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Asociaciones de discapacidad piden en el Senado más avances en inclusión

Organizaciones que representan a las personas con discapacidad han reclamado este miércoles en el Senado más avances políticos y sociales para su inclusión en la sociedad y que el colectivo cuente para las medidas de recuperación y resiliencia anunciadas para salir de la crisis tras la pandemia.

El presidente de Plena Inclusión, Santiago López, ha destacado la situación de vulnerabilidad en la que quedaron las personas con discapacidad «tras la recesión de 2008» y ha advertido de que esa imagen no puede volver a verse tras la crisis sanitaria del Covid-19.

Para que esto no suceda, ha explicado, habría que poner en marcha «una inversión urgente» en el sistema, llevar a cabo una «actualización tecnológica» en esta materia, así como realizar una «mejora en los dispositivos sociales de apoyo». También llaman a tener políticas de precio justo o retener a los equipos profesionales con su reconocimiento salarial, entre otras medidas.

López cree que el colectivo con discapacidad debe estar «sí o sí en la agenda de reconstrucción» del país tras el coronavirus y considera urgente un «reenfoque» del sistema de dependencia.

La vocal de la Junta Directiva de Plena Inclusión, Maribel Cáceres, ha señalado la importancia de que una personas como ella, con discapacidad intelectual, pueda estar en la Cámara alta explicando las necesidades del colectivo y ha lamentado que «en pleno siglo XXI» haya que seguir luchando por unos derechos que ya tienen el resto de personas.

POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE DISCAPACIDAD Y DE GÉNERO

Según ha explicado, solo Extremadura cuenta con una oficina de accesibilidad cognitiva en toda España y ha asegurado que ayudar a las personas con discapacidad intelectual es tan fácil como, por ejemplo, tener versiones de webs de empleo o de otros servicios con lectura fácil.

Muy similar ha sido el discurso del presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo Queiruga, que ha coincidido en mucha de las peticiones del presidente de Plena Inclusión.

Además, ha llamado también a Gobierno y a comunidades autónomas a dar un «impulso definitivo a la asistencia personal», adaptándolo a las necesidades de las personas, y trabajar en el desarrollo de sistema de autonomía.

Para Quiruga, las administraciones se están centrando más en la atención a la dependencia. Del mismo modo, pide una atención específica para mujeres y niñas y, en este sentido, cree necesario incluir la perspectiva de discapacidad y de género, de forma transversal, en todas las políticas del país.

Avanzar en la accesibilidad y la atención en las zonas rurales, para que la «España vaciada no lo sea también de personas con discapacidad»; medidas contra la brecha digital o una mayor inversión en investigación, son otras de las iniciativas que COCEMFE ha puesto sobre la mesa a los senadores.

Preguntado por los senadores sobre su opinión de la educación inclusiva en centros ordinarios, Queiruga ha mostrado su visión favorable, aunque ha reconocido que debe estar avalada por «apoyos y recursos suficientes». En este sentido, ha señalado que una escuela inclusiva no es llevar a un niño con discapacidad a una escuela ordinaria y «dejarlo aparcado allí». Además de la accesibilidad, ha recordado que se deben adaptar también los recursos pedagógicos.

LA ESTRATEGIA NACIONAL DE AUTISMO «EN UN CAJÓN»

En la misma sesión, también ha comparecido el director general de la Confederación Autismo España, Jesús García Lorente, que ha sido uno de los representantes más críticos con el Parlamento y las administraciones que, según ha denunciado, llevan con la Estrategia Nacional de Autismo «en un cajón» durante 18 años.

García Lorente ha señalado que esta estrategia es «fundamental» para conocer la prevalencia del trastorno y las necesidades de los afectados. Y es por eso que ha llamado a la nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a darle un nuevo impulso a esta iniciativa.

El director general de la Confederación Autismo España también ha reclamado centros públicos para la atención de este colectivo, que según ha apuntado, no existe ninguno en el país en la actualidad; más apoyo económico para las organizaciones, cuya situación ha empeorado tras la pandemia.

Finalmente, el presidente y la vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (AICE), Joan Zamora y Silvia Lazausa, respectivamente, han denunciado que de los 30 millones de mascarillas transparentes anunciadas por el Ministerio de Sanidad no llegaron «ninguna» a los miembros de sus asociaciones ni a sus familias y han tenido que ser ellos quienes de forma gratuita han repartido 30.000 en diferentes ámbitos.

También han denunciado la falta de ayudas hacia su organización que no ha recibido prestaciones del Estado en el reparto de partidas para las entidades estatales para la discapacidad. «A lo mejor no somos idóneos al usar los recursos», se ha preguntado Zamora.

Lazausa, por su parte, ha indicado que la labor que realiza AEICE es muy especializada y sólo ellos pueden hacer la ahora de ayuda y asesoramiento a los usuarios de estos implantes. En la actualidad, ha asegurado sólo cuentan con «voluntarios», por lo que reclaman financiación para poder contratar a personal formado en esta materia.