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Aspace pide una ley estatal que garantice el acceso a la atención temprana a todos los niños con parálisis cerebral

La Confederación de Asociaciones de Personas con Parálisis cerebral (Aspace) pidió este martes al nuevo Gobierno “una ley estatal de carácter orgánico que garantice la atención temprana como un derecho universal para toda la infancia en España”, a fin de asegurar los recursos que permitan que este servicio se presta con la calidad debida a todos los niños que lo precisan, con independencia de su lugar de residencia.

Según explica Aspace, la parálisis cerebral es una pluridiscapacidad que se produce entre la gestación y durante los primeros tres años de vida, con lo que “la atención temprana es un recurso esencial para los menores con esta patología y sus familias”. Sin embargo, “en España es irregular, escasa y de desigual implantación”, y denunció que en 12 comunidades autónomas no llega a las zonas rurales”.

Además, criticó que en muchas regiones “los niños que reciben atención temprana causan baja de estos servicios cuando son escolarizados, aun sin cumplir los 6 años” y que en cuatro de ellas el servicio se limita a la etapa de cero a tres”.

Por otro lado, Aspace exigió una mayor coordinación entre los sistemas de salud, educación y servicios sociales para garantizar el pleno desarrollo de los niños y las niñas con parálisis cerebral, y la realización de estudios que aporten conocimiento sobre la incidencia, evolución, causas o efectos.

Las últimas reivindicaciones presentadas por Aspace tienen que ver con la adaptación de la legislación española a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Así, reclamó una reforma de la figura de la incapacitación judicial, a fin de asegurar el acompañamiento social en la toma de decisiones de estas personas, que pasaría por el desarrollo normativo de la figura de la curatela.

Finalmente, pidió regular el servicio de asistencia personal, el más inclusivo de todos los previstos en la Ley de Dependencia pero que apenas se ha visto desarrollado; asegurar los recursos necesarios para una educación inclusiva de calidad (y mantener los centros específicos en casos muy concretos); impulsar la accesibilidad cognitiva, y facilitar en general el acceso a los recursos y servicios que permitan a estas personas llevar una vida autónoma.

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