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El juez propone juzgar al exconsejero madrileño Alfredo Prada

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y a otras cinco personas por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM).

En el auto, que pone fin a la instrucción de una primera fase de la investigación extraída de la causa principal, el magistrado procede, además de contra el exconsejero, contra el que fuera director general técnico del proyecto Isabelino Baños Fernández, contra el subdirector general técnico Mariano José Sanz Piñar, contra el director financiero Alicio de las Heras Rodríguez, contra el que fuera director de Seguridad del Campus de la Justicia el comisario Andrés Gómez Gordo y contra el asesor Félix José García de Castro. Asimismo, el magistrado archiva la causa para dos personas, la secretaria general técnica del campus María Lourdes Manovel y Paloma Mateo Martín.

Esta empresa pública se constituyó en 2005 para desarrollar y ejecutar el proyecto de Campus de la Justicia de Madrid, que tenía por finalidad construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Finalmente no se acabó y quedó en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.

La causa se abrió en agosto de 2018 cuando el juez admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que se basó en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 sobre el CJM que arrojaba diversas irregulares.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 explica ahora en su auto que los investigados, liderados por Alfredo Prada, quien en última instancia tomaba todas las decisiones, “se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos del CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo”.

Añade que “corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación” de contratos, “quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”.

“En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada”, afirma el juez.

Entre los contratos presuntamente irregulares el juez menciona en su auto el de la ‘Gestión Integrada del Proyecto y la construcción de la urbanización y la edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid (2007)’ o la ‘Redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de la Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Justicia, obras de urbanización fase 2 del campus de la justicia de Madrid (2006)’.

Además, también cita la ‘Asistencia técnica para el desarrollo de servicios de consultorías especializadas en las fases de diseño y construcción del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial del Campus de Justicia de Madrid (2007)’, la ‘Edición y distribución del libro Fosters & Partners’, la ‘Creación de la marca representativa y estrategia de comunicación del proyecto Campus de la Justicia de Madrid’, el ‘Servicio de asesoramiento jurídico’ o la ‘Gestión integrada del proyecto y construcción de la urbanización y edificación de la fase 2 de Campus de la Justicia de Madrid’, entre otros.

Al respecto, De la Mata dice que los investigados “conocieron perfectamente la ilegalidad de su actuación” y apunta que no elaboraron la adecuada justificación de las necesidades que los contratos iban a atender y pasaron por alto las insuficiencias y defectos de los pliegos. También señala que pasaron por alto las insuficiencias y defectos de los informes técnicos de valoración, que en múltiples casos realizaron propuestas de valoración arbitrarias y no justificadas o que prescindieron en múltiples ocasiones de procedimiento de contratación alguna.

PRADA, “PREEMINENCIA ABSOLUTA” SOBRE LA CONTRATACIÓN

De la Mata destaca “la intervención personal y directa y la preeminencia absoluta a la hora de decidir sobre los procesos de contratación” que tuvo Alfredo Prada durante la primera fase del Campus de la Justicia, cuando ejerció la Presidencia.

Y explica por ejemplo que todos los contratos relacionados con publicidad y comunicación –y que alcanzan los 5 millones de euros– se sustrajeron materialmente a esta empresa pública. “Estas contrataciones no se decidían en CJM, donde se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban de Prada, limitándose el personal de CJM a cumplir tales decisiones”, indica.

En el resto de contratos analizados, las decisiones sobre oportunidad y necesidad de contratación, modalidades de contratación, desarrollo de los procesos de contratación, adjudicaciones, ampliaciones, prórroga, etc., eran adoptadas por Prada y ejecutadas por el resto de imputados con el asesoramiento de García de Castro.

Sobre la figura del comisario Gómez Gordo, imputado también en la pieza Kitchen del caso ‘Tándem’, el juez recuerda que el comisario fue el director de Seguridad de diciembre de 2007 a octubre de 2009 y que firmó junto al director técnico los informes de valoración de varias ofertas presentadas a los diferentes concursos relacionados con la seguridad. De hecho, este mismo mes, cuando acordó su imputación ya explicaba que ponía el foco sobre tres procesos de contratación en los que participó.

UN “PLAN CRIMINAL” DEFRAUDATORIO

Además, el auto del juez señala que las personas investigadas, “lideradas desde luego por Prada Presa, que en última instancia tomaba todas las decisiones, se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo”.

Esto se aprecia, indica el instructor, en distintos supuestos entre los que destaca la contratación de los consultores Buro Happold y Gleeds Ibérica para la fase de proyecto de los edificios que iba a construir Foster & Partners, a sabiendas de que el contrato firmado con el estudio de arquitectos incluía ya a los consultores necesarios. Los acusados lograron que se pagara a estos consultores a través de la firma inglesa.

La situación es la misma en la contratación de ‘The Bank’ por 40.000 libras inglesas para elaborar un vídeo. En este caso, dice el juez, se opera del mismo modo: para ocultar esta contratación, disimular el pago y evitar la puesta en marcha de un proceso de licitación que permitiera alcanzar un precio equilibrado fruto de la libre concurrencia, aplicaron de nuevo la vía de abonar estos servicios a Foster & Partners, para que esta firma, a su vez, lo abonara a esta agencia de comunicación.

Además, existe un buen conjunto de contratos en los que los investigados se concertaron con distintos grupos empresariales para fijar un precio arbitrario a los servicios y conseguir su adjudicación a la empresa arbitrariamente elegida mediante el ardid de presentar presupuestos por parte de sociedades pertenecientes al mismo grupo empresarial, de modo que la competencia y libre concurrencia no existía.

En otros casos, explica el magistrado, los investigados fraccionaron los contratos, siempre con la misma finalidad de conseguir adjudicar los contratos a la empresa predefinida por los directivos de CJM.

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