El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Púnica’, ha acordado archivar provisionalmente la investigación para el exdiputado de Les Corts Valencianes Víctor Soler, para el vicesecretario de Organización del PP de Gandia Dionisio Ollero, para el exalcalde de Gandia Arturo Torró, y para el administrador de Construcciones Gomuñoz Sergio Muñoz Gómez en el marco de la pieza separada número 10 relativa a la contratación de trabajos para la mejora de la reputación ‘online’ de cargos del PP con fondos públicos.
El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ha firmado el sobreseimiento para todos ellos al entender que con las pesquisas realizadas hasta la fecha no se ha justificado de forma consistente la perpetración de los delitos que se les imputaban. Así, la parte de esa pieza que indagaba en el PP de Gandia, decae.
En el auto por el que imputaba en noviembre de 2020 a varios altos cargos de distintos ayuntamientos ‘populares’ el juez explicaba que investigaba a Soler por concertar con Torró cómo satisfacer «la deuda pendiente y afrontar el pago de nuevos trabajos de reputación» de las empresas del conseguidor de la ‘Púnica’ Alejandro de Pedro con dinero público.
En este sentido, señalaba que de la información remitida por la Agencia Tributaria se había podido comprobar que Eico (de De Pedro) facturó en 2012 al Ayuntamiento de Gandia la cantidad de 13.100 euros y en el año 2013 la de 8.470 euros.
La investigación se centraba pues en la supuesta participación de los anteriores, de forma concertada con el empresario Alejandro de Pedro, en trabajos dirigidos al presunto favorecimiento de la reputación del exalcalde de Gandía a través de las empresas EICO Online Reputation Management.
Pero ahora, en el auto, el magistrado señala que las diligencias practicadas hasta el momento permiten cuestionar la tipicidad de los hechos imputados a los investigados respecto a la presunta contratación fraudulenta de las empresas de Alejandro de Pedro.
El juez explica que no se ha acreditado la falta de prestación por las empresas de De Pedro de los servicios contratados y pagados por el Ayuntamiento de Gandía, así como que Sergio Muñoz pagara importe alguno a aquel. «De la documentación se desprende, igualmente, que el Ayuntamiento de Gandía no llegó a abonar cantidad alguna a MADIVA, empresa respecto de la cual las facturas que se giraron fueron devueltas y no satisfechas por el Consistorio Municipal», indica.
Por otra parte, según el juez el hecho de que los contratos se licitaron como «contratos menores» puede conllevar algún tipo de acción de índole administrativa, pero no puede ser fundamento para una imputación penal.
En definitiva, apunta, los indicios aportados no permiten determinar, a través de un juicio lógico de inferencia, de manera inequívoca, la existencia de los presupuestos objetivos ni subjetivos de los tipos penales referidos y con ellos la intención de los investigados con su proceder, según las máximas de la experiencia. «Los indicios acumulados no trascienden, a entender de este magistrado, de la mera suposición», añade.
Así pues, de las actuaciones practicadas, continúa el instructor, hasta el momento no se desprende indicio alguno de fraude, «no se ha podido acreditar que los servicios licitados por el Ayuntamiento de Gandía a EICO no se prestaron, o que existiera una corrupta voluntad (estrategia, en términos de la acusación pública) de desviar fondos públicos con la finalidad de atender a gastos de carácter particular».
«Ninguna diligencia se ha practicado en orden a determinar que los informes se refieren a aspectos privados, de imagen personal del alcalde. Mucho menos se ha podido acreditar que estos informes se realizaron por encargo de Torró Chisvert, y finalmente tampoco se ha acreditado que los pagos que se efectuaron por el Ayuntamiento de Gandía se realizaron precisamente, para mejorar la reputación personal del alcalde, toda vez que no se ha desvirtuado la inicial presunción de veracidad de las prestaciones realizadas por EICO», concluye.
LA UCO DEFENDÍA QUE SOLER ERA CONOCEDOR
Este auto acaba así con la tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quien afirmó que Soler era «conocedor» e «interlocutor directo» en los servicios reputacionales que realizaron las empresas de De Pedro al exalcalde Arturo Torró entre los años 2012 y 2014.
La Guardia Civil explicó en un informe de 2016 que de las conversaciones telefónicas intervenidas a De Pedro se confirmaba la existencia de una deuda del Ayuntamiento de Gandia con el empresario, que comenzó a trabajar con el PP de la localidad en 2011, cuando comenzó a prestar trabajos con su empresa EICO.
Debido a que era un año electoral los investigadores sospecharon de que los servicios contratados eran destinados a la «promoción» de la formación política y que, una vez que Torró consiguió la alcaldía, los trabajos de reputación online pasaron a facturarse al consistorio municipal.
Soler declaró como investigado el pasado 22 de febrero ante el juez instructor y aseguró, según fuentes jurídicas presentes en la declaración, que el entonces alcalde le pidió que contratara a las empresas de De Pedro para la campaña de 2015, ya que ya habían trabajado con el partido para las municipales de 2011.
En este sentido, precisó que como aún le debían dinero de entonces a De Pedro, se encargó de renegociar la deuda que mantenía, pero negó haberse ocupado de ese pago. Según la UCO, se acordó el pago de 2.633,75 más IVA durante ocho meses, si bien los trabajos para dicha campaña electoral no se llevaron a cabo porque la Policía intervino antes.
La UCO destacó este hecho en su informe y explicó que en 2013 comenzaron las discrepancias debido a que quedaron varias facturas impagadas a EICO y Madiva por parte del Ayuntamiento de Gandia. No obstante, según los investigadores, debido al «fruto del deseo» de que continuar con la elaboración de esos informes a favor de Torró, Soler accedió a pagar la deuda y acordó un nuevo plan de pagos para los próximos trabajos, que se prolongarían hasta 2015.
Según el informe, Soler contactó con el vicesecretario de organización del PP en Gandia, Dionisio Ollero, para buscar una fórmula de pago para solventar dicha deuda y concertaron con la constructora Construcciones Gomuñoz –empresa adjudicataria de obras en el consistorio valenciano y acreedor del mismo– para que sufragara la misma por supuestos trabajos de publicidad realizados por Madiva, otras de las empresas de De Pedro.
