Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han expresado su apoyo mayoritario a la Fiscalía Europea, en el marco del debate que se ha producido este jueves sobre una enmienda a la totalidad redactada por el PP para ofrecer un texto alternativo al presentado por el Gobierno, y que ha estado plagado de reproches a lo que entienden como falta de independencia del Ministerio Público español.
El PP ha ofrecido una alternativa al proyecto de ley de la Fiscalía Europea ideado por el Gobierno para adaptar el ordenamiento español a las exigencias comunitarias, al considerar que establece un nuevo proceso penal que se anticipa en exceso al planteado por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), aún en fase de anteproyecto.
La Fiscalía Europea se creó con un reglamento UE de 2017 y comenzará a funcionar el 1 de junio. En el caso de España introduce importantes novedades en el proceso penal porque contempla que sean los fiscales europeos quienes investiguen los delitos de su competencia, en lugar de los jueces de instrucción.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha sido el encargado de defender el proyecto de ley combatido por el PP, ha explicado que es necesario para adaptar el ordenamiento español al reglamento europeo, ya que actualmente no hay fiscales instructores y, aunque la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) sí los crea, habrá que esperar a que termine su trámite parlamentario y a una ‘vacatio legis’ de seis años.
«A día de hoy, nuestro ordenamiento jurídico no dispensa el soporte jurídico necesario para que la Fiscalía Europea desempeñe sus funciones en España con total cobertura, al menos mientras no tengamos aprobada la nueva LeCrim», ha dicho Campo, subrayando que «no se trata de un arriesgado ejercicio de innovación jurídica, sino del cumplimiento de una obligación normativa» procedente de la UE que «no puede esperar más».
El diputado ‘popular’ Luis Santamaría, por su parte, ha aclarado que el PP es un partido de corte «europeísta» que no está en contra de la Fiscalía Europea, sino «de la forma que tiene de gobernar los asuntos jurídicos el señor Sánchez», justificando su enmienda a la totalidad en esta supuesta intromisión del jefe del Ejecutivo en la esfera judicial. Sin embargo, ha visto rechazada su propuesta por 39 votos a favor y 65 en contra.
DELGADO, UN «TREMENDO DESATINO»
Santamaría ha echado en cara a Moncloa el «oxímoron jurídico» que supone, en su opinión, que por un lado impulse una Fiscalía Europea independiente –-«eso nos gusta, nos convence y hasta nos seduce»— y, por otro, «condene» a los españoles a la «falta de imparcialidad que significa tener a Dolores Delgado como fiscal general del Estado», dado su pasado como diputada socialista y ministra de Justicia, instando a Sánchez a corregir ese «tremendo desatino».
Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha compartido la crítica del PP a Delgado, celebrando que la Fiscalía Europea se configure como un ente independiente. «Desde Junts esperamos que sea cierto y que el Reino de España lo respete», ha apostillado la diputada catalana Mariona Illamola, que ha reclamado «una autoridad nacional que actúe como tercero imparcial y garante de los Derechos Humanos».
En Unidas Podemos, Gerardo Pisarello también ha celebrado que vaya a haber «una Fiscalía Europea garantista, valiente (…) e independiente de los poderes políticos, pero también del poder económico», llamando la atención sobre las pesquisas por presuntos delitos fiscales en torno al Rey emérito, uno de los escándalos «más graves».
EL «CAOS JURÍDICO»
Santamaría ha aprovechado el debate parlamentario para cargar contra el Gobierno por no emprender una reforma legal que dé cobertura a las medidas restrictivas que adopten las comunidades autónomas tras el estado de alarma, limitándose a habilitar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que unifique los criterios de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ).
«Jamás este país estuvo sumido en un caso jurídico como el que estamos viviendo en la actualidad», ha afirmado el representante del PP, al tiempo que ha calificado de «barbaridad» el recurso al Supremo, culpando al Gobierno de delegar en los tribunales «una responsabilidad para la que han sido elegidos y por la que les pagan».
También ha criticado el uso del decreto-ley por parte del Ejecutivo. «Han batido récords históricos», ha aseverado, recordando que el Tribunal Constitucional ya ha tumbado algunos por no ver la extraordinaria urgencia y necesidad que requiere esta técnica legislativa y augurando que vendrán más varapalos judiciales. «Ojo con la discrecionalidad porque, cuando se supera, se está hablando ya de prevaricación», ha apostillado.
Campo le ha contestado pidiendo «no mezclar churras con merinas» y advirtiendo de que, si el PP bloquea la aprobación del proyecto de ley de la Fiscalía Europea, supondrá un desprestigio para España, uno de los estados promotores. A renglón seguido ha acusado al partido de Pablo Casado de propiciar «en no pocas ocasiones» el «deterioro de la imagen del país y de la actuación de la justicia». «Les pido que reconsideren», ha emplazado.
Desde Vox, José María Sánchez García ha confesado que le hubiera gustado coincidir con el PP en este asunto pero que lo hace inusitadamente con el Gobierno porque, según ha indicado, «el PP hace y dice cosas raras» que son «incongruentes» al haber apoyado la Fiscalía Europea a nivel nacional y europeo. «En este caso, comete errores graves, errores crasos, es decir, con suma ignorancia», ha rematado.
«HITO» EUROPEO
Campo ha reivindicado la Fiscalía Europea como «un hito en el proceso de integración y un paso de gigante en la lucha contra el fraude a gran escala», puesto que su cometido es perseguir los delitos que supongan un perjuicio para los intereses económicos de la UE.
Además, ha considerado que, en el contexto de pandemia y ante la inminente llegada de los fondos europeos para la recuperación postcovid, la Fiscalía Europea cobra aún más sentido porque velará por el dinero destinado al «estado del bienestar europeo».
«España, que ha estado luchando por esta institución desde un principio, no debería fallar ahora. No cumplir en este momento, después de haber liderado la marcha desde el inicio, significaría una derrota para todos. Nos jugamos nuestra reputación», ha avisado.
La mayoría de los portavoces que han intervenido han dado su ‘placet’ a la Fiscalía Europea, aunque han recordado que tienen enmiendas parciales con las que buscan mejorar la propuesta original y han recriminado al Gobierno las «prisas» para aprobarlo ante la cercanía del 1 de junio.
Mikel Legarda, del PNV, ha estimado que «es un momento adecuado para introducirnos en la senda de una investigación penal dirigida por la Fiscalía», a pesar de que acarree una serie de consecuencias que pueden generar «cierto vértigo».
«Este es un proyecto de ley que tiene tres cosas que para Ciudadanos son bonitas e imprescindibles: Europa, la lucha contra la corrupción y la independencia de la Fiscalía», ha apuntado Bal.
Pisarello ha valorado este «primer paso», pero ha añadido que es «insuficiente» abogando por reformas fiscales en profundidad y mecanismos de control eficientes para evitar que las instituciones se ensañen con «las pequeñas sardinas» y dejen libres a los «tiburones» de los «grandes fraudes».
La diputada de Junts, por su parte, ha declarado su apoyo a «todo aquello que suponga aumentar la integración europea», deslizando una alusión al ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica, al defender un espacio de libertad y justicia europeo donde «todas las personas puedan moverse con libertad, sentirse seguras y que sepan que en dicho espacio hay un sistema judicial garantista».
