El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido este martes al PP que dé prioridad en su agenda parlamentaria a las personas con discapacidad y sus familias para «avanzar hacia la igualdad de derechos» de esta parte de la ciudadanía.
Así lo han expresado la directora ejecutiva de la entidad, Pilar Villarino, y el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, durante una reunión de trabajo mantenida con una delegación del Grupo Parlamentario Popular, encabezada por la portavoz adjunta en el Congreso, Margalida Prohens.
Según recoge en un comunicado, el CERMI ha destacado «la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad ante las consecuencias de la pandemia», un sector de la ciudadanía «que ha vivido situaciones de discriminación en derechos básicos como el acceso a la educación, a la atención sanitaria o poder seguir disfrutando de los servicios necesarios por su situación de discapacidad».
En la reunión también se han abordado otras cuestiones que se están tramitando en el Parlamento y que, a juicio de la plataforma, son «claves para el avance hacia la igualdad de derechos de las personas con discapacidad», por lo que ha pedido al PP que apoye estas iniciativas.
Así, los representantes del CERMI han destacado la importancia de que se apruebe con el máximo consenso la reforma del artículo 49 de la Constitución con el fin de modificar la terminología con la que la Carta Magna hace alusión a las personas con discapacidad. «Al mismo tiempo, la nueva redacción de este artículo reforzará la protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, con alusión específica a las mujeres y niñas con discapacidad», ha explicado en la nota.
En este punto, el CERMI ha recordado que continúa en las Cortes la tramitación de la reforma del Código Penal para prohibir las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, «una práctica que sufren principalmente las adolescentes y mujeres con discapacidad».
Otra de las prioridades del sector social de la discapacidad es la modificación del Derecho Civil para migrar de un modelo de incapacitaciones judiciales a otro basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones. Como ha señalado la entidad, se trata de «un proceso en el que se lleva años trabajando con gobiernos de diferente color y que, por consiguiente, debe contar con el apoyo mayoritario del Parlamento».
