El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha declarado estar «convencido» de que van a alcanzar acuerdos con los sindicatos en el marco del proceso de reestructuración de la entidad, para el que ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá el despido de 7.791 empleados.
Lo ha dicho este viernes durante la junta general ordinaria de accionistas 2021 de CaixaBank, la primera como grupo consolidado tras la fusión con Bankia, y en la que se vota el dividendo con cargo a 2020 y la nueva política de retribuciones del banco.
«Soy consciente que son momentos delicados y que esta situación genera incertidumbre para las personas de nuestro equipo, por lo que debemos acotar el tiempo», ha añadido Goirigolzarri, que ha puesto en valor la fortaleza del equipo de CaixaBank.
Una fortaleza que el directivo ha atribuido en gran parte al resultado del pasado ejercicio, que pese a ser un año de «gran complejidad», los datos de la entidad muestran, según él, una gran fortaleza comercial con crecimiento de volúmenes y cuotas de mercado, una gran robustez de balance y un rentabilidad ajustada al entorno.
En ese sentido, Goirigolzarri ha destacado que la fusión con Bankia acometida en 2020 es su «respuesta estratégica a los enormes desafíos que enfrentan como sector» y que les da un extraordinario punto de partida.
RETOS
Ha señalado que la crisis derivada de la pandemia ha sido un acelerador de la «enorme transformación» que está teniendo lugar en su entorno competitivo y que el primer gran desafío tiene que ver con el entorno de tipos de interés negativos.
«Entorno al que ya nos veníamos enfrentado desde hace más de cinco años, pero que la reacción de la política monetaria ante la crisis de la pandemia los ha empujado a niveles negativos nunca vistos», ha añadido.
Ha dicho que es evidente que esta situación va a prolongarse por un período largo de tiempo: «El mercado está descontando que no veremos el Euribor a 12 meses en terreno positivo hasta octubre de 2024».
CAMBIO ESTRUCTURAL
Goirigolzarri ha dicho que esta situación ha dejado de considerarse coyuntural y debe asumirse como un «cambio estructural» en su negocio, que además les está obligando a repensar el modelo tradicional, porque determinadas actividades dejan de ser rentables.
También ha apuntado a que el sector se enfrenta a una «auténtica revolución tecnológica» que afecta a todos los elementos de la cadena de valor de su negocio, y que exige una profunda reconfiguración de su core bancario y una migración desde almacenes de datos tradicionales a la nube, en sus palabras.
«Y en esta evolución tenemos grandes competidores que, o parten desde fuera del sector financiero con una potencia y capacidad extraordinaria, o lo hacen desde la actividad bancaria exnovo, sin los ‘legacies’ que tenemos los bancos tradicionales», ha añadido.
NIVELES REGULATORIOS
Ha advertido de que hay una «enorme competencia», tanto desde el punto de vista de la financiación, por el crecimiento de competidores no bancarios, lo que se suele denominar el ‘shadow banking’, como por el crecimiento de competencia en el mundo de la banca retail.
Ha apuntado que la masa crítica que les da la fusión les va a permitir liderar estos cambios, aunque ha alertado de que suponen una caída de las barreras de entrada que permite competir a las grandes tecnologías y también a los nuevos entrantes.
«Yo siempre he creído en la competencia, porque creo que es buena para los clientes y también para los bancos, porque nos obliga a muscularnos. Pero también he creído siempre que establecer diferentes niveles regulatorios genera unos arbitrajes que, como vimos en la crisis anterior, puede desestabilizar el sistema», ha añadido.