Quantcast

El Gobierno obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones

El Proyecto de Ley de Cambio Climático, que el Gobierno se ha comprometido este martes a aprobar en el plazo de cien días, incluirá la obligación de que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.

Así lo explicó la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que aprobó este martes el Acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España.

La nueva vicepresidenta reveló que esta será una de las modificaciones que incorporará el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático cuando sea aprobada en segunda vuelta por el Gobierno, lo que supone que llegará con este cambio a su tramitación en las Cortes Generales. Anteriormente, la voluntad del Ejecutivo se limitaba a habilitar a los ayuntamientos para que pudieran crear estas zonas de bajas emisiones.

Lo que sí seguirá igual en el proyecto de ley es la obligación de que todos los coches sean cero emisiones en 2050, en la línea de lo establecido por la Unión Europea. “No queremos desvincularnos de lo que se proponga a nivel comunitario”, aseguró Ribera, quien apuntó que algunos países están pidiendo que se adelante este plazo.

Entre las medidas económicas recogidas en el acuerdo aprobado hoy, el Gobierno contempla elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles para impulsar la transformación del sector financiero asegurando su viabilidad y la estabilidad del sistema, además de un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público.

Además, el Ejecutivo va a fomentar la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París y a integrar la variable del cambio climático en la política fiscal.

En este sentido, el acuerdo marca como línea de acción no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y analizar los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas.

En esta misma línea, no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de ‘fracking’.

SERVIMEDIA