Acceder a la reproducción asistida en la sanidad pública depende del código postal, la edad y la lista de espera. Y, cada vez más, del bolsillo.
Mujeres que quieren ser madres en solitario denuncian trabas, demoras de meses y criterios distintos según la comunidad autónoma. Quien no puede esperar o no encaja en los requisitos acaba en la privada, donde el gasto puede alcanzar los 25.000 euros.
Es lo que le ocurrió a María —nombre ficticio—, que a los 37 años llamó a la puerta de la sanidad pública madrileña para ser madre en solitario. En 2022 empezó con inseminación artificial: le ofrecieron seis ciclos y se sometió a cuatro. Ninguno funcionó.
Luego llegó la fecundación in vitro (FIV, la técnica que fecunda el óvulo fuera del cuerpo). Se hizo una por año hasta los 39 por la demora. Logró dos embarazos con el tratamiento público y ambos acabaron en aborto; el tercero se interrumpió al detectar un saco gestacional vacío.
La unidad de reproducción humana estaba dentro de la Unidad de Maternidad. «Acababa de perder un embarazo y veía pasar constantemente a gestantes y niños», relató.
Ya con 40 años, los especialistas plantearon usar gametos de donante. La transferencia quedó programada para el 11 de noviembre de 2025, pero un mes antes la llamaron: se cancelaba por falta de disponibilidad de gametos.
Cuando el reloj biológico avanza más rápido que la lista de espera, cada mes perdido se convierte en una barrera clínica añadida.
María pasó entonces a la privada. Lleva invertidos cerca de 25.000 euros y ha logrado un embarazo de nueve semanas. Nueve meses después de aquella cancelación, el hospital volvió a citarla por carta.
¿Qué límites se encuentra quien quiere ser madre?
La cartera común fija unos mínimos: más de 18 años, no tener hijos comunes sanos con la pareja actual, un IMC adecuado (la relación entre peso y estatura, por debajo de 30 o 32) y un tope de tres ciclos de FIV y cuatro de inseminación con semen de la pareja.
A partir de ahí manda cada comunidad. Madrid permite la FIV con óvulos propios hasta los 45 años y hasta cuatro ciclos; Andalucía fija el límite por debajo de los 40 (38 en la conyugal); Cataluña, País Vasco y Navarra sitúan el tope general en los 40.
Hay más diferencias: Cataluña limita a dos los ciclos de FIV con semen de donante y, junto a Andalucía, Canarias y Galicia, suspende los tratamientos cuando el IMC supera 30. Y cada comunidad aplica sus propios criterios de edad y de número de ciclos, según los protocolos de los servicios de salud autonómicos.
¿Cuánto cuesta y a quién deja fuera?
La espera añade otra capa. Sin datos centralizados, fuentes del sector sanitario sitúan la demora media en torno a los seis meses, aunque en Andalucía puede superar los 18 y en Cataluña rondar el año. Navarra ha logrado bajar a unos cuatro meses la lista para una FIV.
En la privada, cada intento se paga íntegro. María ha gastado ya cerca de 25.000 euros entre tratamientos y pruebas, y lo tiene claro: «Muchas mujeres no tienen 25.000 euros para costearlo. Intentar ser madre debería ser un derecho garantizado y no solo un privilegio al alcance de pocas».
Qué dicen los datos y qué viene ahora
La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) dibuja el peso de lo privado. En 2023 se hicieron 168.372 ciclos de FIV y 30.464 inseminaciones, que dieron lugar a 39.555 nacimientos, cerca del 10% del total. De los 247 centros que realizaron FIV, solo 46 eran públicos frente a 201 privados. En inseminación, 106 frente a 222.
El debate se cruza con otro. El pasado 28 de septiembre, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que el Gobierno impulsará incluir el aborto farmacológico en la cartera común de Atención Primaria; tres días después, el Ministerio de Sanidad abrió la consulta pública previa. Pacientes y profesionales coinciden en que la comparación no equipara ambas prestaciones, pero el sistema sí encuentra fórmulas para una y no para la otra.
Belén Acevedo, vocal de la SEF y responsable de la Unidad de Medicina Reproductiva del Hospital Rey Juan Carlos, reclama más centros públicos y menos desigualdad territorial. También señala el auge de la preservación de óvulos, de 3.000 ciclos en 2020 a 7.000 en 2023, aunque la sanidad pública la reserva sobre todo a indicaciones médicas, como pacientes oncológicas.
David González Gerpe, responsable del Área de Psicología de Ginemed y Ginefiv, advierte del desconocimiento sobre la edad: la mayoría de sus pacientes rondan los 42 o 43 años. «Tener un hijo no es un derecho que debe garantizarse, pero sí intentarlo», sostiene. Y pide más recursos públicos y un cambio de enfoque.
Los próximos pasos no tienen fecha. La consulta pública sigue abierta y no hay calendario cerrado. En paralelo, las comunidades mantienen sus circuitos y sus listas, sin una estadística estatal que permita comparar. Conviene estar atento: de esas instrucciones depende cuántas mujeres pueden intentarlo sin pagar.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: Solo 46 de los 247 centros que hacen FIV en España son públicos y los criterios cambian por comunidad.
- 👥 Quiénes son los afectados: Mujeres que buscan ser madres, especialmente solas y por encima de los 35 años, sin recursos para la privada.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Quien no puede esperar ni pagar retrasa o abandona su proyecto de maternidad.
