El ‘periplo’ de una agresión sexual: 17 horas para ducharse tras ser violada

España es de los países de la Unión Europea con menor volumen de denuncias por agresiones sexuales, aunque esta estadística no es en absoluto halagüeña, según los expertos, sino que demuestra la falta de confianza de las víctimas en las autoridades para denunciar. Las chicas son interrogadas antes incluso de poder lavarse, según el relato de las propias víctimas.

Blanca -nombre ficticio- fue violada en un portal con 19 años a las seis de la mañana del 8 de mayo de 2016. Pasaron 17 horas hasta que tuvo su primer momento de intimidad -ya a medianoche- para asearse y, de alguna manera, desprenderse de las marcas producidas por su agresor, que llegó a dejarla inconsciente hasta en dos ocasiones antes de abandonarla.

Tras llegar a casa y contarle a su madre lo ocurrido, ambas partieron en taxi a la comisaría más cercana. “Mi madre llamó a una amiga para que nos acompañara y, al final, dos policías nos trasladaron en coche patrulla a otra comisaría especializada” en casos de violencia contra la mujer.

Una vez allí, según su relato, le tomaron declaración. “Un agente me hace pasar sola a una oficina, mi madre pide pasar pero, incluso de malas maneras, le dicen que no puede”, explicó esta víctima a varios periodistas congregados en la sede de Amnistía Internacional, que ha publicado hoy un informe con el trance que pasan las víctimas tras una agresión.

Ya habían pasado cinco horas desde la violación y Blanca aún no había sido explorada. “Me llegué a quedar dormida allí mismo”, declaró. Finalmente, ella y su madre fueron en autobús al hospital para que le atendieran, aunque más tarde se enteran de que, según el protocolo, es la Policía quien les tendría que haber acompañado.

Una vez allí, son informadas de que han de acudir a otro hospital -a La Paz- donde sí atienden casos de este tipo y hasta donde se desplaza un forense. “Me coge la mano y me dice que quiere hablar conmigo a solas en una habitación”, recordó.

El médico que le atiende se opone y, según ella, amenaza con recogerlo todo en un informe ante la supuesta negligencia del forense. “El forense no me creía”, aseguró la víctima. Finalmente, le exploraron y el forense se negó a llevarse las pruebas, como la ropa interior, que queda en manos de la Policía.

Cuando Blanca llega a casa es ya medianoche, momento en que se da su primera ducha tras ser violada por un agresor que aún no ha sido identificado. Han pasado alrededor de 17 horas -la agresión fue en torno a las seis y media de la mañana – hasta que regresa a su casa, habiendo pasado por hasta cuatro edificios entre comisarías y hospitales.

CENTROS DE CRISIS

Para evitar ‘periplos’ como al que se enfrentó esta víctima, Amnistía Internacional demanda centros de crisis 24 horas para quienes sufren agresiones sexuales, tal y como recomienda el Consejo de Europa y ya ha implantado Reino Unido. De hecho, según apuntó la investigadora Bárbara Tardón, en Londres existe uno por distrito para acompañar con personal especializado a las chicas tras ser violadas.

Según el informe ‘Ya es hora de que me creas’, presentado hoy por la ONG, la mitad de las comunidades autónomas tan siquiera cuentan con centros especializados en atención a víctimas de agresiones sexuales, mientras que estos centros de crisis 24 horas son totalmente inexistentes.

“No se sabe qué hacer ante un acto de violencia sexual y la atención es una lotería dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés”, denunció el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán. “Las víctimas no saben cómo actuar”, añadió.

En base a los datos de la Oficina Estadística Europa, Eurostat, España registra al año 2,65 denuncias de violación por 100.000 habitantes, lo que coloca al país a la cola del resto de Europa. “Hay desconfianza a la hora de denunciar”, explicó Bárbara Tardón, una de las autoras del informe.

“Todas las víctimas nos han dicho que si supieran el camino de obstáculos que tuvieron que pasar para denunciar, no lo volverían a hacer; esto es demoledor”, reconoció.

En el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso de los Diputados hace más de un año, de las 212 medidas que incorpora sólo 30 están enfocadas a la violencia sexual sin relación de pareja, una laguna que, según el informe, debe remediarse para atajar la falta de datos e inseguridad de las agresiones sexuales.