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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, acusó este lunes a la Junta Electoral Central (JEC) de amenazarle y de actuar de forma “omnipotente” para lograr que ejecutara la orden “ilegal” de retirar los lazos amarillos de la sede de la Generalitat en respuesta a preguntas de su abogado en el juicio por desobediencia que se celebra este lunes en su contra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Su estrategia durante el juicio consistió en desacreditar a la JEC destacando, por ejemplo, que varios de sus miembros se habían pronunciado de manera pública en contra del independentismo.

Al inicio de su declaración, Torra dijo respecto de la acusación particular, ejercida Vox, que se trata de “un partido franquista” y, por tanto, “no contestaré” (a sus preguntas). El presidente catalán fue interrumpido por el presidente de la Sala, el magistrado Jesús María Barrientos, quien le advirtió de que no va a permitir “descalificaciones” en la vista. Tampoco respondió Torra a la Fiscalía, por lo que sólo su defensa le interrogó. Previamente, el tribunal rechazó la nulidad del proceso que pedía la defensa.

Preguntado por su abogado, Gonzalo Boye, si cumplió las órdenes de la JEC, Torra aseguró: “No, no la cumplí. Dicho de otro modo, la desobedecí. Defendí los derechos y las libertades de los ciudadanos de Cataluña”. “Retirar los símbolos suponía un acto de censura”, insistió.

Y ello eso es así, dijo, porque “existe un gran consenso social de que la judicialización de la política no es una cosa que a los catalanes nos gusta, nos repugna”. Justificó así la defensa de los “presos políticos” condenados en el juicio del `procés´, afirmando además que “no se nos puede obligar a no recordar a la gente que más ha sufrido”.

Según el relato hecho por Torra, “la Junta Electoral Central no es un órgano jerárquico superior al president de la Generalitat” y “no tenía ninguna competencia” para dar esa orden, puesto que esa responsabilidad debería haber sido asumida “por las juntas provinciales”.

El presidente de la Generalitat admitió que consultó “con varias personas” y todas ellas llegaron de manera “unánime” a la conclusión de que la orden de la JEC “era un acto nulo e ilegal”. Una de las personas consultadas por Torra, desveló, fue el Sindic (el defensor del pueblo catalán) que también dudó de la legalidad de la orden.

Entonces “yo impugné a la Junta Electoral Central”, un proceso que ahora está por resolver en el Tribunal Supremo. “Lo que me sorprende es que estemos celebrando este juicio sin que el otro proceso haya terminado. La justicia en ocasiones corre mucho y en otras poco”, se quejó Torra.

A su juicio, la Junta Electoral Central “se inventó” una forma de tramitar este caso “muy peculiar. Yo no tenía derecho a recurso, pero se me aceptaban las alegaciones, algo no era correcto”. De hecho, el presidente catalán interpuso una querella contra la JEC por “prevaricaron”.

“La JEC quería situar al president haciendo obedecer una decisión ilegal o prevaricar. Pretendía que dictara una orden general para retirar símbolos a favor de la libertad de los presos políticos y de los exiliados de los edificios de la Generalitat. No soy el competente”, insistió.

Aseguró que desde el primer momento, “entendí que acabaría aquí” porque la JEC “había tomado una decisión en la que se me amenazaba”. “Yo contesté a la JEC que era una orden de imposible cumplimiento porque muchos de los edificios púbicos no eran de la Generalitat”, y en cualquier caso “yo no diré nunca que alguien retire un lazo o una estelada en su edificio” porque fue el propio Parlament el que en 2014 “reconoce la estelada como símbolo del anhelo de libertad y reivindicación democrática, legítima y no violenta”.

(SERVIMEDIA)