autoridades», señala la entidad.
Esta estrategia requiere, según JJPD, situar las necesidades de las víctimas en el centro de la colaboración entre los diversos organismos, lo que implica invitar a las víctimas de forma regular a participar en actividades de evaluación e investigación sobre la violencia de género, englobando tanto la realización de estudios para avanzar en la comprensión de la violencia y su impacto en la vida, la salud y el bienestar de las mujeres y menores, como estudios que evalúen las intervenciones realizadas.
«Esta podría ser la piedra angular para mejorar el conocimiento de esta realidad y rediseñar la orientación de los servicios socio-sanitarios, sociales y gubernativos», asegura Jueces para la Democracia, que reclama la inmediata puesta en marcha de todas las medidas englobadas en el Pacto de Estado que servirían de balance para avanzar en la dirección correcta en esta lucha.
EL PAPEL DE LOS MEDIOS
Por último, la asociación apunta a la necesidad de hacer una «reflexión» sobre el papel de los medios de comunicación como agentes sociales de primer orden en la transmisión de informaciones sobre violencia de género.
Tal y como recuerda la entidad, la propia Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, defiende en su articulado la necesidad de implicación de los medios de comunicación social como parte de la dinámica de cambio necesario, instando a salvaguardar la igualdad y a propiciar un trato no discriminatorio.
Jueces para la Democracia asegura que la propia ciudadanía afirma conocer este fenómeno en un 95% de los casos a través de los medios de comunicación, por tanto, «la violencia de género será lo que los medios cuenten qué es la violencia de género».
«Del impacto en la sensibilidad social por parte de los medios puede inferirse que la manera en que éstos discriminan las informaciones, las conceptualizan (con el uso de cintillos o ubicándolos en las distintas secciones) y las desarrollan tiene una gran importancia desde el punto de vista tanto de la sensibilización como de la formación social», explica.
Por ello, la asociación solicita que se realice una formación exhaustiva con perspectiva de género que ayude a la comprensión de la violencia que afecta a mujeres y menores.
