La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que su partido usará «todo el margen legal» en las cuatro comunidades autónomas donde gobierna para «proteger a las familias» frente a la ‘ley Celaá’ y garantizar que pueden seguir escogiendo si llevan a sus hijos a la escuela pública, a la privada o a un centro de educación especial.
Así se ha pronunciado, en rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente del partido, cuando le han preguntado por la posición del PP. El líder de los ‘populares’, Pablo Casado, ha confirmado que las cinco regiones en las que gobierna su partido –en cuatro de ellas, junto a Cs– legislarán vía decreto para evitar que la reforma educativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez «socave la libertad de las familias».
Arrimadas, por su parte, ha asegurado que allí donde gobierna Ciudadanos (Andalucía, Murcia, Castilla y León y Madrid) «habrá más libertad y más garantías». «Todo el margen legal que hay para proteger a las familias que quieren llevar a sus hijos a la escuela concertada o a la especial lo vamos a proteger», ha declarado.
PP Y PSOE NUNCA HAN CONSENSUADO LAS LEYES DE EDUCACIÓN
Pero también ha subrayado que la formación naranja se diferencia en «muchas cosas» del PP y del PSOE. Así, ha señalado que estos dos partidos «siempre han hecho de la educación un tema partidista» y «nunca han querido hacer una ley de consenso» ni atender la demanda de Cs de alcanzar un pacto nacional por la educación que «se centre en la calidad educativa y no en los temas ideológicos».
En este sentido, ha calificado de «lamentable» que la semana pasada se aprobase en el Congreso el dictamen de la Comisión de Educación sobre la que será «la octava contrarreforma» que se ha llevado a cabo en España en este ámbito, elaborada con «nulo consenso».
Según la líder de Ciudadanos, la ‘ley Celaá’ supone «un mazazo a la meritocracia» porque buscar «tapar» el fracaso escolar, en vez de atajarlo, al permitir que los alumnos pasen de curso sin haber aprobado todas las asignaturas. Además, cree que implica «un ataque a la libertad» de las familias de elegir en qué tipo de colegio escolarizan a sus hijos.
En relación con la educación especial, ha afirmado que «ni el Gobierno, ni el PSOE, ni Podemos tienen que decidir si un niño con necesidades especiales debe ir a un centro ordinario o a uno de educación especial», sino que son sus padres los que mejor saben lo que les conviene, y «no todos pueden ir a un centro ordinario».
También ha acusado a la ministra Isabel Celaá de «atacar a la escuela concertada y defender la escuela pública» mientras «ella para sus hijas elige una escuela de élite», igual que hacen, a su juicio, los dirigentes políticos nacionalistas en Cataluña.
«Nos quieren imponer a todos la inmersión lingüística, pero ellos, que sí que se lo pueden pagar, llevan a sus hijos a escuelas carísimas con un sistema trilingüe» que es al que deberían poder acceder «todos los españoles sin arruinarse cada mes», ha defendido Arrimadas.
ENMIENDAS EN EL SENADO Y POSIBLE RECURSO AL TC
Asimismo, ha denunciado el «regalo envenenado» de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que ha pactado con el PSOE y Unidas Podemos una nueva «humillación» a las familias que viven en comunidades con dos idiomas cooficiales y que rechazan la eliminación del castellano como lengua vehicular en la escuela.
Tras indicar que el trámite parlamentario del proyecto de ley aún no ha acabado, la presidenta de la formación naranja ha afirmado que presentarán una batería de enmiendas en el Senado para «luchar hasta el último minuto por la libertad de todas las familias y por la calidad educativa».
Y si finalmente la ley se aprueba en los términos actuales, «la llevaremos al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y a Europa», ha manifestado.
