La temporalidad en el empleo público afronta un giro: el Gobierno quiere limitar los interinos a 200.000.
Según ha avanzado RTVE, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública prepara medidas junto a las comunidades autónomas. No es una convocatoria abierta ahora mismo: es un plan que debe presentarse a Bruselas.
El Ejecutivo sitúa el abuso de temporalidad en menos de 200.000 trabajadores. Son personas que llevan más de tres años con contratos de duración determinada encadenados. En total, la Administración arrastra cerca de 900.000 empleados en situación temporal. Casi un tercio de los trabajadores públicos concatenaron contratos en 2025, según el ministerio.
¿Qué plantea el Gobierno contra la temporalidad?
Lo primero que se estudia es un sistema de alertas. Avisará a las administraciones cuando un trabajador supere los tres años de contratos encadenados.
Al mismo tiempo, el Gobierno valora endurecer las sanciones a las empresas públicas que cometan este abuso.
El foco no está solo en sancionar: también se quiere detectar cada caso antes de que se convierta en un problema crónico.
¿A quién afecta este tope de interinos?
Afecta sobre todo a interinos y temporales de ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos que llevan años enlazando nombramientos.
No hay, por ahora, un proceso abierto con fechas de solicitud. La medida aún debe concretarse y publicarse oficialmente.
Aquí está el detalle: la fijeza no será automática. En mayo de 2026, el Tribunal Supremo sentenció que solo quienes aprueben una oposición pueden convertirse en fijos. Quienes no la superen tienen derecho, en su caso, a una indemnización si se demuestra el encadenamiento abusivo.
Por qué Bruselas aprieta: el 29 de agosto
Apunta esta fecha. El Gobierno pidió una prórroga a la Comisión Europea el pasado 29 de junio y el nuevo plazo vence el 29 de agosto.
La vigilancia europea no es nueva. Desde 2014, Bruselas examina a España por incumplir la directiva comunitaria que regula el trabajo temporal. En los últimos años, varias sentencias europeas han cuestionado la eficacia de las medidas españolas.
El plan español viene marcado por el Real Decreto-ley 14/2021 y la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad. Sin embargo, para la Comisión Europea esas normas no han bastado y exige un calendario claro de corrección.
El origen de este choque se remonta a la denuncia de una trabajadora madrileña en 2016, que encadenó más de seis interinidades en un centro público. El caso llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y acabó marcando la doctrina posterior.
La sentencia del Supremo de mayo de 2026 puso un límite nítido: la condición de fijo pasa por superar un proceso de acceso público, no por el mero paso del tiempo. Eso no borra la responsabilidad de la Administración, que puede tener que indemnizar en los casos de abuso.
Lo que conviene vigilar ahora es si el documento que se remita a Bruselas concreta plazos, procesos de estabilización y garantías para los interinos. Si tu caso encaja, revisa la documentación oficial o consulta con un profesional antes de tomar decisiones.
La ficha práctica
- ¿A quién afecta? A interinos y empleados públicos temporales, sobre todo si encadenan contratos más de tres años.
- ¿Qué plantea el Gobierno? Un tope cercano a 200.000 afectados y un sistema de alertas, además de posibles sanciones.
- ¿Hasta cuándo hay plazo? El 29 de agosto de 2026 vence el plazo para presentar el plan a Bruselas.
- ¿Dónde consultar? En la futura publicación oficial: BOE y canales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
- Letra pequeña clave: La fijeza no es automática: el Supremo exige aprobar una oposición.
El resumen rápido (TL;DR)
- 🎯 ¿Qué ha pasado? El Gobierno ultima un límite de 200.000 interinos y medidas contra la temporalidad.
- 💶 ¿A quién le interesa? A interinos y temporales de todas las administraciones públicas.
- ✅ ¿Qué tienes que hacer? Vigilar la publicación oficial y revisar tu situación de temporalidad.
