El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha respondido a una consulta que le hizo el PP que no existió “ningún comité de expertos encargado de la evaluación sanitaria de las comunidades” y que decidiera qué provincias o territorios podían avanzar en el proceso de desescalada, sino que esas decisiones la tomó el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
En un escrito al que tuvo acceso Servimedia, el Defensor del Pueblo se dirige a la presidenta de Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, dando respuesta a la solicitud formulada por varios diputados del Grupo Parlamentario Popular el pasado 20 de mayo. Así, se pide a la presidenta de la Cámara que les haga llegar esta información.
En el texto se recuerda que la solicitud del PP pretendía que “el Defensor del Pueblo investigue la actuación del Gobierno como autoridad competente a los efectos del estado de alarma declarado el 14 de marzo. Y en concreto del ministro de Sanidad en su condición de autoridad competente delegada por vulnerar el derecho de participación política al negar información a los diputados y senadores del PP y, asimismo, por negarse a hacer pública e informar la composición del comité científico que decide en relación con el acceso de todo el territorio nacional a las distintas fases del denominado plan para la transición hacia una nueva normalidad”.
“Los solicitantes plantean la eventual existencia de una negativa por parte del Gobierno y/o del Ministerio de Sanidad, en su condición de autoridad competente delegada, a hacer pública e informar al conjunto de los españoles sobre la composición del Comité de expertos que en el denominado Plan de Desescalada evalúa acciones y decide aspectos que afectan a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”, relata en su texto el Defensor del Pueblo.
En este sentido, se refiere a que los solicitantes aludían a que esta información debería ser pública en base a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
En relación con la hipotética vulneración de la Ley de transparencia, el Defensor del Pueblo se ha dirigido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, quien ha informado de que “efectivamente a esa institución ha llegado una denuncia relativa a un supuesto incumplimiento en materia de publicidad activa por parte del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y del Ministerio de Sanidad por la falta de publicidad de la composición del citado comité de expertos», lo que supondría, a juicio de los denunciantes, vulneración de lo que para la publicidad actividad dispone el artículo 6.1 de la Ley 19/2013”.
Sin embargo, prosigue el Defensor del Pueblo, “no es este el criterio del Consejo de Transparencia, que ha respondido a los denunciantes que la obligación de publicar la identidad de lo expertos que asesoran al Gobierno en la crisis sanitaria del Covid-19 no tiene encaje en el artículo 6.1 de la Ley 19/2013, que sujeta a publicidad activa el organigrama de la estructura organizativa de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación”.
Esto es algo, según el Consejo de Transparencia, que “no ocurre con ese grupo de expertos” puesto que “no se ha creado formalmente como ‘consejo’ o ‘comité’ y no está por tanto incluido en la estructura administrativa”.
Por lo que se refiere a la Ley General de Salud Pública, cuyo artículo 11.2 dispone que ‘será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública’, el Consejo de Transparencia informa asimismo de que “este asunto motivó una intervención por su parte ante el Ministerio de Sanidad”.
En este caso, señala Fernández Marugán, “en la respuesta recibida, la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación señalaba que no existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento”, dado que “la responsabilidad de la toma de decisiones en esta materia corresponde al ministro de Sanidad tras su valoración con las distintas comunidades autónomas”, conforme a lo establecido en una orden ministerial del 3 de mayo por la que se regula el proceso de cogobernanza para la transición a una ‘nueva normalidad’.
