La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo prevé celebrar en su reunión de diciembre, prevista para el día 7, la sesión en la que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado por Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, comparecerá para responder al suplicatorio cursado por el Tribunal Supremo español para levantar su inmunidad parlamentaria y cuyo procedimiento formal ha arrancado este lunes en la Eurocámara tras siete meses congelado por la crisis del coronavirus.
Los eurodiputados examinarán los expedientes de Puigdemont y de los dos exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, que también huyeron a Bélgica para evitar la causa del ‘procés’ y ganaron un escaño en la Eurocámara en las elecciones europeas de mayo del pasado año, aunque sus vistas serán individuales.
La sesión del 7 de diciembre ha sido convocada de forma presencial con el objetivo de que los políticos independentistas acudan a la comisión que decidirá sobre su inmunidad. Eso sí, como ha explicado en rueda de prensa el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez, todo depende de la evolución de la pandemia y no descarta que la comparecencia se «reformule».
«Veremos que pasa de aquí a diciembre, pero una vez tengamos esa situación veremos como lo encajamos (*) hemos tomado esta decisión de continuar con el proceso porque estamos convencidos de que tenemos la seguridad jurídica y la capacidad tecnológica para llevarlos a cabo», ha asegurado el eurodiputado de Ciudadanos.
Igualmente, Vázquez ha rechazado que se vaya a convocar reuniones extraordinarias de la comisión, al entender que el procedimiento debe seguir su «curso natural» y la inmunidad de Puigdemont y los exconsellers se suma a otra decena de casos que tiene pendiente de tramitar la comisión.
Los abogados de los tres eurodiputados de Junts-Lliures per Europa han diseñado una estrategia de defensa basada en denunciar la «persecución política» que sostienen que sufren los líderes independentistas en España y también en argumentar que los delitos de sedición por la que se les reclama no existe en otros Estados miembro.
Las reglas de la Eurocámara permiten rechazar un suplicatorio si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones y también si se da un caso de ‘fumus persecutionis’, es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es «perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución».
En cualquier caso, la tramitación de los suplicatorios en el Parlamento europeo es un proceso largo que exige varias reuniones para asegurar la defensa de los reclamados, el debate de la comisión competente y la votación tanto a nivel de comisión como de pleno, por lo que todas las estimaciones apuntan a que se extenderá «al menos cuatro meses» y que podría incluso alargarse más.
Ello supondría que la respuesta del Parlamento europeo al Supremo español no podrá producirse antes del mes de febrero, en plena campaña de las elecciones en Cataluña.
En los tres expedientes el encargado de redactar el informe que recogerá la opinión de la comisión parlamentaria que, en última instancia se someterá a la votación del pleno, es el conservador búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).
Precisamente esta circunstancia es uno de los argumentos que la defensa de Puigdemont, Comín y Ponsatí prevé esgrimir contra el suplicatorio, ya que consideran irregular que sea un mismo eurodiputado quien se encargue de los tres expedientes. Preguntado por ello, el presidente de la comisión ha explicado que los grupos consideraron que recayese sobre el mismo parlamentario al tratarse de tres suplicatorios sobre el mismo caso y la misma petición del Supremo, intentando de esta forma evitar un «agravio comparativo».
El reparto de los ponentes encargados de cada suplicatorio se realiza por turnos entre los distintos grupos parlamentarios y en esta ocasión la responsabilidad recayó sobre un diputado que comparte grupo con la delegación de Vox, pero también con los nacionalistas flamencos de la N-VA, muy cercanos y simpatizantes de la causa independentista catalana.
La defensa de los políticos independentistas también recela de que la presencia de eurodiputados españoles en la comisión que tramitará el suplicatorio ha aumentado los últimos meses, algo que temen que pueda desequilibrar el principio de neutralidad. Para Vázquez, el porcentaje de parlamentarios españoles en la comisión de Asuntos Jurídicos «no está alejado de lo que es el porcentaje normal» del total de la Eurocámara.
PROCEDIMIENTO DEL SUPLICATORIO
Las reglas de la Eurocámara obligan a tramitar los expedientes de los suplicatorios a puerta cerrada para hacer valer una estricta confidencialidad, lo que complicó que se pudieran discutir durante la pandemia porque la actividad parlamentaria quedó relegada fundamentalmente a contactos por videoconferencia.
Sin embargo, los servicios legales del Parlamento europeo dieron recientemente su visto bueno a que se retomaran estos casos para su tramitación por vía telemática como respuesta excepcional a una situación extraordinaria, lo que ha aprovechado la comisión de Asuntos Jurídicos para relanza el caso de los políticos independentistas pero también otros suplicatorios, por ejemplo los que afectan a los democristianos portugueses Álvaro Amaro y Nuno Melo.
El grupo de Los Verdes europeos y la Izquierda Unitaria han planteado dudas respecto a las garantías de confidencialidad que puede ofrecer un procedimiento que se va a desarrollar por videoconferencia, aunque estas reservas no se han traducido en ningún bloqueo por lo que el proceso sigue adelante.
