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El presidente del CSN comparecerá el próximo lunes en el Congreso

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), José María Serena i Sender, comparecerá el próximo lunes, 12 de abril, a las 16.30 horas en la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico donde explicará las presuntas presiones para que el regulador de el visto bueno a solicitud de autorización de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca), según han informado fuentes parlamentarias.

Inicialmente la comparecencia estaba prevista para el 8 de marzo, pero por motivos de agenda del presidente del regulador tuvo que aplazarse. Así, la nueva fecha se fijó el pasado 18 de marzo por la citada comisión parlamentaria ante la que rinde cuentas el organismo regulador.

A finales del mes de enero Serena i Sender remitió una carta al presidente de la Comisión para la Transición Ecológica, el diputado de Podemos Juan López de Uralde en la que le informaba de «solicitudes e insinuaciones impropias» que el regulador había recibido en forma de cinco misivas procedentes del entorno de la empresa minera australiana Berkeley y que consideraba «conveniente» hacer llegar a la Comisión ante la que rinde cuentas.

Además, en su misiva, firmada el 26 de enero, adjuntaba cinco cartas recibidas por el regulador entre julio de 2019 y enero de 2021. «Todas ellas» están relacionadas con la evaluación de la solicitud de informe sobre la autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio en la provincia de Salamanca, propiedad de la multinacional australiana Berkeley.

«Estas cartas contienen en nuestra opinión, solicitudes e insinuaciones impropias, que este organismo regulador considera conveniente hacerle llegar», informó.

Las cartas en cuestión, están firmadas por el director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero (en julio de 2019); la segunda, del 16 de octubre de 2020, del presidente ejecutivo de Berkeley Minera España, Francisco de Paula Bellón.

La tercera de ellas es va firmada el 10 de diciembre por el socio director de Herbert Smith Freehills Spain, Miguel Riaño, la firma de abogados de Berkeley Minera en España y la cuarta por la Federación Internacional de Inversores, fechada el 31 de diciembre. La última fue dirigida el 7 de enero por la directora ejecutiva de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), María Fernández Conradi.

La comparecencia, confirmada por la mesa de la Comisión este 6 de abril, tendrá lugar el 12 de abril, a las 16.30 horas, casi dos meses y medio después de que el Congreso tuviera conocimiento de la situación, que ha sido puesta también en conocimiento de la Abogacía del Estado.

LA EMPRESA NIEGA PRESIONES Y DEFIENDE SU PROYECTO EMPRESARIAL

El mismo 29 de enero, Berkeley Minera España aseguró que «de ninguna forma» ha solicitado la autorización del proyecto de minería de uranio en Retortillo (Salamanca) sino que pedía al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que «se termine» de tramitar el expediente, se haga «con agilidad» y «sin injerencias» de contenido político.

La empresa defiende que su proyecto en Salamanca cuenta ya con más de 120 permisos e informes favorables, entre los que figuran nueve del CSN, al tiempo que niega las presuntas presiones al organismo regulador.

Días después, el 4 de febrero, la empresa emitió un comunicado en el que aseguró que las cinco misivas están «dentro de la absoluta legalidad y del máximo respecto» por las instituciones y organismos de la Administración Pública.

Así, insiste en que todo lo que hacen estas cartas es solicitar a la institución presidida por José María Serena que, «ante el dilatado tiempo que se está empleando en la evaluación del proyecto, se fijara una reunión en la que se pudiera comentar y aclarar cuál es el estado de dicha tramitación».

A la vista de los «extremadamente largos plazos transcurridos», Berkeley quería conocer la fecha en la que se emitiría el citado informe preceptivo sobre la autorización de construcción solicitada para la mina de Retortillo que fue solicitada en 2016. Por eso, después de más de cuatro años, defiende que el objetivo de la correspondencia era «simplemente» que el expediente se resuelva «sin más dilaciones».

La firma destaca que cuenta con diversos informes favorables de instituciones como la Unión Europea, la Junta de Castilla y León, así como de distintas corporaciones locales o de la Confederación Hidrográfica del Duero.

En el caso concreto de los expedientes favorables del CSN al proyecto de Retortillo, recuerda que se tratan de la Declaración Impacto Ambiental (DIA); la concesión de Explotación; las autorizaciones previa de la instalación radiactiva y de vertido; así como el informe sobre la no aplicación al proyecto de impactos transfronterizos con Portugal; o las aprobaciones del Programa de Vigilancia Radiológico Ambiental y del Estudio Analítico Radiológico y sus resultados, o del Plan de Vigilancia de Aguas Subterráneas y el informe favorable para la prórroga de validez de la autorización previa.

De esta manera, la compañía australiana cree que todos ellos «han validado el proyecto y han ratificado que el emplazamiento es adecuado para el mismo, no habiendo riesgo de afección ni a personas ni al medioambiente».

No obstante, la compañía australiana afirma estar «siempre» a disposición del CSN para mantener las reuniones que este considere necesarias para aportar o aclarar la información que estime pertiente. Igualmente ofrece su disponibilidad al Gobierno y al resto de instituciones del Estado, centrales o autonómicas, «para proveer con total transparencia de la información que pudieran requerir».

La Ley de Cambio Climático aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados establece que una vez que la norma entre en vigor, después de terminar su tramitación parlamentaria en el Senado, no se admitirán más solicitudes de propección o explotación de combustibles fósiles ni de minería de uranio, lo que podría suponer el carpetazo definitivo del proyecto minero al que aún le quedan pendientes varios permisos.