El grupo parlamentario de Vox quiere que se reforme la Ley de Transparencia y Buen Gobierno para que incluya un régimen sancionador de sus incumplimientos que vaya desde la imposición de multas coercitivas hasta la adopción de medidas disciplinarias contra quienes no cumplan la norma.
Con este objetivo ha registrado una proposición no de ley en el Congreso. Su intención es que sea la Cámara la que inste al Gobierno a impulsar esa reforma legislativa que considera necesaria pero que sólo esboza en qué debería consistir.
En su iniciativa, los de Santiago Abascal destacan que si en 2015 la Administración General del Estado cumplió el 92,6% de las resoluciones del Consejo de Transparencia sobre derecho a la información pública, este porcentaje bajó al 81,1% en 2020, merma que también se ha detectado en el caso de las administraciones territoriales, donde se ha pasado de un 92,2% de cumplimiento en 2016 a un 67% el año pasado.
INSTRUCCIÓN POR EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
Para frenar esa tendencia y mejorar el acatamiento de las resoluciones y recomendaciones del Consejo de Transparencia, Vox aboga por incorporar un régimen sancionador basado en la figura de las multas coercitivas y las sanciones disciplinarias.
Esa regulación, apuntan en la exposición de motivos de la iniciativa, debe distinguir entre los responsables de las infracciones, aun a título de simple inobservancia, y las sanciones aplicables a los altos cargos o asimilados y al personal sometido a régimen disciplinario.
Según plantean, la incoación e instrucción del procedimiento debería encomendarse al Consejo de Transparencia, mientras que la resolución de expediente sancionador y, en su caso, la imposición de la sanción, según la normativa que fuese aplicable, «habría de ser competencia del organismo responsable».
También sugiere la conveniencia de que las sanciones se hagan públicas en el Portal de Transparencia y en las memorias anuales del Consejo.
