La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 8 años y tres meses de prisión para el presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo Fernández, otros ocho años para su antecesor, Juan Antonio Ibáñez Fernández, así como condenas de entre 10 meses y seis años para otras 12 personas por las presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital de la empresa, por un importe de 384 millones de euros en julio de 2015. El Ministerio Público les atribuye delitos relativos al mercado y delitos societarios.
Sin embargo, la Fiscalía exime de responsabilidad a la propia compañía en la ampliación de capital. En su escrito de calificación, según ha informado Anticorrupción en una nota, se solicita también la nulidad de la ampliación de capital aprobada en Junta General de Urbas Grupo Financiero SA de 10 de julio de 2015.
Piden también que Ibáñez y Acedo indemnicen a Urbas Grupo Financiero en 10,7 millones de euros y que otros dos acusados, Marta Prat Sánchez y Javier Juan Masana Modroño, paguen a los adquirentes de las acciones de URBAS provenientes de la ampliación siendo responsables civiles subsidiarios las entidades Russian City in Spain, S.L.; Castellamare Inversiones, S.L.; Grant Thorton y Urbas Grupo Financiero, S.A
El pasado mes de octubre, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dictó el procesamiento de los acusados poniendo fin a la instrucción de este procedimiento, que se inició en 2017 mediante una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Entiende que se cometieron posibles delitos de estafa, delito relativo al mercado y los consumidores, delitos societarios y administración desleal.
Según el relato de la Fiscalía, Urbas acordó en la Junta General celebrada el día 10 de julio de 2015 ampliar el capital de la Compañía en un total de 384.488.000,00 €. Esta ampliación se realizó mediante aportación no dineraria del 100% de las participaciones de Aldira Inversiones Inmobiliarias S.L.
INMUEBLES «EXTREMADAMENTE SOBREVALORADOS»
La ampliación de capital efectuada no incluía ninguna ampliación de capital dineraria pese a la necesidad de liquidez de Urbas, llevándose a cabo únicamente una ampliación de capital no dineraria mediante la aportación de bienes inmuebles «extremadamente sobrevalorados», según denuncia Anticorrupción.
En sesión de 21 de mayo de 2015, el Consejo de Administración de Urbas, con asistencia de todos sus miembros, aprobó un informe para justificar ante la Junta General la oportunidad de realizar la ampliación de capital. El informe, que se puso a disposición de los socios con anterioridad a la celebración de dicha Junta General en la que se sometió a su aprobación la referida propuesta de ampliación de capital, incluía una «sobrevaloración ficticia» de los activos inmobiliarios.
