La Asociación Ciudadana Progresista ‘Progresa’ llevará al Tribunal Constitucional el cartel electoral desplegado por Vox en las pasadas elecciones autonómicas contra los menores extranjeros no acompañados por respeto «a los principios éticos universales».
Así lo ha anunciado el abogado de la asociación, el letrado Eduardo Ranz, después de que la Audiencia de Madrid haya avalado el cartel de la formación liderada por Santiago Abascal dentro de su libertad de expresión en el marco de una campaña electoral.
«En un estado de derecho y social como es España, si se justificara la libertad de expresión con ejemplos como Nelson Mandela sería de admiración. Sin embargo, que la Audiencia justifique la libertad de expresión de Vox con Otegui es una cosa muy diferente, retrata la necesidad de compatibilizar la judicatura con el sentido común», ha subrayado.
En un nuevo auto, los magistrados de la Audiencia de Madrid han avalado otra vez el cartel electoral de Vox en el que comparaba una pensión de jubilación con la cantidad económica que reciben de forma mensual los menores extranjeros no acompañados.
La Sección Segunda desestima con este auto el recurso de apelación formulado por la Fiscalía de Madrid, la Asociación Ciudadana Progresista ‘Progresa’, PSOE, Podemos, Izquierda Unida y la coalición electoral Unidas Podemos contra el auto que archivó la causa abierta contra la formación liderada por Santiago Abascal.
El pasado 29 abril, el Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid decretó el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por el denominado ‘caso del cartel de los menas’.
La jueza concluyó que se procedía al archivo de las actuaciones porque «no hay indicios de que los hechos denunciados revistan de forma indiciaria caracteres de infracción penal».
En concreto, la resolución entendía que no existía delito de odio ni delito electoral en los mensajes que el partido político Vox difundió en la campaña electoral relativa a las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, celebradas el pasado mes de mayo; fundamentación que ahora ratifica la Audiencia Provincial.
La Sala ya se pronunció en un sentido jurídicamente similar hace dos semanas a propósito del recurso de apelación de las medidas cautelares de este mismo asunto.
Ahora, expone en una nueva resolución, entre otros razonamientos jurídicos, que el asunto se incardina en «la legítima lucha ideológica-partidista en el marco de una contienda electoral donde constituye una máxima de la experiencia los excesos verbales que se cometen por unos y otros actores políticos».
De igual modo, los magistrados recuerdan que «en el orden penal están prohibidas las interpretaciones contra reo, cuando quepan otras explicaciones no necesariamente delictivas».
Así, recalca que «el cartel objeto de controversia debe ‘interpretarse como un mensaje electoral dirigido a un colectivo mucho más numeroso que el de los menas».
En el anterior auto, los magistrados señalaban que «con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces» en relación a los menas este colectivo representa «un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio».
